Foro Penal busca amnistía para 232 presos políticos en Venezuela

La organización no gubernamental Foro Penal, reconocida por su labor en la defensa de los derechos humanos, ha comunicado su intención de consignar ante el Parlamento una relación detallada de 232 casos de ciudadanos privados de libertad por causas políticas. El objetivo primordial de esta acción es asegurar que estos individuos sean incluidos en los beneficios de la recientemente aprobada Ley de Amnistía.

Esta medida surge como una respuesta para garantizar que las víctimas de abusos sistemáticos a sus derechos no queden al margen de las disposiciones legales que se han implementado en el país tras el cambio de mando.

De acuerdo con las declaraciones de Gonzalo Himiob, quien se desempeña como director vicepresidente de la organización, el trámite de entrega se formalizará ante la comisión de seguimiento del Parlamento tan pronto como la normativa sea difundida de manera oficial en la Gaceta Oficial.

Gonzalo Himiob advirtió que la nueva ley deja fuera a la mayoría de los presos políticos (Reuters)

El informe técnico, que ya se encuentra redactado para su presentación, enfatiza la necesidad de revisar estos expedientes específicos, dado que una gran proporción de las personas mencionadas permanecen actualmente fuera del alcance de la amnistía establecida en la nueva legislación.

Cabe recordar que la Ley de Amnistía fue ratificada durante la jornada del jueves por la presidenta interina, Delcy Rodríguez. Tras recibir el aval parlamentario, el documento fue suscrito con la orden de iniciar una auditoría inmediata de los procesos judiciales ligados a la conflictividad política del país desde el año 1999.

Delcy Rodríguez firmó la Ley de Amnistía como presidenta interina de Venezuela (Europa Press)

El marco jurídico contempla el perdón legal para aquellos ciudadanos que enfrentan investigaciones o sentencias por actos relacionados con protestas sociales, incidentes de violencia y eventos electorales. Esto incluye, de manera relevante, los sucesos ocurridos tras los comicios presidenciales de 2024, periodo en el cual se reportaron detenciones en masa a nivel nacional.

No obstante, la aplicación de la norma presenta restricciones significativas:

  • Se limita exclusivamente a trece coyunturas políticas puntuales.
  • Estas etapas están comprendidas dentro del periodo que va desde 1999 hasta la actualidad.
  • Debido a esta selectividad, las detenciones ocurridas en quince de los veintisiete años que abarca el cronograma de la ley quedarían fuera de su protección.

Las proyecciones del Foro Penal sugieren un panorama complejo. Se estima que al menos 400 presos políticos podrían continuar tras las rejas al ser excluidos del beneficio, mientras que aproximadamente 300 personas sí lograrían su libertad, aunque esta cifra final está sujeta a la ejecución efectiva de la normativa.

Los familiares exigen la liberación inmediata de todos los presos políticos (Reuters)

Por su parte, Alfredo Romero, director presidente de la ONG, calificó la sanción de esta ley como una victoria lograda por las familias de los detenidos. Sin embargo, lanzó una advertencia clara sobre la situación actual, señalando que persiste la represión estructural en el sistema.

Alfredo Romero calificó la amnistía como un logro de los familiares de los presos políticos (EFE)

Romero también aclaró que la amnistía no representa un requisito indispensable para concretar las liberaciones. En este sentido, defendió la permanencia del ritmo de las excarcelaciones que el gobierno encargado inició el pasado 8 de enero. Según los registros verificados por la organización, hasta el 18 de febrero se ha podido confirmar la salida de prisión de 448 personas.

En este escenario, la Asamblea Nacional de Venezuela ha instaurado una comisión especial de supervisión para velar por el cumplimiento de la norma firmada por Delcy Rodríguez. El diputado Jorge Arreaza, quien lidera este grupo de trabajo, señaló que el monitoreo se dividirá por sectores estratégicos para mantener informada a la ciudadanía sobre cada etapa del proceso.

Jorge Arreaza anunció que el seguimiento parlamentario será organizado por áreas específicas (Reuters)

Finalmente, la ley establece que los beneficiarios deben comparecer ante las instituciones correspondientes. Para quienes se encuentran en el exilio, se permitirá la representación mediante abogados, garantizando que no podrán ser aprehendidos durante el curso del trámite oficial. Es importante destacar que este impulso legislativo se consolidó tiempo después de que el exdictador Nicolás Maduro fuera detenido en territorio estadounidense a inicios del año 2026.

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