El gobierno de Irán llevó a cabo este jueves el ajusticiamiento de tres ciudadanos que fueron arrestados durante las movilizaciones de enero de 2026. Estas ejecuciones representan los primeros casos de ahorcamiento vinculados oficialmente por las autoridades a dicho estallido social. Los fallecidos, identificados como Mehdi Ghasemi, Saleh Mohammadi y Saeed Davoudi, fueron ejecutados al amanecer en la prisión central de Qom, ubicada al sur de Teherán. Los tres hombres recibieron sentencias por el cargo de moharebeh, que se traduce como «enemistad contra Dios», un delito capital estipulado en la sharia del sistema iraní, según detalló la agencia judicial Mizan.
El caso de Saleh Mohammadi
El caso que ha generado mayor conmoción es el de Saleh Mohammadi, quien recientemente había cumplido 19 años. El joven era un destacado miembro del equipo nacional de lucha libre y había representado a su país en diversas competencias internacionales. La justicia iraní lo condenó por su supuesta participación en el fallecimiento de un oficial de policía el pasado 8 de enero en la ciudad de Qom. No obstante, la organización Iran Human Rights (IHR) ha denunciado que la sentencia se basó en una confesión obtenida mediante tortura. Según testimonios de sus allegados, el tribunal se negó a revisar pruebas que lo exculpaban, incluyendo videos de seguridad que demostraban que no se encontraba en el sitio de los incidentes.
De acuerdo con reportes de Amnistía Internacional, el proceso judicial contra Mohammadi careció de las garantías mínimas de defensa, describiendo los juicios como procesos acelerados que no cumplieron con estándares legales reales. Por su parte, el monitor jurídico Dadban enfatizó que los acusados no tuvieron acceso a representación legal independiente, lo que califica estos actos como ejecuciones extrajudiciales. Junto a él, Saeed Davoudi fue señalado por la muerte de dos agentes policiales con armas blancas, mientras que a Mehdi Ghasemi se le imputaron cargos de espionaje operativo para Israel y de fomentar la inestabilidad en la nación.
Estas muertes se suman a la ejecución, ocurrida apenas un día antes, de Kouroush Keyvani, un ciudadano de doble nacionalidad iraní-sueca procesado por presunto espionaje a favor de Israel. Este hecho provocó la reacción de la ministra de Exteriores de Suecia, Maria Malmer Stenergard, quien cuestionó la solidez jurídica del juicio, sumándose al rechazo expresado por la Unión Europea.
Contexto de las movilizaciones
El trasfondo de estas medidas extremas se remonta a las manifestaciones que iniciaron a finales de diciembre de 2025, cuando la ciudadanía salió a las calles para reclamar por el incremento en el costo de vida. La movilización se expandió rápidamente a más de un centenar de ciudades, convirtiéndose en el desafío más grande para el régimen desde la Revolución de 1979. Durante los enfrentamientos del 8 y 9 de enero, la violencia alcanzó su punto máximo. Mientras que los registros oficiales admiten más de 3.000 fallecidos entre civiles y fuerzas de seguridad, la organización HRANA ha documentado más de 7.000 decesos, alertando que el número real podría ser significativamente superior.
Actualmente, se estima que cientos de personas detenidas se encuentran en riesgo de recibir la pena de muerte. Gholamhossein Mohseni Ejei, titular del poder judicial, ha sido enfático al declarar que no se otorgará ningún tipo de beneficio o clemencia a los condenados por actos de violencia durante las protestas.
Existe una creciente preocupación de que el conflicto bélico actual —que estalló el 28 de febrero tras la muerte del líder supremo Alí Khamenei— esté siendo utilizado como una distracción para acelerar estos procesos. Desde la organización IHR advirtieron sobre esta situación:
“Estas ejecuciones se llevan a cabo para sembrar el miedo en la sociedad, pues la República Islámica sabe que la principal amenaza a su supervivencia proviene del propio pueblo iraní”
Históricamente, Irán se posiciona como la segunda nación con más ejecuciones en el planeta, solo superada por China. Durante el año pasado, se contabilizaron al menos 1.500 ahorcamientos, según cifras de IHR. La situación de Mohammadi ha traído a la memoria colectiva el caso del atleta Navid Afkari, ejecutado en 2020 a pesar de la presión internacional. El régimen actual parece mantener su estrategia de represión interna mediante el uso sistemático de la pena capital como herramienta de control político frente a la crisis que atraviesa el país.
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