La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha manifestado una profunda preocupación ante las graves alegaciones relacionadas con adopciones ilegales de niños indígenas en territorio guatemalteco. Expertos de este organismo internacional han puesto énfasis en la carencia de procesos de investigación independientes que evalúen la implicación de altos cargos del Estado, mencionando específicamente a la actual Fiscal General y Jefa del Ministerio Público de Guatemala, María Consuelo Porras Argueta. El organismo subrayó que el derecho de las familias y de las víctimas a obtener acceso efectivo a la justicia y a la reparación sigue siendo una deuda pendiente.
En el marco de un proceso de designación de cargos judiciales de alta relevancia, la ONU emitió una alerta clara: cualquier individuo sobre el cual recaigan alegaciones creíbles de conductas incompatibles con los estándares internacionales de derechos humanos debe quedar excluido de procesos de preselección o nombramiento. Esta restricción debe mantenerse vigente hasta que se logre concretar una indagación exhaustiva y expedita. Esta advertencia cobra especial relevancia dado que la Sra. Porras Argueta no solo es candidata para integrar la Corte Constitucional, sino que además podría ser ratificada para un nuevo periodo como Fiscal General durante el transcurso de esta semana.
Antecedentes de las denuncias y el entorno histórico
De acuerdo con la información oficial difundida por el equipo de especialistas de las Naciones Unidas, se estima que al menos 80 niños de origen indígena fueron víctimas de procesos de adopción internacional ilícitos. Estos menores habrían sido institucionalizados previamente en el centro conocido como Hogar Temporal Elisa Martínez. Los hechos reportados se sitúan en un periodo comprendido entre los años 1968 y 1996, una época marcada por prácticas sistemáticas de captura y desaparición forzada de infantes en el país centroamericano.
El panel de expertos detalló que estas adopciones irregulares pudieron haberse ejecutado mediante diversas modalidades delictivas, tales como:
- La falsificación de documentos oficiales.
- El fraude en los procedimientos de declaración de adoptabilidad.
- El uso de coacción contra los progenitores.
- La obtención de beneficios económicos ilícitos por parte de intermediarios.
- La ausencia total de un consentimiento libre e informado de las madres y padres biológicos.
Asimismo, los especialistas lamentaron que, a pesar del tiempo transcurrido, las madres de las víctimas no han recibido el reconocimiento oficial necesario ni las reparaciones económicas y morales que legalmente les corresponden.
La implicación de funcionarios y el rol de Consuelo Porras
La solicitud planteada por la ONU hace hincapié en la urgencia de establecer mecanismos de investigación que no dependan del poder político actual para analizar las denuncias contra funcionarios públicos. En este contexto, se señala directamente a María Consuelo Porras Argueta, quien ejerció funciones como Directora y Administradora del mencionado hogar temporal. Durante el periodo del 21 de enero al 30 de agosto de 1982, Porras fungió legalmente como la “tutora” de los niños y niñas que se encontraban bajo el resguardo de dicha institución.
Sobre este punto, los relatores y expertos de las Naciones Unidas fueron enfáticos al citar los estándares internacionales:
“Todas las personas contra las cuales existan alegaciones creíbles de conductas incompatibles con los estándares de derechos humanos, especialmente aquellas que han tenido autoridad para tomar decisiones relacionadas con la criminalización o violaciones de derechos humanos, no deben ser preseleccionadas ni nombradas hasta que se realice una investigación pronta, independiente y exhaustiva de esas alegaciones.”
Compromisos internacionales y derechos fundamentales
El Estado guatemalteco tiene la obligación jurídica y ética, bajo el marco del derecho internacional, de prevenir, investigar de oficio, sancionar y reparar de forma integral cualquier violación de derechos humanos vinculada a desapariciones forzadas internacionales y adopciones ilegales. Las autoridades deben asegurar que las víctimas y sus familias puedan ejercer plenamente sus derechos fundamentales a la verdad y la justicia.
Finalmente, se resaltó que el acceso a la reparación debe incluir todos los mecanismos previstos en la normativa nacional e internacional, tales como:
- Iniciativas institucionales para la búsqueda de la verdad.
- Procesos penales transparentes y diligentes.
- Garantías de no repetición de estos hechos.
- Medidas de reparación judicial y no judicial.
La Organización de las Naciones Unidas confirmó que mantiene una comunicación abierta con las autoridades de Guatemala para monitorear el avance de estas denuncias y asegurar que el Estado actúe bajo los principios de protección a los derechos humanos.
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