El presidente de Colombia, Gustavo Petro, firmó el 19 de febrero ante una multitud un nuevo decreto del aumento del salario mínimo para este año, como se lo ordenó hace una semana el máximo tribunal administrativo del país, y mantuvo el incremento en el 23,7 %.
El salario mínimo «es el mismo que decretamos en diciembre de 2025. No echamos para atrás, firmamos y se entrega al Consejo de Estado, cumpliendo sus órdenes, acatando, poniendo los estudios técnicos, científicos, de la economía clásica en Colombia», expresó Petro al exhibir el documento firmado a la multitud que lo acompañó en la Plaza de Bolívar de Bogotá.
En diciembre pasado, el mandatario decretó un aumento del 23,7 % del salario mínimo después de que la comisión de concertación integrada por el Gobierno, los gremios empresariales y las centrales obreras no lograra acordar el porcentaje del ajuste.
La medida fue presentada como la implantación del «salario mínimo vital» y para este año quedó en dos millones de pesos mensuales (unos 546 dólares), incluyendo el auxilio de transporte.
El incremento, el más alto en este siglo en el país, fue ampliamente criticado en su momento por sectores empresariales y analistas económicos, que advirtieron sobre su posible impacto en la inflación y el empleo.
En ese sentido, el Consejo de Estado suspendió provisionalmente el viernes pasado el decreto y le ordenó al Gobierno expedir uno nuevo que sustente técnicamente esa subida.
«Metimos los estudios de salario relativo, de productividad laboral, de canasta mínima vital, todos los que pidió (el alto tribunal) y ahora tenemos el nuevo decreto», expresó Petro ante miles de jóvenes, trabajadores y sindicatos a los que convocó a manifestarse en defensa del llamado «salario vital».
El mandatario también señaló que el aumento del salario «tendrá que progresar el otro año» cuando ya haya asumido el Gobierno que lo va a suceder el 7 de agosto próximo.
«Este año nos dará más productividad para que el salario vital del 2027, decretado un 31 de diciembre de 2026 (…) pueda acabar esta obra histórica, que es el primer salario vital de la historia de Colombia o por lo menos (desde que entró en vigor) la Constitución de 1991», añadió Petro.
La convocatoria de este jueves no estuvo exenta de críticas, pues varios sectores consideran que la iniciativa del Gobierno -de mantener el porcentaje y buscar respaldo ciudadano en las calles- constituye una presión indebida frente a la autonomía judicial y va en contravía del principio de separación de poderes contemplado en la Constitución.
En ese sentido, el mandatario señaló: «No se trata de pelear por unas monedas (…) sino lo que hay detrás que no es más que tener una existencia digna, una posibilidad para el trabajador hombre y mujer de llevar lo indispensable, lo mínimo vital, para su hogar»
«El presidente no está aquí para proponer un irrespeto a la Justicia, pero debe haber justicia», añadió Petro.
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