El mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, ha lanzado una advertencia contundente tras la reciente resolución del Tribunal Supremo sobre el régimen de aranceles. Según el jefe de Estado, esta decisión judicial le otorga facultades ejecutivas más amplias en el ámbito comercial internacional, lo que facilitaría la imposición de tasas impositivas más severas o medidas de represalia contra naciones que, bajo su visión, han afectado la estabilidad económica estadounidense durante años. Trump sostiene que, amparado en este último dictamen, ya no requerirá la autorización del Congreso para decretar nuevos aranceles, enfatizando que el fallo judicial robustece su capacidad de acción como presidente.
A través de un extenso pronunciamiento en sus redes sociales, el presidente norteamericano criticó la postura de la máxima instancia judicial del país. En su mensaje, Trump afirmó que el tribunal
«hizo un gran trabajo para las personas equivocadas»
al emitir una sentencia que invalida una parte sustancial de la estrategia de comercio exterior diseñada por la Casa Blanca. No obstante, el mandatario recalcó que este escenario, pese a ser inicialmente adverso para su administración, establece una plataforma jurídica más firme para incrementar la coacción sobre sus socios comerciales mediante gravámenes. El líder republicano argumentó que
«los jueces han aprobado todos los demás aranceles»
, lo que permitiría emplearlos a partir de ahora
«de una manera mucho más poderosa y atroz»
, aprovechando la certidumbre legal que emana de dicha resolución.
Independencia frente al Poder Legislativo
En su defensa del posicionamiento ejecutivo, Donald Trump subrayó que no tiene intención de tramitar nuevas solicitudes ante el Poder Legislativo para la aplicación de impuestos a las importaciones. Bajo la premisa de que
«ya se ha obtenido [la aprobación], de muchas maneras, hace mucho tiempo»
, el mandatario interpretó que el pronunciamiento del Supremo funciona como una ratificación implícita de sus facultades. Lejos de considerar que la justicia limitó su campo de acción, Trump describió la sentencia como
«ridícula, estúpida y divisiva»
, señalando además que la Corte Suprema, de forma
«accidental e involuntariamente»
, terminó por concederle un poder superior como máximo responsable del Ejecutivo federal.
Dentro de los argumentos expuestos, se incluyeron advertencias directas hacia las naciones que busquen sacar ventaja de lo que el presidente denominó una decisión judicial absurda. Trump enfatizó que aquellos países que han «estafado» a Estados Unidos por décadas podrían encarar en el corto plazo aranceles
«mucho más altos, y peor, que los recientemente acordados»
. Esta postura reafirma la política de endurecimiento de la administración actual frente a terceros países que son vistos como causantes de desequilibrios comerciales que perjudican la economía local.
La controversia sobre la ciudadanía por nacimiento
Sumado al conflicto comercial, Donald Trump también adelantó sus expectativas sobre otro tema de alta sensibilidad política: la acción ejecutiva contra la ciudadanía automática por nacimiento en suelo estadounidense. El mandatario sugirió que existe el riesgo de que los jueces supremos dicten una resolución que favorezca los intereses de China y otros estados que, en su opinión, sacan provecho de la legislación vigente. Al respecto, el presidente manifestó que
«esta Corte Suprema encontrará la manera de llegar a la conclusión equivocada, una que, una vez más, hará felices y ricas a China y a varias otras naciones»
.
En la actualidad, los miembros del Tribunal Supremo, cuya mayoría es de tendencia conservadora, deben evaluar si es constitucional la orden ejecutiva firmada por Trump al inicio de su gestión, cuyo objetivo es suprimir el derecho de ciudadanía automática estipulado en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución. Dicha enmienda establece que todas las personas nacidas o naturalizadas en la nación, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos. Este derecho fue ratificado históricamente en el caso Wong Kim Ark de 1898, cuando la Corte reconoció la ciudadanía de un hijo de inmigrantes chinos tras la aplicación de la Ley de Exclusión China de 1882.
La postura de la administración Trump se basa en una interpretación sumamente restrictiva de la cláusula «sujeto a su jurisdicción», con el fin de impedir que los hijos de inmigrantes en situación irregular accedan a la nacionalidad por nacimiento. El argumento central del Ejecutivo cuestiona la lealtad de los progenitores extranjeros nacidos fuera del territorio norteamericano, lo cual, según su visión, justificaría la restricción de derechos constitucionales para sus descendientes nacidos dentro de las fronteras del país.
Estos sucesos recientes ponen de manifiesto la creciente tensión y el clima de confrontación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial bajo el mandato de Trump. A pesar de que el Tribunal Supremo cuenta con una mayoría de magistrados conservadores, las discrepancias profundas en materias de inmigración y comercio exterior son evidentes, quedando plasmadas en los ataques públicos del presidente y el escrutinio social sobre los dictámenes judiciales de última instancia.
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