La administración del presidente Donald Trump se prepara para implementar un ajuste significativo en su política de comercio exterior. Según confirmó el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, el gobierno tiene previsto elevar el arancel global a las importaciones, pasando del actual 10% al 15%. Se espera que esta medida entre en vigor “probablemente esta semana”, marcando un nuevo capítulo en la estrategia económica de la Casa Blanca.
Un ajuste provisional bajo la Ley de Comercio
Esta elevación arancelaria no será definitiva de manera inmediata. El plan contempla una aplicación temporal que se extenderá por un periodo de 150 días. Durante estos cinco meses, el incremento tendrá un carácter provisional mientras las autoridades evalúan la viabilidad de medidas más permanentes. Este procedimiento está amparado en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, una normativa que faculta al Ejecutivo estadounidense para incrementar aranceles ante circunstancias específicas por el tiempo mencionado.
Una vez que concluya este plazo de cinco meses, el equipo económico del gobierno deberá determinar si el incremento se mantiene vigente o si, por el contrario, las tasas arancelarias retornan a sus niveles previos. Bessent, quien es identificado como una figura clave y la mano derecha de Trump en asuntos financieros, explicó que esta decisión es una respuesta directa a la reciente anulación de los llamados aranceles recíprocos por parte del Tribunal Supremo.
El revés judicial y las nuevas vías legales
La necesidad de recurrir a la Sección 122 surge tras un fallo histórico del máximo tribunal estadounidense. La justicia invalidó gran parte de los gravámenes que Washington había establecido, argumentando que el Ejecutivo excedió sus competencias al utilizar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) para justificar tarifas generalizadas. Cabe recordar que el arancel global del 10% se había activado apenas el pasado 24 de febrero, tras dicha resolución judicial.
Ante este escenario, el gobierno estadounidense se ha visto obligado a explorar otras rutas legales para sostener su visión proteccionista. Además de la medida inmediata, el Tesoro analiza las secciones 301 y 232 de la Ley de Comercio. Aunque estas herramientas son utilizadas habitualmente cuando se considera que existe una afectación a la seguridad nacional o a los intereses comerciales de la nación, su implementación es más compleja y pausada.
Robustez jurídica frente a la inmediatez
“Son muy lentas, pero más robustas”
Con esa frase, Scott Bessent describió la naturaleza de las alternativas legales bajo examen. Aunque el proceso bajo la Sección 122 es más ágil para responder a la coyuntura actual, el funcionario reconoció que los otros instrumentos ofrecen un sustento jurídico más sólido frente a posibles desafíos legales, a pesar de que su tramitación requiere procesos mucho más extensos.
El endurecimiento de la política comercial de Estados Unidos busca proteger los intereses económicos internos mientras se adapta a los límites impuestos por la justicia. Durante el lapso de 150 días de vigencia del nuevo arancel del 15%, la administración realizará una revisión exhaustiva de su impacto. El secretario del Tesoro sugirió que, tras finalizar este periodo de transición, existe la posibilidad de que “las tasas arancelarias volverán a su nivel anterior”, aunque el resultado final dependerá estrictamente de la evolución de las auditorías y los procesos legales que concluyan en ese tiempo.
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