Una grave escalada de violencia se registró este miércoles en el este de la República Democrática del Congo (RDC), tras un ataque ejecutado con drones en la ciudad de Goma. Según denunció el movimiento rebelde M23, que mantiene el control sobre esta urbe, la ofensiva tenía como objetivo principal la eliminación de la cúpula política y militar de la Alianza del Río Congo (AFC/M23). El incidente dejó un saldo trágico de tres personas fallecidas.
Durante una comparecencia ante los medios en la capital de Kivu del Norte, el coordinador político de la agrupación, Corneille Nangaa, sostuvo que el bombardeo no fue un hecho aislado, sino parte de una estrategia deliberada de las fuerzas gubernamentales.
«La mayoría de los sucesivos ataques perpetrados por el régimen de Kinsasa en los últimos meses se han dirigido específicamente contra personalidades políticas y militares que forman la dirección de la AFC/M23 (…) como se ve en los ataques de esta mañana», manifestó Nangaa.
Objetivos de alto perfil y víctimas civiles
El dirigente rebelde precisó que el ataque buscaba impactar directamente contra su persona y contra el líder militar de la organización, Sultani Makenga. El propósito de esta maniobra, según la insurgencia, sería desarticular tanto la estructura armada como la oposición política al mandato del presidente Félix Tshisekedi.
La agresión, que tuvo lugar durante la madrugada en el sector de Himbi, alcanzó a personal humanitario internacional. Entre las víctimas mortales se ha confirmado la identidad de Karine Buisset (también referida como Carine Buisset por fuentes del grupo), una funcionaria de nacionalidad francesa que trabajaba para el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Asimismo, se reportó que el incidente afectó a miembros de ECHO, el servicio de ayuda humanitaria y protección civil de la Unión Europea.
Exigencia de justicia internacional
Ante la gravedad de los hechos, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha reaccionado con firmeza. El representante especial adjunto del secretario general en la RDC, Bruno Lemarquis, emitió un comunicado solicitando «plena claridad» sobre lo ocurrido en Goma. Lemarquis, quien también ejerce como jefe interino de la MONUSCO, demandó la ejecución de una investigación que sea «rápida, independiente y creíble, para así identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia».
El alto funcionario de la ONU condenó enérgicamente este incremento de las hostilidades y advirtió que este tipo de ataques dirigidos contra zonas urbanas o personal civil podrían ser considerados como crímenes de guerra según el derecho internacional humanitario. Hasta el momento, el Gobierno de Kinsasa no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre las acusaciones vertidas por el M23, grupo que cuenta con el respaldo de Ruanda.
Un conflicto que no cesa pese a los acuerdos
Este nuevo episodio de violencia ocurre en un contexto diplomático tenso. A pesar de que el presidente Félix Tshisekedi y su homólogo ruandés, Paul Kagame, suscribieron un acuerdo de paz en Washington el pasado 4 de diciembre, las denuncias por violaciones mutuas al pacto han sido constantes. A este esfuerzo se sumó la mediación de Catar, que el 15 de noviembre logró la firma de un acuerdo marco en Doha para intentar pacificar la región.
Sin embargo, la realidad en el terreno sigue siendo crítica. El este de la RDC permanece sumido en una inestabilidad crónica desde 1998, un conflicto alimentado por la proliferación de grupos armados y enfrentamientos constantes con el Ejército nacional, situación que persiste a pesar de la presencia prolongada de los cascos azules de la ONU.
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