La presidenta del Consejo de Ministros de Perú, Denisse Miralles, lanzó una advertencia clara señalando que el Ejecutivo no dudará en actuar si la edificación de un muro y la movilización de tropas en la frontera con Chile vulneran la seguridad del territorio peruano. Estas declaraciones se dieron durante una rueda de prensa oficial, donde la funcionaria analizó las recientes políticas antimigratorias impulsadas por la gestión de José Antonio Kast en la zona limítrofe.
Respecto a la intervención de las fuerzas armadas chilenas y la instalación de obstáculos físicos, Miralles enfatizó el respeto a la soberanía, pero marcó límites precisos:
“La decisiones de los países son autónomas. No tenemos más que respetarlas. Tomaremos medidas si consideramos que estas impactan en la seguridad del país. Estamos tomando conocimiento de estos decretos”,
Informes técnicos señalan que el Ejército chileno ha desplegado maquinaria pesada en las cercanías del control fronterizo de Chacalluta. Estas acciones responden a las promesas que el mandatario José Antonio Kast planteó como eje de su propuesta de gobierno.
Reforzamiento del Plan Escudo Fronterizo
De acuerdo con Cristian Sayes, quien se desempeña como delegado presidencial de Arica y Parinacota, la administración chilena ha movilizado inicialmente a 300 efectivos militares hacia la frontera norte. No obstante, se prevé que este contingente se duplique en el corto plazo, alcanzando más de 600 uniformados. El despliegue es parte integral del denominado “Plan Escudo Fronterizo”, que contempla además la excavación de zanjas y una vigilancia técnica más rigurosa.

Por su parte, el titular de la cartera del Interior en Chile, Claudio Alvarado, comunicó que las tareas de construcción iniciarán formalmente la próxima semana. Estos trabajos contarán con la dirección del Ministerio de Obras Públicas y el apoyo directo del Cuerpo Militar del Trabajo del Ejército.
Para sustentar legalmente estas operaciones, el gobierno de Chile ratificó seis decretos, de los cuales tres buscan blindar la seguridad en las fronteras y frenar la migración irregular. Entre las nuevas disposiciones destaca la creación de la figura del Comisionado de la Macrozona Norte, cargo que ocupará Alberto Soto. Su misión principal será articular el control de los flujos migratorios y combatir el crimen organizado transnacional en las regiones de Arica, Tarapacá y Antofagasta.
Las medidas han recibido el respaldo de figuras locales como el alcalde de Colchane, Teófilo Mamani, y el senador por Tarapacá, Renzo Trisotti, quienes han urgido a que la presencia del gobierno central sea constante en la zona de conflicto.
Respuesta diplomática y regional del Perú
Desde el lado peruano, la presidenta del Consejo de Ministros informó que el gabinete ministerial se encuentra a la espera de un reporte exhaustivo por parte del canciller Hugo de Zela. Este documento definirá la estrategia diplomática y las acciones preventivas que Lima podría implementar ante la coyuntura.
“Seguramente el canciller nos dará un reporte sobre cómo actuar en estas situaciones”,
declaró Miralles ante los medios de comunicación.

En el plano regional, la preocupación es latente en Tacna. El gobernador Luis Ramón Torres envió una comunicación oficial al presidente José María Balcázar, alertando que el uso de equipo pesado para la creación de barreras y zanjas por parte de Chile supone un reto directo para el control local.
En dicho documento, el gobernador Torres solicitó una intervención más firme del Estado:
“Considero necesario que el Estado peruano, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, evalúe la adopción de medidas similares o incluso más eficaces que permitan fortalecer la seguridad y el control en nuestra frontera”,
Finalmente, se reportó que el movimiento de maquinaria pesada en la línea de frontera se intensificó durante la jornada del jueves, coincidiendo con la expectativa por una visita oficial de Kast y sus ministros de seguridad. Las autoridades chilenas sostienen que el objetivo prioritario del Plan Escudo Fronterizo es la lucha contra el contrabando y el tráfico de personas, evaluando su éxito según la reducción estadística de los cruces no autorizados.
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