La administración liderada por Donald Trump ha progresado significativamente en las gestiones para catalogar al Primeiro Comando da Capital (PCC) y al Comando Vermelho (CV) bajo la categoría de Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO). Según revelaron fuentes gubernamentales estadounidenses, el Departamento de Estado ya finalizó los expedientes técnicos requeridos, por lo que la resolución definitiva depende únicamente de una validación política. Esta situación ha provocado una emergencia diplomática de alto nivel entre las capitales de Washington y Brasilia.
Gestiones diplomáticas de urgencia
Ante la inminencia de la medida, el canciller brasileño Mauro Vieira sostuvo una comunicación telefónica el pasado domingo con el secretario de Estado, Marco Rubio. Fuentes oficiales del país sudamericano indicaron que el diálogo se produjo en el contexto de la planeación de un próximo viaje del presidente Lula da Silva a territorio estadounidense. El punto crítico de la conversación fue la clasificación de estas bandas criminales, un proyecto que tiene en Marco Rubio a su promotor principal y que podría ser remitido al Congreso de Estados Unidos para su validación en los días venideros.
La preocupación en el Palacio de Planalto no es meramente formal. El estatus de Organización Terrorista Extranjera conlleva implicaciones legales severas: convierte en un delito federal cualquier tipo de soporte material a dichas bandas, permite el bloqueo inmediato de bienes y activos y, fundamentalmente, faculta la ejecución de operaciones militares unilaterales fuera de las fronteras de EE.UU. El Ejecutivo de Lula observa con alarma los precedentes en la región: en julio de 2025, Washington inició despliegues navales tras calificar de terrorista al Cartel de los Soles, culminando con la captura de Maduro por fuerzas especiales en enero de 2026.
Orígenes y expansión del crimen organizado
El Comando Vermelho tuvo su génesis durante la década de los setenta en el recinto penitenciario Cándido Mendes, ubicado en Ilha Grande. Surgió originalmente como una coalición entre delincuentes comunes y activistas de izquierda detenidos por la dictadura militar que gobernó Brasil entre 1964 y 1985. Con el paso de las décadas, el grupo prescindió de su facción ideológica para consolidarse como la facción delictiva más longeva de la nación, operando principalmente desde las favelas de Río de Janeiro.
Por otro lado, el PCC nació en agosto de 1993 en la prisión de Taubaté, en São Paulo. Fue fundado por un grupo de ocho reclusos como una reacción directa a la masacre de Carandiru, episodio donde agentes de seguridad acabaron con la vida de más de un centenar de prisioneros. Lo que inició como una alianza de seguridad interna carcelaria ha evolucionado hasta convertirse en una estructura transnacional con 40.000 integrantes activos y ramificaciones operativas en al menos dieciséis naciones.
Contexto regional y presión política
Desde el inicio de 2025, el gobierno de Trump ha otorgado la etiqueta de terroristas a 25 agrupaciones de América Latina, incluyendo al Tren de Aragua de origen venezolano y a seis organizaciones de narcotráfico de México. En la región, Paraguay marcó un antecedente en octubre de 2025 al emitir un decreto presidencial que define al PCC y al CV como terroristas, permitiendo el uso de sus Fuerzas Armadas en la zona fronteriza con Brasil. En el ámbito interno, el gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, manifestó su apoyo a la postura de Washington luego de una incursión policial el 28 de octubre contra el Comando Vermelho, considerada la más sangrienta de la historia con un saldo superior a los 120 fallecidos.
El gobierno de Brasil sostiene que el móvil de ambas organizaciones es estrictamente económico y no obedece a fines políticos.
Especialistas en seguridad han señalado que esta designación internacional podría desencadenar detenciones por parte del FBI de operarios en el extranjero y la intervención de capitales en empresas de fachada. En el horizonte político brasileño, con los comicios presidenciales de 2026 acercándose, el asunto ha sido capitalizado por sectores de derecha, contando con Eduardo Bolsonaro como un gestor activo de estas políticas ante Estados Unidos. Actualmente, la diplomacia brasileña enfrenta una carrera contra el reloj para detener un proceso que ya cuenta con el aval técnico y solo requiere de una firma presidencial.
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