La tarde del 11 de marzo de 2026, un juez de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha resolvió llamar a juicio a la magistrada Nubia Vera, quien se desempeñaba como jueza en la Unidad Judicial de Familia, Niñez y Adolescencia de Pichincha. La funcionaria es procesada como presunta autora del delito de concusión dentro del denominado caso Mueble Fino. Este expediente investiga supuestas exigencias de dádivas a cambio de favorecer a un ciudadano en un proceso judicial.
Jueza enfrentará juicio por presunto pedido de dádivas
La resolución se adoptó casi tres meses después de que concluyera la etapa de instrucción fiscal y tras varias jornadas de audiencia en las que la Fiscalía expuso los elementos reunidos durante la investigación.
De acuerdo con la fiscal provincial de Pichincha, Alexandra Zurita, el expediente reúne más de 55 elementos de convicción que apuntan a la participación de la jueza en el presunto delito. Según la hipótesis fiscal, Vera habría solicitado beneficios indebidos, entre ellos muebles de alto costo. Esto a cambio de influir en una causa judicial que se tramitaba en su despacho.
Durante la formulación de cargos, la entonces fiscal provincial Mayra Soria presentó versiones de testigos y la transcripción de conversaciones que, presuntamente, se mantuvieron entre la magistrada y la persona que se consideró afectada.
El delito de concusión se configura cuando un funcionario público utiliza su cargo para exigir o recibir beneficios indebidos. En este caso, la Fiscalía sostiene que la jueza habría aprovechado su posición dentro de la administración de justicia para obtener ventajas personales.
Medidas cautelares y suspensión del cargo a Nubia Vera
En la misma causa, el tribunal ratificó las medidas cautelares que pesan sobre la magistrada. Entre ellas, la obligación de presentarse semanalmente ante la autoridad judicial cada lunes y la prohibición de salir del país. A estas disposiciones se suma una nueva consecuencia derivada del auto de llamamiento a juicio: la suspensión de Vera del ejercicio de sus funciones judiciales mientras avanza el proceso penal.
La diligencia judicial que derivó en esta decisión se instaló casi tres meses después del cierre de la fase investigativa, lo que marca el inicio de la etapa en la que el caso será analizado en un juicio formal.