Inestabilidad en Perú dispara demanda de fideicomisos y blindaje local

La profunda incertidumbre política que atraviesa Perú, agravada por la reciente censura de José Jerí como titular del Congreso y mandatario interino de la República, ha generado una respuesta inmediata en el mercado financiero: un incremento sustancial en el interés por herramientas de protección patrimonial y fideicomisos.

De acuerdo con un análisis detallado de la firma TMF Group, estos mecanismos de resguardo están ganando terreno rápidamente en el país. El fenómeno responde a la necesidad de ciudadanos, grupos familiares y corporaciones de blindar sus activos frente a un panorama donde la inestabilidad institucional y la desconfianza en la dirección política de la nación se vuelven cada vez más profundas.

Crisis política y el fantasma de la fuga de capitales

Los analistas de la consultora destacan que la agudización de la crisis y la cercanía de la primera vuelta presidencial, estipulada para el próximo 12 de abril, han disparado la percepción de riesgo en todos los niveles. La falta de claridad sobre quién tomará las riendas del gobierno interino y la ausencia de garantías sobre la estabilidad futura han motivado a los inversionistas a buscar refugios que aíslen su capital de la turbulencia política actual, sin que esto implique necesariamente sacar el dinero del territorio peruano.

Este comportamiento tiene antecedentes directos. Durante el ciclo electoral del año 2021, Perú experimentó una salida masiva de recursos. Según datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), las reservas internacionales sufrieron una caída aproximada de 9.000 millones de dólares. Aunque una parte de ese capital se mantuvo en efectivo dentro de las viviendas de los ahorristas, la tendencia general evidenció un temor latente ante posibles medidas de carácter confiscatorio, modificaciones tributarias drásticas o riesgos directos contra la propiedad privada, según reporta TMF Group.

Fideicomisos locales como alternativa al mercado offshore

Históricamente, el envío de fondos a jurisdicciones extranjeras u offshore era la opción predilecta para quienes buscaban protegerse de la inconstancia del Estado. Sin embargo, Geraldo Arosemena, managing director de TMF Group para Perú y Bolivia, explica que dicha alternativa ha perdido atractivo debido a los elevados costos legales, la rigurosa fiscalización internacional y la complejidad operativa que conlleva gestionar activos fuera de las fronteras mientras se sigue operando localmente.

Ante este escenario, el uso de fideicomisos constituidos en Perú se ha convertido en la solución más recurrente. La motivación principal es la separación jurídica de los bienes respecto a los riesgos políticos y personales, delegando la administración a entidades fiduciarias autónomas protegidas por el marco legal vigente. Arosemena subraya que esta tendencia se fortalece ante la visión de un sistema político incapaz de ofrecer seguridad mínima para la inversión. Entre las ventajas principales que ofrece este esquema se encuentran:

• Protección patrimonial efectiva: Los bienes se mantienen fuera del alcance de procesos judiciales, embargos o decisiones administrativas arbitrarias.
• Transparencia y control: Las pautas de gestión se establecen desde el inicio y un tercero independiente supervisa su cumplimiento sin injerencias políticas.
• Eficiencia operativa: Mantener el capital en el país permite reaccionar a oportunidades de negocio locales y reduce costos de deslocalización.
• Menor exposición fiscal internacional: Se evitan las complicaciones y reportes exigidos por regulaciones transfronterizas.
• Flexibilidad: Permiten una planificación adecuada para sucesiones, garantías y flujos de caja según las necesidades del constituyente.

Un reflejo de la crisis de confianza estructural

Como punto final, Geraldo Arosemena enfatiza que el auge de estas estructuras financieras es, esencialmente, un síntoma de la desconfianza estructural que impera en el sistema jurídico y político peruano. El hecho de que cada vez más familias y empresarios decidan blindar sus recursos de forma permanente, y no solo durante el periodo electoral, demuestra que existe una percepción arraigada de que el país no podrá garantizar seguridad jurídica plena en el mediano plazo.

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