Desde finales del año pasado el oficialismo, representado en el Ejecutivo y en el Legislativo, ha hecho al menos siete “movidas” que mostrarían lo que busca hacer con la justicia del país; estas tienen que ver, principalmente, con el trabajo del Consejo de la Judicatura (CJ), que es el órgano de gobierno y disciplina de la Función Judicial.
El objetivo final es depurar al sistema de justicia como parte de su estrategia de lucha contra el crimen organizado, según han dicho algunos ministros de Estado en entrevistas de prensa.
Aunque para abogados y sectores políticos de oposición esto en realidad busca controlarlo y reformarlo a la medida de Daniel Noboa.
1. Sin terna del Ejecutivo para elegir al Consejo de la Judicatura
En diciembre del 2024, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) pidió a las cinco instituciones que nominan a los integrantes del Consejo de la Judicatura (CJ) que envíen sus ternas de candidatos para iniciar el proceso de selección ya que a fines de enero del 2025 culminaba el periodo de seis años de sus vocales en funciones.
Tanto la Corte Nacional de Justicia como la Defensoría Pública, la Fiscalía General del Estado y la Asamblea Nacional cumplieron con lo solicitado. Pero no la Presidencia de la República, que hasta la fecha no la envía, y tampoco ha explicado las razones.
El proceso de selección del CPCCS no culminó antes de la fecha tope por lo cual los actuales vocales están con funciones prorrogadas.
2. La Constituyente y la Judicatura
En la campaña de segunda vuelta, entre marzo y abril pasados, el entonces presidente-candidato Daniel Noboa planteó hacer una asamblea constituyente para reformar algunos temas de derechos que, a su juicio, entorpecían la lucha contra la delincuencia, pues protegían a los criminales, y otros como la eliminación del CPCCS.
Pero cuando le preguntaban si era necesario desaparecer, también, a la Judicatura, luego de las múltiples quejas de los operadores de justicia y los casos de corrupción que se evidenciaron en los procesos penales Metástasis, Purga, Plaga y otros, él respondía que no porque ese es el modelo que se aplica en países desarrollados.
3. La aplanadora llega a la Asamblea y echa abajo la terna del CJ ya enviada
El 14 de mayo del 2025, una mayoría integrada por legisladores del oficialismo, parte de Pachakutik e independientes tomó el control del Consejo de Administración Legislativa (CAL) y de las principales comisiones especializadas.
Y una de sus primeras acciones, el 5 de junio siguiente, fue echar abajo la terna que ya había enviado meses antes la Asamblea al CPCCS para que avance en la selección de los nuevos integrantes de la Judicatura. Esto fue cuestionado por los sectores de oposición que afirmaron que la Ley Orgánica de la Función Legislativa no lo permitía.
El argumento del legislador oficialista Henry Bósquez fue que la “vieja Asamblea”, liderada por la anterior presidenta (la correísta Viviana Veloz), “en su desesperación”, envió en los últimos días de su gestión la terna de vocales de la Judicatura, la cual beneficiaba “a un grupo político y a sus aliados”.
Hasta la fecha, la Asamblea no elige una nueva terna.
4. Gobierno expone a jueces y fiscales que liberan delincuentes, y habla de una depuración urgente
A la par, en las últimas semanas, el gobierno de Noboa inició una “cruzada” contra los jueces y fiscales que dan medidas cautelares a los delincuentes que son aprehendidos en los operativos que realiza el Bloque de Seguridad; y los dejan en libertad.
Los ministros del Interior, Defensa y Gobierno, John Reimberg, Giancarlo Loffredo y José de la Gasca, en su orden, han posicionado este tema en el debate público diciendo que la justicia está podrida y eso tiene que visibilizarse y solucionarse, pues, de lo contrario, los esfuerzos del Gobierno por luchar contra los grupos criminales serán en vano.
En esa línea, anunciaron que se expondría públicamente a los jueces que liberen a los criminales y a los fiscales que no los acusen, y que se investigará sus patrimonios y los de sus familiares.
5. Comisión de Fiscalización al ataque
En esa línea, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, presidida por el legislador oficialista Ferdinan Álvarez, inició hace dos semanas un proceso de fiscalización a la actuación de jueces y fiscales.
Para ello ha convocado a los ministros del Interior y Defensa, así como al fiscal general encargado, Wilson Toainga, al presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, y a otras autoridades del área de seguridad.
En una entrevista con EL UNIVERSO, el legislador Álvarez aseguró que, más allá de presentar un informe con sus hallazgos y recomendaciones de sanciones, lo que espera es que surjan propuestas de reformas legales y hasta constitucionales para fortalecer a la administración de justicia.
6. Ley de Integridad Pública, una nueva ‘ley trole’
El 28 de mayo pasado, el presidente Daniel Noboa envió al Parlamento un segundo proyecto de ley urgente en materia económica.
Se titulaba Ley Orgánica de Innovación y Fortalecimiento de la Gestión Pública, y versaba sobre reformas al sistema de contratación pública.
Pero entre el primer y el segundo debate cambió de nombre a Ley de Integridad Pública, y se introdujeron reformas a por lo menos 20 cuerpos legales, entre ellos el Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ) y el Código Orgánico Integral Penal (COIP), estas últimas relacionadas con el control a jueces y fiscales.
En el primer caso se introdujo una reforma para permitir que el presidente de la Judicatura resuelva declarar en emergencia a la Función Judicial y, en ese marco, evaluar jueces y fiscales, removerlos y reemplazarlos con procedimientos expeditos; así como hacer contrataciones de bienes y servicios de emergencia.
Y en el segundo, se da paso a sanciones contra jueces y fiscales que cometan prevaricato con penas que van de siete a trece años de prisión, y la inhabilitación para el ejercicio profesional o de cargos públicos por el doble de la condena recibida.
También se hicieron reformas relacionadas con las deportaciones de extranjeros que cometan delitos en el país, el juzgamiento de menores infractores, cambios en la Junta Monetaria y Financiera, y de la designación del gerente del Banco Central del Ecuador, evaluaciones a cooperativas de ahorro y crédito, estabilidad laboral… Y, sí, también, a la contratación pública.
7. El CPCCS cierra el círculo
Mientras se estaba debatiendo la Ley de Integridad Pública, un abogado, Fernando Illanes Vela, presentó en el Consejo de Participación un pedido para que revise una “situación inusual” en la terna de candidatos a la Judicatura enviada por la Corte Nacional, y de la cual sale quien preside ese organismo.
Illanes indicó que uno de los postulantes, Édison Toro, es conjuez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y, por tanto, no puede ser parte de la terna.
El CPCCS sesionó la mañana de este miércoles 25 y aceptó la observación de Illanes, así que resolvió inhabilitar a Toro y darle a la Corte un plazo de diez días para que lo reemplace.
A favor de esta decisión votaron los consejeros Andrés Fantoni, Johanna Verdezoto, Jazmín Enríquez, Piedad Cuarán y David Rosero. Gonzalo Albán se abstuvo y Nicole Bonifaz votó en contra.
Fuente: El Universo
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