En una reciente resolución judicial en Bogotá, se ha ratificado el beneficio de libertad condicional para Miguel Maza Márquez, quien fuera el máximo responsable del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). El exgeneral fue sentenciado en el año 2016 a una pena de 30 años de cárcel por su implicación directa en el magnicidio de Luis Carlos Galán, el candidato presidencial asesinado en 1989.
Condiciones de la liberación y fianza
El magistrado a cargo del caso estipuló que Maza Márquez, que cuenta actualmente con 88 años de edad, deberá cumplir con once años de libertad condicional bajo un régimen de probatoria. Asimismo, se determinó el pago de una fianza equivalente a cinco salarios mínimos para asegurar que el beneficiado acate los términos de esta medida de gracia judicial.
Desde el mes de noviembre de 2012, el exdirector del DAS permanecía privado de la libertad en instalaciones pertenecientes a la Policía Nacional ubicadas en Bogotá. No obstante, su condena en firme solo llegó en 2016, cuando la justicia colombiana confirmó que formó parte de un entramado criminal diseñado para eliminar a Galán, operación en la cual colaboraron activamente el Cártel de Medellín y el paramilitar Henry Pérez.
El rol en el atentado contra Galán
De acuerdo con el expediente judicial, Miguel Maza Márquez ejecutó acciones deliberadas para debilitar el anillo de seguridad del líder del Partido Liberal. Una de las maniobras clave fue el nombramiento de Henry Pérez como jefe de protección del candidato, a pesar de que este último ya había sido reclutado por el Cártel de Medellín con el encargo específico de perpetrar el homicidio.
Historia y disolución del DAS
El periodo de Maza Márquez al frente del DAS se extendió entre los años 1985 y 1991. Esta entidad, protagonista de múltiples controversias, fue finalmente liquidada en 2011 después de que se hicieran públicos sus vínculos sistemáticos con grupos paramilitares a lo largo de los años. Entre los sucesos más graves vinculados a su gestión y la de sus sucesores se encuentra el escándalo de las ‘chuzadas’ o escuchas ilegales, que incluyeron acciones de espionaje contra:
- Magistrados y jueces del poder judicial.
- Comunicadores y periodistas de investigación.
- Representantes de la oposición política.
- Organizadores y defensores de los Derechos Humanos.
Estas actividades delictivas se realizaron de forma coordinada con estructuras armadas ilegales, afectando gravemente la institucionalidad democrática durante décadas.
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