El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) tiene pendiente resolver tres denuncias en contra del movimiento político Revolución Ciudadana (RC), planteadas por la presidencia del Consejo Nacional Electoral (CNE), a la que se sumó una cuarta, interpuesta por el titular subrogante de la Fiscalía General del Estado, Leonardo Alarcón.
En medio de la preparación de las elecciones seccionales del 14 de febrero del 2027, la denuncia del Fiscal se admitió a trámite este 6 de marzo de 2026 por parte del juez Joaquín Viteri, sobre quien recayó la causa después del sorteo.
Como primera medida, dictó la suspensión provisional de las actividades electorales y proselitistas de la RC por nueve meses; es decir, ordenó al Consejo Nacional Electoral que los inhabilite del Registro Nacional de Organizaciones Políticas.
La medida se tomó este viernes, a través de un auto suscrito por Joaquín Viteri, atendiendo un pedido del fiscal subrogante, Leonardo Alarcón, debido a que está en curso una investigación previa por el delito de lavado de activos en el caso conocido como Caja Chica, en el que se sospecha del uso de dineros provenientes de Venezuela (durante la presidencia de Nicolás Maduro) en la campaña electoral de las elecciones presidenciales anticipadas de 2023.
El juez Viteri basó su decisión en lo contemplado en el artículo 374 del Código de la Democracia, numeral 3, que permite, durante el juzgamiento de un caso, suspender hasta por 24 meses a una agrupación política “por pedido del Fiscal General, cuando este realice una investigación por el delito de lavado de activos que involucre directamente a la organización”.
Según el documento judicial, Alarcón presentó la denuncia el 4 de marzo y, debido a que su contenido es parte de una investigación previa, se esperará a que se levante la confidencialidad para instaurar “un proceso público con corte adversarial, es solo en ese momento, en que se podrá dar contestación a los cargos formulados e instalar la correspondiente audiencia única oral de prueba y juzgamiento”.
Con ello, la RC estará suspendida por nueve meses y la medida “podrá ser revisada sin exceder el plazo máximo de 24 meses”, puntualizó Viteri.
Agregó que la causa se sustanciará en plazos —aunque estarán suspendidos por efectos de la indagación previa— considerando que la Función Electoral (CNE y TCE) se encuentra en periodo electoral para preparar los comicios seccionales y de los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), del 14 de febrero de 2027.
fuente El universo