El Congreso de Guatemala se encuentra actualmente en el centro de una intensa vigilancia por parte de la comunidad internacional debido al proceso de designación de los nuevos magistrados que integrarán el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Diversos organismos globales han instado al legislativo guatemalteco a que, durante el próximo mes de marzo, se seleccionen perfiles con la idoneidad necesaria para bloquear cualquier intento de avance del crimen organizado dentro de las instituciones democráticas del país. Esta postura ha sido especialmente enfatizada por la Unión Europea, que ha demandado un proceso de selección transparente tras advertir señales de opacidad y falta de publicidad en las fases iniciales.
La alarma a nivel global se ha intensificado tras la presentación de una lista definitiva de 20 candidatos (seleccionados de un grupo original de 24 aspirantes) entregada recientemente por la comisión de postulación. En dicho listado, resalta la presencia de al menos seis abogados que cuentan con diversos señalamientos por corrupción. Entre ellos destaca Lesther Castellanos, quien en el año 2023 fue incluido en las sanciones de Estados Unidos, siendo calificado como un “actor corrupto y antidemocrático”.
Como consecuencia de estas designaciones, a Castellanos se le retiró el visado y se le prohibió el ingreso a territorio estadounidense. Expertos y diplomáticos han manifestado su profunda preocupación, señalando que la inclusión de perfiles bajo sospecha representa un riesgo crítico de infiltración de intereses delictivos en el organismo encargado de los comicios de 2027. En dicho proceso electoral se deberán elegir al próximo presidente, así como a los integrantes del Congreso y las alcaldías para el periodo comprendido entre 2028 y 2032.
Críticas de la Unión Europea a la falta de transparencia
La misión diplomática de la Unión Europea en territorio guatemalteco ha sido enfática al señalar que el procedimiento llevado a cabo por la comisión de postulación omitió las “entrevistas públicas” a los candidatos. Según el bloque europeo, esta ausencia de deliberación abierta “debilitó el proceso” y afectó negativamente su transparencia institucional. A pesar de estos cuestionamientos, la organización internacional ha exhortado a los diputados locales a priorizar la elección de magistrados aptos que cierren las puertas a las estructuras criminales en el ente electoral.
La comisión encargada de este proceso fue liderada por Walter Mazariegos, quien funge como rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC). Es importante recordar que Mazariegos ha sido objeto de medidas restrictivas por parte de Estados Unidos desde 2022, tras una elección universitaria considerada irregular y otros señalamientos por corrupción. En la conformación de este grupo de trabajo también participó Mynor Herrera, rector de la Universidad Panamericana y representante de las facultades privadas. La participación de Herrera ha sido cuestionada por su trayectoria como pastor religioso, lo cual podría entrar en conflicto con los requisitos establecidos para integrar dicha instancia de postulación.
Advertencias de Estados Unidos sobre el narcotráfico
La situación ha escalado en el ámbito diplomático con las declaraciones de John Barrett, quien actúa como encargado de Negocios de la embajada de Estados Unidos en Guatemala. Barrett cuestionó con dureza los resultados de la comisión de postulación, señalando los peligros de la lista presentada. Según sus palabras:
“Las autoridades universitarias guatemaltecas abrieron las puertas a organizaciones criminales y narcotraficantes con sus selecciones para el TSE”.
Este fuerte pronunciamiento del representante norteamericano coincide con las preocupaciones de la Unión Europea sobre la vulnerabilidad del máximo órgano electoral ante actores ilegales. En este contexto, una delegación de diputados del Parlamento Europeo se desplazó hasta Guatemala durante esta semana para realizar una observación directa del proceso de elección, el cual se considera fundamental para la integridad de la lucha contra la corrupción en la nación centroamericana.
El Congreso de Guatemala enfrenta ahora la responsabilidad histórica de definir quiénes regirán el Tribunal Supremo Electoral durante el periodo 2026-2032. La decisión final se tomará bajo una presión externa sin precedentes, donde la idoneidad de los seleccionados será el factor determinante para la estabilidad democrática del país.
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