A lo largo de los últimos diez años, la República de Perú ha sido gobernada por ocho presidentes distintos, una cifra alarmante que esconde una realidad institucional crítica: únicamente dos de ellos fueron elegidos mediante el voto popular. El resto de los mandatarios accedió al Palacio de Gobierno a través de los mecanismos de sucesión constitucional, motivados por renuncias voluntarias, procesos de destitución o censuras ejecutadas por el Legislativo. Tras la reciente salida de José Jerí, quien solo permaneció cuatro meses en la jefatura del Estado, se ha reavivado la discusión sobre una crisis política que ha dejado de ser coyuntural para volverse estructural en la nación andina.
Esta rotación incesante de jefes de Estado evidencia un deterioro significativo de la institucionalidad y un giro notable del poder hacia el Congreso de la República. En el escenario actual, el Parlamento se ha consolidado como el ente con la capacidad real de determinar la permanencia o remoción de los gobiernos, operando sin la mediación de partidos políticos con bases sólidas.
El rol del Parlamento en la remoción de mandatarios
La censura contra José Jerí fue ratificada con un respaldo de 75 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones durante una sesión extraordinaria del pleno celebrada el pasado 17 de febrero. Con este veredicto, el cuerpo legislativo removió al cuarto presidente en un periodo menor a seis años, reafirmando su posición como el actor dominante en el tablero político peruano.
La base legal para esta moción surgió tras una serie de investigaciones fiscales y denuncias públicas. Entre los señalamientos más graves se encuentran reuniones no registradas con el ciudadano chino Zhihua Yang —un escándalo bautizado por la prensa local como el “Chifagate”— además de supuestas anomalías en procesos de contratación estatal relacionados con encuentros nocturnos en la sede de Gobierno. Tanto el Ministerio Público como la Comisión de Fiscalización del Congreso iniciaron las diligencias que terminaron por socavar la autoridad del presidente interino.
Previo a la votación definitiva, el pleno del Congreso desestimó una cuestión previa que intentaba detener la censura para dar paso a un proceso de vacancia. Finalmente, la mayoría de los legisladores prefirió la salida inmediata, provocando un nuevo proceso de sucesión en el Poder Ejecutivo.
Hacia un modelo de parlamentarismo distorsionado
Desde la perspectiva del analista político Alonso Cárdenas, docente de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, la situación actual confirma que el sistema presidencialista tradicional en Perú ha colapsado. En declaraciones ofrecidas a medios informativos, el experto sostuvo que el país vive una variante deformada de parlamentarismo.
“No se trata de un modelo institucional ordenado, sino de uno improvisado, sin partidos fuertes que estructuren el poder”
Cárdenas advirtió que factores como la fragmentación de las fuerzas políticas y la falta de reformas estructurales —tales como la obligatoriedad de elecciones primarias o la regulación de candidaturas— han dado como resultado presidentes sumamente débiles, quienes se encuentran bajo el asedio constante de la presión parlamentaria.
Una década marcada por la inestabilidad y procesos legales
Desde el año 2016, ocupar la presidencia en Perú se ha vuelto un ejercicio de alta vulnerabilidad. El ciclo de inestabilidad se agudizó con Pedro Pablo Kuczynski, quien presentó su renuncia en 2018 para evitar una vacancia inminente, tras verse salpicado por pagos del caso Odebrecht y la difusión de los polémicos “Mamanivideos”.
Su sucesor, Martín Vizcarra, fue apartado de su cargo en 2020 bajo la figura de incapacidad moral. Posteriormente, Vizcarra recibió una condena de 14 años de cárcel por la recepción de sobornos durante su etapa como gobernador regional.
Posteriormente, el mandato de Manuel Merino tuvo una duración efímera de apenas cinco días, concluyendo tras masivas protestas sociales que resultaron en la muerte de dos jóvenes. En su lugar, Francisco Sagasti tomó las riendas del país en un gobierno de transición enfocado en la gestión de la pandemia de COVID-19 y la convocatoria a nuevos comicios.
Del mandato popular al quiebre del orden constitucional
El último gobernante en ser ungido por la voluntad ciudadana en las urnas fue Pedro Castillo en 2021. Sin embargo, su administración enfrentó constantes crisis de gabinete, investigaciones fiscales y un choque frontal con el Legislativo. El 7 de diciembre de 2022, Castillo intentó un autogolpe al tratar de disolver el Congreso y gobernar mediante decretos. Fue destituido esa misma jornada y hoy cumple una condena de 11 años y seis meses de prisión.
Tras este evento, Dina Boluarte asumió la jefatura de Estado. Su periodo estuvo marcado por una profunda crisis social, denuncias por corrupción y fuertes críticas internacionales debido al uso de la fuerza pública en las manifestaciones. Su mandato finalizó con una vacancia a finales de 2025.
La ambigüedad de la «incapacidad moral»
Un factor determinante en esta sucesión de mandatos ha sido el uso recurrente de la incapacidad moral permanente como herramienta constitucional. Al carecer de límites precisos, su interpretación queda sujeta a la voluntad de las mayorías políticas en el Congreso para efectuar destituciones.
Pese a que el Tribunal Constitucional ha señalado en diversas ocasiones que esta medida debe ser estrictamente excepcional y estar sujeta a reglas claras, en el ejercicio práctico se ha transformado en un recurso político que mantiene al Ejecutivo en una posición de amenaza permanente.
Conclusión: La inestabilidad como regla general
Las estadísticas del país son contundentes: ocho mandatarios en diez años, con solo dos elegidos por voto directo. La lista incluye presidentes destituidos, procesados judicialmente y condenados. Mientras el Congreso inicia el proceso para designar al que será el novavo presidente en una década, la nación sigue sumida en una falta de gobernabilidad que supera los nombres propios. En Perú, la crisis política ha dejado de ser una excepción para convertirse en la norma cotidiana.
Fuente: Fuente