En una coyuntura que recuerda los análisis de las principales cabeceras económicas internacionales, el terminal portuario de Chancay se encuentra en el epicentro de una compleja tormenta geopolítica protagonizada por Estados Unidos y China. Esta situación se vuelve particularmente sensible debido a que el cambio en el Poder Ejecutivo coincide con un litigio judicial que pone en entredicho la capacidad del Estado para supervisar el centro logístico más relevante del cono sur. El escenario se agrava por el clima preelectoral actual, donde cualquier señal de debilidad en el control de infraestructuras críticas se interpreta bajo una fuerte carga política. Lo que inició como una controversia técnica sobre competencias de regulación ha escalado a un debate nacional sobre soberanía, gobernabilidad e institucionalidad.
Un nodo logístico de escala global
Este proyecto, que requirió una inversión superior a los US$ 1.300 millones en su etapa inicial, cuenta con un esquema de propiedad compartido: la empresa Cosco Shipping Ports detenta el 60 % de las acciones, mientras que el 40 % restante está en manos de capitales peruanos del rubro minero. Es importante señalar que esta infraestructura fue oficialmente inaugurada en 2024 con la asistencia del mandatario chino Xi Jinping, consolidándose como un emblema de la relación comercial entre la región y el mercado asiático. Sin embargo, este vínculo ha generado fricciones evidentes con el segundo socio comercial del país.
En su primer año de actividad, los resultados operativos de Chancay son contundentes:
- Ha gestionado flujos de comercio exterior cercanos a los US$ 1.880 millones.
- Ha aportado más de US$ 230 millones en ingresos para las aduanas.
- Logró reducir los tiempos de transporte hacia Asia en un margen de 15 días.
- Posee una capacidad estimada de un millón de contenedores anuales y un calado diseñado para los buques de mayor envergadura del planeta.
El choque entre la inversión y la soberanía normativa
La inestabilidad política interna ha servido como caja de resonancia para las preocupaciones externas. Desde el entorno del gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, se ha manifestado inquietud ante la posibilidad de que el Estado pierda el control efectivo sobre una infraestructura controlada mayoritariamente por capitales chinos. En contraparte, Beijing ha rechazado tajantemente estas posturas, defendiendo la naturaleza estrictamente mercantil de la obra.
El conflicto legal se centra en una sentencia de primera instancia que ha sido calificada de absurda por diversos sectores. Dicho fallo establecía que el Ositrán debía limitar sus funciones de fiscalización, regulación y sanción en el puerto, restringiendo su intervención únicamente a casos de disputas tarifarias si se comprobaba falta de competencia. Esta resolución, en la práctica, reduce de forma peligrosa la capacidad del ente regulador sobre un activo estratégico.
La operadora del puerto argumenta que, al tratarse de una inversión privada ejecutada desde cero y no de una concesión tradicional del Estado, no debería regirse por los mismos estándares de supervisión que otros terminales. No obstante, han recalcado que instituciones como la SUNAT, la Autoridad Portuaria Nacional, la Policía, Migraciones y el SENASA mantienen una presencia activa dentro de las instalaciones, lo que garantizaría la soberanía nacional.
La defensa del rol regulador
El Ositrán, con el respaldo de otros organismos similares, sostiene que su función técnica es indispensable para corregir fallas del mercado y prevenir abusos contra los usuarios del servicio. Expertos en la materia han advertido que
“limitar su acción podría sentar un precedente delicado para la supervisión de infraestructuras críticas en el país”
. Ante esta situación, la Presidencia del Consejo de Ministros ha ratificado que interpondrá un recurso de apelación para defender el ordenamiento jurídico vigente.
Este caso pone de manifiesto una carencia normativa profunda: la ausencia de reglas claras para regular infraestructuras de propiedad privada pero de uso público financiadas totalmente por inversión extranjera. El modelo de Chancay demanda una estructura legal moderna que brinde seguridad al inversionista sin desproteger el interés nacional.
Impacto económico y el fantasma de la militarización
El aporte de este megaproyecto a la economía nacional se estima en un 1,9 % del PBI, además de la creación de 8.500 puestos de trabajo entre directos e indirectos. La agroexportación de productos como paltas y arándanos, así como la minería, se ven favorecidas por la optimización logística. Pese a estos beneficios, analistas internacionales han especulado sobre un posible uso dual (civil y militar) de las instalaciones en caso de un conflicto en el Indopacífico. Aunque no existen pruebas de una presencia militar, el debate evidencia la pugna entre Washington y Beijing.
China ha desestimado estas teorías, tildándolas de meras especulaciones y reafirmando que Chancay es una pieza clave de su estrategia de conectividad comercial en América Latina.
En el plano financiero, la incertidumbre ha golpeado a la Bolsa de Valores de Lima. Las acciones de Inversiones Portuarias Chancay (IPCH) han experimentado una notable volatilidad. Expertos del mercado indican que este fenómeno se debe más a movimientos especulativos derivados del conflicto judicial que a los fundamentos financieros de la empresa, dada la escasa transparencia en la divulgación de ingresos.
Hacia una gobernanza institucional sólida
El desafío del Puerto de Chancay va más allá de la logística; representa una prueba para el posicionamiento internacional del país. No se trata simplemente de una elección diplomática entre potencias, sino de fortalecer la gobernanza interna mediante reglas transparentes y una supervisión técnica que sea independiente de los vaivenes políticos.
Para el año 2027, con la puesta en marcha de la segunda etapa del proyecto, el éxito de Chancay se medirá por la solidez de las instituciones para gestionar esta transformación.
“Chancay no debe convertirse en bandera ideológica ni en símbolo de dependencia”
, sino en un motor de desarrollo administrado con autonomía y visión estratégica en un entorno global cada vez más competitivo.
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