En un nuevo episodio de volatilidad institucional, el Congreso de la República del Perú determinó este martes la destitución del presidente José Jerí. El mandatario, que apenas alcanzó a cumplir cuatro meses en la jefatura del Estado, había asumido el poder tras la vacancia de su antecesora, Dina Boluarte.
Motivos de la censura parlamentaria
La decisión del Poder Legislativo de votar a favor de la censura y remoción de Jerí se fundamentó en la falta de transparencia del gobernante respecto a sus encuentros privados con empresarios de origen chino, quienes actualmente se encuentran bajo el radar de investigaciones gubernamentales. Este evento marca un hito más en la crisis política de una nación que ha visto desfilar a sus líderes con una celeridad poco común en la región.
José Jerí, de 39 años de edad y quien previamente se desempeñó como jefe del Parlamento, llegó a la presidencia encargada el pasado mes de octubre. Su ascenso ocurrió precisamente tras liderar el proceso de destitución de la anterior mandataria. Con su salida, se convierte en el sexto presidente peruano en la última década que no logra concluir su periodo constitucional, sumándose a una lista que incluye a un dirigente que renunció apenas unos días después de juramentar.
Detalles de la votación y sucesión inmediata
El proceso de control político concluyó con la aprobación de siete mociones de censura, registrando 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones. De acuerdo con el procedimiento establecido y las opiniones de expertos constitucionalistas, la presidencia permanecerá vacante de forma momentánea hasta que la legislatura elija a un sucesor este miércoles.
Este escenario ocurre en plena cuenta regresiva para los comicios generales, previstos para el 12 de abril, con el objetivo de realizar la transferencia formal del mando el 28 de julio. Es importante señalar que Jerí no figura como candidato, ya que la normativa peruana prohíbe la reelección presidencial inmediata.
El escándalo de los videos y los vínculos bajo sospecha
La caída del mandatario se aceleró tras la difusión de tres piezas audiovisuales el mes pasado. En las imágenes se observa a Jerí ingresando a un establecimiento comercial y a un restaurante en Lima, ambos propiedad de Yang Zhihua, un próspero empresario chino bajo vigilancia estatal. Los reportes de la prensa local destacaron una coincidencia temporal sospechosa: un organismo regulador del gobierno central anuló una normativa municipal que había provocado la clausura de uno de los locales de Yang, apenas tres días después de que se ordenara dicho cierre.
Aunque José Jerí confirmó la autenticidad de las grabaciones, admitió durante un interrogatorio legislativo que no registró estas visitas en su agenda oficial, un requisito obligatorio por ley para los presidentes en Perú. Durante su comparecencia, el ahora exmandatario se negó a entregar sus registros de comunicaciones telefónicas y sostuvo que su vínculo con Yang era previo a su gestión presidencial. Sobre las compras realizadas en dichos locales, Jerí afirmó que el empresario no aceptó el pago por unas pinturas y golosinas
«porque tuvo una gentileza conmigo»
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Impacto político y social
Las justificaciones del entonces presidente no detuvieron la presión política. Legisladores de diversas bancadas exigieron su salida inmediata, mientras la Fiscalía General iniciaba una indagación por presunta corrupción vinculada a sus nexos con Yang. Por su parte, Jerí intentó defenderse alegando que las filtraciones eran una estrategia de sus opositores para influir en las próximas elecciones. Sin embargo, su respaldo popular se vio seriamente afectado, cayendo 10 puntos porcentuales desde el 51% de aprobación que ostentaba antes del escándalo.
La situación se tornó más compleja cuando el programa televisivo Cuarto Poder reveló que otro empresario, Ji Wu Xiaodong —quien cumple arresto domiciliario por una investigación de tala ilegal—, visitó el palacio de gobierno en tres ocasiones durante el corto mandato de Jerí. Ante esto, el mandatario alegó que Ji Wu era solamente un conocido de Yang y que no mantenía una relación cercana con él.
Un patrón histórico de inestabilidad
La remoción de Jerí es un síntoma de la profunda crisis institucional que atraviesa el país. Desde el año 2016, casi todos los mandatarios han enfrentado procesos judiciales, renuncias forzadas o investigaciones criminales. Este evento sucede apenas cuatro meses después de la salida de Dina Boluarte, cuya gestión estuvo marcada por una baja popularidad y el descontento social ante la inseguridad ciudadana.
Cabe recordar que Boluarte llegó al poder en 2022 tras el fallido intento de Pedro Castillo de disolver el Congreso y reestructurar el sistema de justicia. Castillo fue arrestado rápidamente y el año anterior recibió una sentencia de más de 10 años de prisión por conspiración para la rebelión.
La lista de expresidentes con problemas legales es extensa en Perú:
- Alejandro Toledo (2001-2006): Sentenciado a 20 años de cárcel por recepción de sobornos.
- Ollanta Humala (2011-2016): Hallado culpable de lavado de activos relacionados con la constructora Odebrecht.
- Alberto Fujimori: Quien gobernó en los años 90 y cumplió una larga condena por delitos de corrupción y violaciones a los derechos humanos hasta su indulto en 2023. Fujimori falleció en 2024 a la edad de 86 años.
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