El Estado de Perú atraviesa una severa crisis de gas natural que pone en riesgo la operatividad de sus sectores económicos más importantes. Esta situación ha generado una alarma nacional, ya que las proyecciones sugieren una paralización de actividades con un impacto similar al vivido durante la pandemia del COVID-19 en el año 2020. Debido a las interrupciones detectadas en el ducto de Camisea, el Poder Ejecutivo se ha visto obligado a decretar medidas de urgencia para el racionamiento del suministro y la protección de los servicios básicos.
De acuerdo con Aníbal Díaz, quien se desempeña como decano del Colegio Químico Farmacéutico del Perú, la industria de medicamentos es uno de los eslabones más expuestos ante esta carencia energética. El especialista advirtió que las grandes plantas de producción nacional dependen directamente de este recurso. Díaz señaló textualmente:
“Si no hay gas, las plantas grandes no podrán producir y los medicamentos que se agoten en los almacenes no podrán reponerse”
. Esta problemática podría desencadenar una serie de quiebras financieras, el despido de personal técnico especializado y una peligrosa alza en la dependencia de fármacos importados para cubrir la demanda de la red hospitalaria y las farmacias.
Diversas áreas críticas en alerta
La escasez no se limita al ámbito sanitario, sino que se extiende de forma transversal a otras actividades vitales:
- Transporte público y escolar: El desabastecimiento de Gas Natural Vehicular (GNV) ha afectado a miles de unidades, incluyendo taxis y buses, provocando el cierre de estaciones, retrasos masivos y un incremento en los costos de movilidad.
- Generación eléctrica: El presidente de la Asociación de Consumidores de Gas, Roberto Santiváñez, ha manifestado su preocupación por un posible aumento en las tarifas de electricidad. Según el experto, las consecuencias de no aplicar normativas de emergencia se sentirán durante meses o incluso años.
- Industria de alimentos: Las panaderías y empresas procesadoras enfrentan dificultades en sus líneas de horneado y pasteurización, lo que podría reducir la oferta de productos básicos y elevar sus precios finales.
- Manufactura y pesada: Los sectores textil, metalúrgico, cerámico y químico, que utilizan hornos de alta temperatura, han reportado demoras en sus entregas y un encarecimiento de la producción por paros parciales.
- Gastronomía y hotelería: Las cocinas industriales y restaurantes están sufriendo cortes en el servicio que limitan su capacidad operativa.
- Sistema de salud: Varios centros hospitalarios emplean el gas no solo para calefacción, sino para procesos críticos de esterilización de instrumental médico.
Intervención del Poder Ejecutivo
En respuesta a la emergencia, las autoridades promulgaron el Decreto Supremo N.º 002‑2026‑EM. Este documento legal establece un esquema jerárquico de prioridad para la distribución del gas natural mientras dure la contingencia:
- 1. Consumidores residenciales y comercios regulados: Se prioriza el suministro para hogares y pequeñas tiendas.
- 2. Estaciones de GNV y transporte público: Enfocado en el transporte de pasajeros y sistemas de compresión.
- 3. Generadores eléctricos: Vital para mantener el flujo de energía en el país.
- 4. Industrias de menor consumo: Pequeñas fábricas y talleres.
- 5. Grandes consumidores industriales: Industrias de alto requerimiento energético.
- 6. Usuarios independientes: Clientes con contratos específicos de carácter firme o interrumpible.
Bajo este esquema, los hogares y comercios regulados gozan de una prioridad absoluta, buscando mitigar el impacto directo en las familias peruanas. Los niveles restantes de la lista recibirán el recurso mediante un sistema de prorrateo, sujeto estrictamente a la disponibilidad técnica y a los niveles de consumo histórico. El decreto contempla que las industrias que abastecen al sector salud reciban atención dentro del gas disponible, aunque se aclara que no integran el primer nivel de prioridad, quedando supeditadas a la capacidad de distribución del mercado interno.
Consecuencias en la economía y la sociedad
Diversos analistas sostienen que las repercusiones de este déficit de gas natural serán duraderas. La inestabilidad en los precios de la energía y el transporte podría alimentar la inflación y generar sobrecostos que afecten la competitividad industrial, emulando los efectos de crisis previas. Roberto Santiváñez enfatizó que el panorama es complejo:
“Este problema no es solo inmediato; va a dejar secuelas por varios meses e incluso años, dependiendo de cómo se manejen los próximos días de la crisis”
.
El sector eléctrico es particularmente sensible, puesto que entre el 40% y el 45% de la generación eléctrica en territorio peruano depende del gas natural. Para intentar suplir la falta de este combustible, se ha recurrido al uso de diésel en plantas de respaldo, lo que genera costos adicionales que podrían trasladarse a los recibos de luz de los ciudadanos. Santiváñez concluyó que, incluso si la infraestructura del ducto se repara en el corto plazo, los efectos financieros golpearán a toda la cadena de valor, perjudicando desde las corporaciones hasta la economía doméstica.
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