La estrategia legal emprendida por el actual ministro del Interior, Armando Benedetti, ha tenido un desenlace inesperado en las altas esferas judiciales. La Corte Suprema de Justicia resolvió no dar curso a la denuncia penal interpuesta por el funcionario contra seis legisladoras, a quienes acusaba de injuria y calumnia. Simultáneamente, el alto tribunal dispuso que la Procuraduría General de la Nación evalúe el comportamiento del propio ministro debido a diversas manifestaciones públicas en plataformas digitales.
Análisis de la Sala de Instrucción
La determinación fue adoptada tras el estudio realizado por la Sala de Instrucción de la corporación judicial, la cual examinó la querella presentada por Benedetti. Esta acción legal surgió como respuesta a una misiva enviada en febrero de 2025 al primer mandatario, Gustavo Petro, por un grupo de parlamentarias.
En aquel documento, las representantes a la Cámara Catherine Juvinao, Julia Miranda, Lina María Garrido, Marelen Castillo, Carolina Giraldo y Katherine Miranda manifestaron sus inquietudes frente a la designación de Benedetti en la cartera del Interior, planteando diversas objeciones de índole política y ética sobre su perfil para el cargo.
Para el ministro, el contenido de dicha carta representaba un ataque directo a su integridad y reputación, motivo por el cual decidió llevar el caso a los tribunales. No obstante, la Corte Suprema determinó que las congresistas actuaron bajo las prerrogativas de sus cargos, ejerciendo el control político que la ley les confiere. Esto implica una protección constitucional que ampara sus opiniones. Bajo esta premisa, la Sala resolvió inhibirse de abrir una investigación formal, al no hallar elementos que constituyan una conducta delictiva.
Esta postura jurídica se fundamenta en la inviolabilidad parlamentaria vigente en el ordenamiento jurídico de Colombia, la cual garantiza que los legisladores no sean perseguidos judicialmente por los conceptos u opiniones emitidos en el marco de sus funciones oficiales.
Giro en el proceso: investigación contra el denunciante
Sin embargo, el caso tomó un rumbo imprevisto cuando la Corte halló razones para solicitar la intervención de la Procuraduría. El objetivo es que dicho organismo determine si Armando Benedetti cometió faltas disciplinarias de acuerdo con sus actuaciones recientes.
Este nuevo frente de investigación se origina en publicaciones efectuadas desde la cuenta de redes sociales del ministro entre junio y septiembre de 2025. Según los hallazgos preliminares del tribunal, el funcionario habría empleado un lenguaje con connotaciones sexistas, dirigidas específicamente hacia una de las firmantes de la carta de protesta. Aunque este punto no formaba parte de la denuncia inicial, el estudio de los hechos llevó a la Corte a compulsar copias para el inicio de un proceso administrativo.
Con este panorama, la situación jurídica se ha invertido: Benedetti pasó de ser el denunciante a enfrentar una posible sanción. La Procuraduría General será la encargada de dictaminar si el lenguaje del ministro transgredió las normas de conducta exigidas para los servidores públicos, lo cual podría desencadenar medidas administrativas en su contra.
Tras conocerse el fallo, la representante Catherine Juvinao se pronunció indicando que la resolución de la Corte ratifica que su proceder y el de sus colegas estuvo siempre dentro del marco de la Constitución. Para la legisladora, el intento de criminalizar la crítica política fracasó y terminó poniendo en duda el proceder del mismo titular de la cartera del Interior.
El conflicto pone nuevamente sobre la mesa la discusión sobre los límites entre el debate político y la judicialización de las discrepancias. Con la decisión de la Corte Suprema, se cierra definitivamente cualquier posibilidad de proceso penal contra las seis representantes por estos hechos específicos.
Finalmente, lo que inició como un intento de Armando Benedetti por resguardar su imagen ante los cuestionamientos legislativos, ha derivado en un escenario de vulnerabilidad para el ministro, quien ahora deberá responder ante los organismos de control disciplinario por sus propias expresiones.
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