El reconocido dirigente de la oposición en Venezuela, Juan Pablo Guanipa, comunicó este lunes que una instancia judicial con facultades en materia de terrorismo ha decretado el cierre definitivo de la causa penal que se mantenía abierta en su contra. Esta resolución surge luego de que el Ministerio Público presentara formalmente una solicitud de sobreseimiento para el caso.
El exlegislador detalló que la notificación de carácter oficial le fue entregada durante el pasado fin de semana. Según sus declaraciones, el expediente judicial acumulado no era más que una prueba de la persecución política ejecutada por la administración de Nicolás Maduro. El procedimiento de notificación fue realizado por un alguacil del sistema de justicia, quien se trasladó hasta la vivienda de Guanipa para consignar el documento emitido por un tribunal de primera instancia especializado en delitos de terrorismo.
“Se declara con lugar la petición incoada por el Ministerio Público y se decreta el sobreseimiento de mi causa por extinción de la acción penal”, citó el dirigente a través de su cuenta oficial en la red social X.
Los cargos que pesaban sobre el político eran de extrema gravedad y se originaron tras su detención en mayo de 2025. Entre los delitos que se le imputaban figuran:
- Terrorismo
- Asociación para delinquir
- Obstrucción a la justicia
- Conspiración con gobierno extranjero
- Traición a la patria
Desde el inicio del proceso, el oficialismo vinculó al opositor con un presunto plan que buscaba boicotear el desarrollo de los comicios regionales y legislativos efectuados en ese mismo mes. Juan Pablo Guanipa siempre negó estas acusaciones, calificándolas como un proceso sin sustento jurídico real.
Tras confirmarse el archivo del caso, el dirigente subrayó que el contenido íntegro del expediente ratifica la inexistencia de elementos probatorios. Guanipa explicó que su equipo legal, liderado recientemente por el abogado Joel García, pudo finalmente analizar el material judicial tras lograr la designación formal de su defensa la semana pasada.
“Todo evidencia una vulgar persecución política. Ni siquiera se ocuparon de inventar hechos. No se describe qué hice, cuándo, cómo, dónde ni con quién”, sentenció Guanipa sobre el manejo de su caso.
Antecedentes de una libertad condicionada
El camino judicial de Guanipa ha estado marcado por diversas irregularidades en los últimos meses. En febrero del presente año, ya se le había otorgado una notificación de libertad plena, amparada en una ley de amnistía sancionada por el Parlamento. El político recordó que, el 19 de febrero, un funcionario policial le informó que la medida respondía a la normativa impulsada por Delcy Rodríguez, figura central de la cúpula oficialista.
No obstante, la situación generó contradicciones públicas dentro del chavismo. Mientras la medida se ejecutaba, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, aseveró que la liberación no era una consecuencia automática de la ley, sino una decisión de índole política tomada por la alta jerarquía del poder.
Previo a este desenlace, Juan Pablo Guanipa vivió un complejo periplo carcelario. A inicios de febrero fue liberado brevemente, para ser arrestado nuevamente tras participar en una movilización en respaldo a los presos políticos. Posteriormente, fue confinado a arresto domiciliario el 10 de febrero, condición en la que permaneció hasta recibir la confirmación de su libertad.
Contexto de las excarcelaciones en Venezuela
La Ley de Amnistía que rige estos procesos establece un margen de aplicación que abarca 27 años de historia política, desde el ascenso del chavismo en 1999 hasta febrero de 2026. Sin embargo, la norma limita su alcance a 13 episodios específicos, dejando fuera otros casos de relevancia.
En este escenario, diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos monitorean la situación de los detenidos. La organización Foro Penal ha documentado que, desde el pasado 8 de enero, al menos 670 ciudadanos han sido excarcelados tras el anuncio gubernamental de liberar a un grupo importante de prisioneros.
Alfredo Romero, director de dicha ONG, precisó que esta cifra engloba tanto a quienes han recibido libertad total como a quienes siguen enfrentando juicios bajo medidas cautelares. Según el último balance de la organización, todavía existen 526 presos políticos en territorio venezolano, una cifra que el Gobierno desconoce al asegurar que estos ciudadanos enfrentan procesos por delitos comunes y no por su postura política.
Fuente: Fuente