Una situación de vulnerabilidad jurídica pone en jaque la propiedad estatal sobre aproximadamente 19.869 bienes que fueron decomisados a organizaciones del narcotráfico y estructuras criminales. Estos activos, que alcanzan un valor estimado de seis billones de pesos, podrían retornar a manos de sus antiguos dueños debido a la suspensión provisional de una normativa fundamental que regía las medidas cautelares.
Entre los patrimonios que se encuentran bajo esta amenaza legal destacan propiedades vinculadas a figuras y organizaciones de alta peligrosidad, tales como:
- El Clan del Golfo.
- Enilce López, conocida bajo el alias de “la Gata”.
- Juan Carlos Ramírez, alias “Chupeta”.
- Los hermanos Álvarez Meyendorff.
- Líderes históricos del extinto Cartel de Cali, entre ellos Helmer ‘Pacho’ Herrera y Phanor Arizabaleta Arzayus.
- Carlos Antonio Moreno Tuberquia.
El origen del conflicto jurídico
La controversia legal se desató luego de que el ciudadano Édgar Javier Navia presentara una demanda ante el Consejo de Estado en contra del Instructivo Administrativo No. 9, expedido por la Superintendencia de Notariado y Registro el pasado 2 de noviembre de 2022. Dicha normativa administrativa permitía que los bienes en proceso de extinción de dominio quedaran exentos del plazo de caducidad de diez años establecido para las medidas cautelares.
De acuerdo con lo estipulado en el artículo 64 de la Ley 1579 de 2012, la legislación actual demanda que tanto las medidas cautelares como las contribuciones especiales sobre los predios sean renovadas antes de que se cumpla un periodo de diez años. En caso de que este trámite no se realice, la protección legal expira de forma automática y el embargo debe ser cancelado.
Impacto en el inventario estatal
A inicios de febrero de 2024, el Consejo de Estado decretó la suspensión provisional del instructivo mencionado, lo que ha generado una ventana de oportunidad para que activos como hoteles, fincas, vehículos y otros bienes sean restituidos a los procesados. Se estima que cerca del 57% del inventario que actualmente custodia la Sociedad de Activos Especiales (SAE) se encuentra en peligro inminente.
El eje de la discusión radica en que la excepción que blindaba estas propiedades se implementó mediante un instructivo administrativo y no a través de una ley formal. Esta debilidad jurídica permitió la suspensión temporal de la norma hasta que se produzca un fallo definitivo sobre el fondo del asunto.
Respuestas de las autoridades
Ricardo Agudelo Sedano, superintendente de Notariado y Registro, manifestó que la institución tiene la obligación de acatar la suspensión de manera inmediata, sin importar que existan recursos de apelación en marcha.
“La interposición de cualquier recurso no impide el cumplimiento inmediato de la medida, razón por la que incluso estos recursos se conceden en el efecto devolutivo”
Como medida de contingencia, el pasado 13 de febrero, la Superintendencia despachó una nueva circular a todos los registradores de instrumentos públicos del país. La orden estipula que, antes de proceder con cualquier levantamiento de embargos en procesos de extinción de dominio, se debe alertar con prioridad a la SAE y a las autoridades judiciales competentes para que se tramite una nueva medida cautelar con carácter de urgencia.
“Lo que se busca es que, de manera urgente, se envié nuevamente la solicitud de medida cautelar que impida el levantamiento de dichas inscripciones y por ende opere la caducidad de la medida”
A pesar de que el superintendente Agudelo Sedano confirmó que existe una coordinación activa con la Fiscalía y la SAE, sectores gubernamentales temen que estas acciones resulten insuficientes. Se advierte que el volumen de propiedades es tan masivo que podría generarse una devolución en cadena difícil de contener mediante órdenes judiciales individuales, afectando procesos de extinción que llevan décadas en curso. Expertos legales insisten en que, al carecer de un respaldo legislativo sólido, la norma impugnada difícilmente sobrevivirá al control judicial.
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