La organización de derechos humanos Amnistía Internacional ha calificado de “sombrío y vergonzoso” el balance de víctimas mortales derivado de la estrategia bélica de Estados Unidos en aguas internacionales. Según la entidad, al menos 150 personas han perdido la vida durante bombardeos dirigidos contra embarcaciones en el mar Caribe y el océano Pacífico oriental, acciones que el gobierno estadounidense justifica como ataques a “narcolanchas”. No obstante, la organización ha descrito estos hechos como “ejecuciones extrajudiciales” y ha exigido que se ponga fin a estos operativos, además de demandar responsabilidades legales a las autoridades implicadas.
Amanda Klasing, directora nacional de relaciones gubernamentales de Amnistía Internacional en los Estados Unidos, emitió un comunicado oficial tras el anuncio de tres nuevos decesos en la región caribeña.
“El Ejército estadounidense ha alcanzado un hito sombrío y vergonzoso al anunciar tres asesinatos más en el Caribe, lo que eleva el total de muertos a 150. Estas muertes son las últimas de lo que, según el Derecho nacional e Internacional, puede interpretarse lamentablemente como decenas de asesinatos cometidos en el mar con total impunidad”
, sentenció la representante.
Cuestionamientos a la legalidad internacional
La postura de la organización es que estas intervenciones carecen de la base jurídica necesaria para justificar el uso de fuerza letal. Klasing argumentó que,
“independientemente de la dudosa cobertura que pueda proporcionar un análisis del Departamento de Justicia, estos asesinatos constituyen ejecuciones extrajudiciales”
. De acuerdo con el análisis de la experta, la intercepción de naves presuntamente vinculadas al narcotráfico debe considerarse una labor puramente policial y, por tanto, estar regida por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Este marco legal garantiza que todos los individuos tienen derecho fundamental a la vida y a un proceso judicial justo. El uso de armamento letal solo es permisible bajo circunstancias de amenaza inminente para la vida y cuando otros recursos, como la captura de los sospechosos, han resultado insuficientes.
“Un Estado que mata intencionalmente a alguien fuera de esas circunstancias está cometiendo una ejecución extrajudicial, sin importar el delito que se le imputa”
, recalcó Klasing, añadiendo que los responsables, incluyendo a altos mandos gubernamentales, deben comparecer ante la justicia.
Inacción legislativa y falta de transparencia
En el contexto de estas operaciones, la directora humanitaria hizo un llamado directo al Congreso para frenar los ataques. Manifestó su decepción debido a que, desde que iniciaron las incursiones aéreas el 2 de septiembre de 2025, los esfuerzos de algunos parlamentarios por detener la violencia no han fructificado. En su opinión, el órgano legislativo en su totalidad ha eludido su responsabilidad de fiscalizar las acciones de la actual administración.
Para la organización, es imperativo que los senadores y representantes unifiquen criterios para ejercer una verdadera supervisión. Según Amnistía Internacional, el Congreso tiene la obligación de actuar para detener estos bombardeos aéreos y garantizar que se rindan cuentas por las políticas que han derivado en la pérdida de 150 vidas.
Contexto de la ‘Operación Lanza del Sur’
Las acciones militares se enmarcan en la denominada “Operación Lanza del Sur”, iniciada en septiembre de 2025 por las Fuerzas Armadas de EE.UU. Bajo este esquema, la Casa Blanca ha ejecutado múltiples ataques contra navíos que vincula con redes de tráfico de drogas, etiquetando a quienes los operan como “narcoterroristas”. Sin embargo, la administración liderada por Donald Trump no ha presentado evidencias públicas que sustenten las acusaciones contra los fallecidos, entre los cuales se encuentran ciudadanos de Venezuela, Colombia y Trinidad y Tobago.
La controversia ha rodeado a estos bombardeos desde su inicio. Un ejemplo notable ocurrió en diciembre de 2025, cuando la presidencia finalmente admitió y defendió un ataque contra dos sobrevivientes de una operación previa en la que murieron 11 personas que viajaban a bordo de un barco objetivo, tras haber negado inicialmente los hechos durante varios días.
La cadena de mando también ha sido objeto de escrutinio. Inicialmente, las sospechas sobre quién autorizaba los ataques secundarios recayeron en el secretario de Defensa, Pete Hegseth. No obstante, el gobierno de Trump atribuyó la responsabilidad al almirante de la Marina Frank Bradley, aunque bajo la autorización general del jefe del Pentágono. En la actualidad, el Ejército suele identificar al mando específico que ordena cada incursión; recientemente se ha nombrado al general Francis Donovan en este rol. El último ataque ordenado directamente por Hegseth, según datos del Comando Sur, tuvo lugar el 23 de enero, resultando en un sobreviviente y dos víctimas mortales.
Fuente: Fuente