Comisión de Seguridad analiza avances en la lucha contra la criminalidad en Azuay y reformas al COIP sobre uso indebido de uniformes

La Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, este martes 17 de marzo, en Cuenca, recibió al gobernador del Azuay y al delegado de la Subzona de Policía, con el propósito de conocer las medidas implementadas, los resultados obtenidos y las estrategias previstas para continuar enfrentando los desafíos en materia de seguridad ciudadana y combate a la criminalidad en la ciudad y en la provincia.

En este contexto, el gobernador del Azuay, Xavier Bermúdez, informó sobre los avances y desafíos en materia de seguridad, destacando la ejecución de operativos conjuntos entre la Gobernación, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas del Ecuador para combatir la delincuencia y la minería ilegal.

Durante su comparecencia, Bermúdez resaltó que Azuay mantiene indicadores de seguridad por debajo del promedio nacional. En lo que va de 2026, se han ejecutado 13.708 operativos, que han permitido la detención de 293 personas, la desarticulación de dos bandas delictivas y la incautación de armas, drogas y vehículos. Asimismo, se reporta una reducción del 23 % en delitos comunes, como robos a personas, domicilios, unidades económicas y motocicletas.

Destacó, además, la respuesta inmediata ante hechos violentos, señalando que, en casos de sicariato, los responsables han sido capturados en menos de 24 horas, gracias al trabajo coordinado entre la Policía Judicial, la DINASED, la Fiscalía General del Estado y el Ministerio del Interior del Ecuador, dentro de la denominada mesa de Justicia.

En relación con la minería ilegal, se ejecutaron operativos en cantones como Sígsig, Chordeleg y Gualaceo, donde se logró incautar armas, explosivos, combustible y maquinaria, además de recuperar zonas afectadas. No obstante, el gobernador cuestionó la falta de corresponsabilidad de los gobiernos locales, debido a la ausencia de planes de seguridad cantonales y al incumplimiento de normativas como el Acuerdo Ministerial 095.

En particular, Bermúdez observó que en Cuenca no se han implementado adecuadamente los planes locales de seguridad. Finalmente, exhortó a las autoridades locales a asumir un rol activo en la seguridad ciudadana, priorizando acciones concretas y coordinadas en beneficio de la población.

Por su parte, el general de Policía Ángel Esquivel resaltó la coordinación interinstitucional, señalando que en la seguridad ciudadana están involucrados todos los actores. En este sentido, explicó el trabajo dentro de la estructura institucional en la Subzona Azuay, conformada por ocho distritos. Precisó que, actualmente, se evidencia una disminución de las muertes violentas en el distrito Ponce Enríquez, que presenta mayor complejidad.

Reiteró el compromiso de la Policía Nacional de continuar fortaleciendo el trabajo en territorio, manteniéndose abierta a recibir sugerencias de la ciudadanía y autoridades, con el objetivo de mejorar sus acciones y garantizar la seguridad de la población.

Reformas al COIP

Asimismo, la Comisión de Seguridad Integral, en el marco del análisis del proyecto de Ley Orgánica para Prevenir y Sancionar el Uso Delictivo y la Simulación de Funciones mediante Uniformes de Seguridad Pública, reformatoria al Código Orgánico Integral Penal (COIP), recibió el criterio de la doctora Yadira Proaño, quien consideró que se trata de un importante esfuerzo legislativo para combatir la delincuencia organizada.

La experta en derecho penal recordó que los niveles de criminalidad son alarmantes en las diferentes regiones del país. En este sentido, señaló que es importante reformar el COIP, ya que el uso de uniformes e insignias policiales para cometer delitos actualmente se considera una contravención, de ahí la necesidad de tipificarlo como delito de simulación de funciones.

Sobre los cambios propuestos, se mostró partidaria de establecer un registro obligatorio de proveedores y de locales de venta de uniformes e insignias de las entidades de seguridad, con mecanismos de trazabilidad, así como de articular acciones con el Ejecutivo para crear una plataforma digital que permita contar con herramientas como códigos QR para identificar el correcto uso de estos implementos.

JC-EG

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