El grupo armado conocido como Estado Mayor Central, facción disidente de las antiguas FARC bajo el mando de “Iván Mordisco”, ha anunciado una determinación que eleva significativamente las tensiones con la comunidad internacional y las autoridades colombianas: la prohibición de ingreso para organismos humanitarios y misiones de verificación internacional en las regiones bajo su control.
A través de un comunicado difundido en plataformas digitales, los portavoces de la organización insurgente informaron que la Misión de Verificación de la ONU, la Mapp-OEA y la Defensoría del Pueblo tienen restringido el acceso a los territorios donde esta estructura guerrillera “desarrolla su actuar político y militar”.
La cúpula del Estado Mayor Central puntualizó que esta restricción entra en vigor “a partir de la fecha”. Según el documento emitido, el veto responde a lo que ellos califican como “graves violaciones de confianza y neutralidad” por parte de dichas instituciones.
“Desafortunadamente acciones humanitarias y de verificación han sido utilizadas para obtener información de nuestras posiciones, facilitando operaciones militares en nuestra contra (sic)”
Adicionalmente, la misiva reitera que se ha detectado una supuesta “filtración de información sensible desde misiones humanitarias”. Según los delegados de Iván Mordisco, este presunto espionaje habría ocurrido de manera recurrente, poniendo en peligro no solo a los combatientes de las disidencias sino también a las comunidades civiles residentes en las zonas de conflicto.
La Cruz Roja: Excepción bajo condiciones estrictas
Pese a la restricción generalizada, el grupo armado manifestó su disposición para “mantener” el contacto con misiones humanitarias lideradas por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). No obstante, impusieron condiciones innegociables para su permanencia, exigiendo que la organización asegure “la neutralidad absoluta, el secreto y confidencialidad y se mantenga la coordinación previa para toda acción”.
Esta decisión tiene repercusiones críticas para los habitantes de las zonas rurales, ya que la salida de la ONU, la OEA y la Defensoría anula los mecanismos de monitoreo independiente y reduce las garantías de protección de derechos humanos en territorios vulnerables.
El anuncio se produce en un contexto de ofensiva estatal, donde las Fuerzas Militares y la Policía han intensificado sus acciones contra las redes logísticas y financieras de este grupo disidente, las cuales han intentado expandirse incluso a centros urbanos de relevancia como Bogotá y Medellín.
Recientemente, se reportó un golpe contra el denominado Frente 36 en la capital de Antioquia. El alcalde Federico Gutiérrez confirmó que, tras una investigación de medio año, se desarticuló una red que “operaba desde el Valle de Aburrá, utilizando inmuebles para logística, almacenamiento de armamento y coordinación de acciones terroristas” vinculadas a dicha estructura criminal.
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