Nuevas denuncias por sobornos y complot sacuden a la Policía Nacional

La controversia en torno a las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre una presunta conspiración en su contra ha tomado un nuevo giro. Recientemente, se ha detectado un nuevo mensaje de origen anónimo que profundiza en las acusaciones de irregularidades dentro de la Policía Nacional, señalando específicamente supuestos actos de corrupción y sobornos por parte de oficiales de la institución.

Suplantación de identidad en el centro de la polémica

Este nuevo reporte surge de la misma cuenta de correo electrónico que anteriormente provocó la salida del general Edwin Urrego. No obstante, el titular de dicha cuenta, el abogado José Fernando Picalúa Ochoa, ha manifestado formalmente que su identidad fue suplantada. A pesar de esta aclaración, en la tarde del miércoles 18 de febrero se identificó el envío de otro mensaje que vincula a miembros de la fuerza pública con el cobro de dádivas ilícitas.

Las investigaciones preliminares indican que estas tácticas de suplantación han generado una crisis interna en la Policía, concentrándose principalmente en las zonas de Barranquilla y Puerto Colombia, en el departamento del Atlántico. Los registros muestran que estos incidentes ocurrieron inicialmente entre febrero y agosto de 2025, con nuevos episodios detectados posteriormente en julio y octubre del mismo año.

El origen de las denuncias de complot

El trasfondo de esta situación se remonta al 10 de febrero, cuando durante un consejo de ministros celebrado en Montería, el mandatario Gustavo Petro alertó sobre la existencia de un plan coordinado para desestabilizar su gestión. Tras estas afirmaciones, comenzó a circular una serie de denuncias anónimas dirigidas contra oficiales que resultaban incómodos para ciertos sectores del Ejecutivo.

Uno de los nombres más relevantes en este escenario es el del brigadier general Edwin Urrego, quien fue llamado a calificar servicios tras desempeñarse en unidades de Barranquilla y Cali. Asimismo, se ha gestionado el retiro del coronel Óscar Moreno mediante decreto oficial. Ambos uniformados, junto a figuras como el político Álex Char y el ministro Armando Benedetti, han sido mencionados en informes de inteligencia que sugieren un supuesto plan para incriminar al equipo presidencial mediante la manipulación y siembra de sustancias ilícitas.

Investigaciones por prevaricato y sobornos

Se ha revelado que uno de los correos anónimos utilizaba la dirección personal del veedor José Fernando Picalúa Ochoa. Según datos vinculados al Gobierno, el informe citado por el ministro Benedetti habría sido redactado por un integrante de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) con el objetivo de relacionar a los oficiales con redes delictivas y actores políticos en Barranquilla.

Un mensaje específico de octubre de 2025 detalla una estrategia para culpar a Petro y a Benedetti de un decomiso de estupefacientes que habrían sido colocados intencionalmente. Paralelamente, existe otro caso de suplantación fechado el 21 de julio de 2025, donde se denuncian pagos irregulares y el delito de prevaricato por omisión.

La respuesta de las autoridades y el afectado

La Fiscalía notificó a Picalúa sobre estas denuncias y solicitó su ampliación, dado que los cargos incluyen concusión contra oficiales en el Atlántico. Este proceso coincidió con operativos realizados en sectores exclusivos de Puerto Colombia relacionados con la ocupación ilegal de tierras. Agentes de la Dijín enviaron requerimientos al abogado para validar la información enviada a través del sistema de PQRS.

En una de las comunicaciones oficiales se lee lo siguiente:

“Apreciado ciudadano. Me permito comunicar que su queja tramitada por presuntos hechos de corrupción cometidos al parecer por un señor oficial en el municipio de Puerto Colombia, fue radicada en la fecha 21-07-2025. Sin embargo, una vez verificada dentro del mismo formato de queja, es necesario que se brinde información más amplia con referencia a los hechos denunciados, indicios donde se evidencie de manera más explícita para determinar en tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos, así como la participación del mencionado oficial (…) Lo anterior se da a entender que, cualquier trámite de apertura de investigación de carácter penal se requieren unos requisitos mínimos»

El 6 de agosto, se le informó a Picalúa sobre la apertura de una noticia criminal en la Fiscalía 60 de la seccional Atlántico. Ante esto, el abogado respondió tajantemente por escrito:

“Respetado señor investigador: adjunto escrito remitido a la Fiscalía en donde se aclara que no he interpuesto ni noticia criminal ni mucho menos queja dentro del radicado de referencia. Desconozco su contenido, a través de fuente anónima, utilizando fraudulentamente mi correo electrónico como medio de notificación, lo que quiere decir que ambas actuaciones son espurias”

José Fernando Picalúa Ochoa reafirmó ante las autoridades ser víctima de un montaje:

“Una vez enterado, me doy cuenta que utilizaron el nombre de mi correo colocando en la falsa denuncia de fuente anónima como medio de notificación, por lo que se puede inferir que se trata posiblemente de una vil patraña para cumplir algún propósito delictivo, utilizando la misma administración de justicia”

Hasta el momento, mientras Edwin Urrego ya no forma parte de la institución, el proceso administrativo contra Óscar Moreno sigue su curso. Picalúa sostiene que estas acciones buscan entorpecer el debido proceso y afectar gravemente la carrera de los oficiales implicados.

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