La justicia de Corea del Sur se prepara para un hito histórico. El ex mandatario Yoon Suk Yeol podría ser condenado a la pena de muerte el próximo 19 de febrero, día en que el Tribunal del Distrito Central de Seúl emitirá su veredicto oficial. Los cargos que enfrenta están directamente relacionados con el delito de insurrección, tras su intento fallido de imponer la ley marcial en el país durante el mes de diciembre de 2024.
La audiencia, que ha generado una enorme expectativa social, será retransmitida en directo a todo el territorio surcoreano. La fiscalía ha sido tajante en su postura, solicitando la máxima pena capital para el ex presidente de 65 años. Según los acusadores, Yoon habría intentado desmantelar la estructura democrática de la nación únicamente para saciar su
“ansia de poder”
.
Crónica de una insurrección fallida
El origen de este complejo escenario judicial se sitúa en los últimos días de 2024. En aquella ocasión, a través de un anuncio televisivo, Yoon Suk Yeol declaró la suspensión del orden civil y ordenó que unidades militares se desplazaran hacia el Parlamento para garantizar el cumplimiento de la ley marcial. Sin embargo, la maniobra tuvo un alcance limitado y la medida duró alrededor de seis horas.
En un acto de resistencia institucional, los legisladores de los bloques opositores lograron ingresar a la Asamblea Nacional y, mediante una sesión de emergencia, votaron para rechazar la orden presidencial. Este evento marcó el inicio del fin para su administración: en abril del año pasado, el Parlamento ratificó su destitución mediante un juicio político, abriendo la puerta a las investigaciones por insurrección y obstrucción de la justicia.
Por su parte, el ex presidente ha mantenido una postura defensiva, negando todas las acusaciones. Yoon argumenta que su decisión fue una respuesta necesaria para frenar lo que él denomina una
“dictadura legislativa”
, acusando a la oposición de obstaculizar sistemáticamente su labor de gobierno.
El dilema de la condena: ¿Muerte o prisión perpetua?
Aunque Corea del Sur conserva la pena de muerte en sus códigos legales, existe una moratoria de facto desde el año 1997, fecha en que se realizó la última ejecución. Actualmente, decenas de personas permanecen en el corredor de la muerte a la espera de que se cumpla su sentencia.
Dentro del marco legal surcoreano, la sanción mínima establecida para el delito de insurrección es la cadena perpetua. Expertos legales como el abogado Yoo Jung-hoon sostienen que esta cadena perpetua es el desenlace más factible para el ex dignatario. Aunque los magistrados tienen la facultad de aplicar una “mitigación discrecional” para reducir la pena en circunstancias especiales, el jurista Yoo advirtió que la falta de arrepentimiento de Yoon y su negativa a declararse culpable dificultan este beneficio. Asimismo, calificó como
“altamente improbable”
una posible absolución debido a la contundencia de las pruebas acumuladas en el proceso.
Un laberinto de procesos judiciales
Es importante destacar que, incluso si el tribunal decidiera absolver a Yoon del cargo de insurrección, el ex presidente no recuperaría la libertad. El pasado mes, ya fue sentenciado a una condena de cinco años de cárcel por delitos de obstrucción de la justicia vinculados a la crisis institucional.
En la actualidad, Yoon Suk Yeol debe responder en un total de ocho juicios diferentes. Entre las acusaciones más graves figuran:
- El presunto envío de drones a Corea del Norte con el fin de generar una provocación militar que justificara el estado de sitio.
- Acusaciones de falso testimonio durante el proceso contra el ex primer ministro Han Duck-soo.
- Cargos por abuso de autoridad durante su mandato.
Sentencias contra el antiguo gabinete
La justicia también ha avanzado contra los colaboradores más cercanos del ex presidente. El antiguo primer ministro, Han Duck-soo, fue condenado recientemente a 23 años de prisión, una cifra que superó por ocho años la solicitud inicial de la fiscalía.
Otros ex funcionarios que ya han recibido sentencias incluyen:
- Lee Sang-min (ex ministro del Interior): condenado a siete años de cárcel.
- Cho Tae-yong (ex jefe de inteligencia): actualmente bajo proceso por perjurio e incumplimiento del deber.
De acuerdo con la visión de Yoo Jung-hoon, la sentencia que reciba Yoon
“servirá como un importante barómetro”
para definir el futuro de los demás implicados en la crisis de la ley marcial.
La caída de la ex primera dama Kim Keon Hee
El panorama familiar del ex mandatario es igualmente sombrío. Su esposa, Kim Keon Hee, fue enviada a prisión el pasado mes de enero tras ser hallada culpable de soborno. Este caso, independiente de la trama de la ley marcial, se centró en la recepción de regalos de lujo por parte de la Iglesia de la Unificación, destacando un bolso de la marca Chanel y un collar de la firma Graff.
El tribunal le impuso una pena de 20 meses de prisión, aunque la fiscalía —que originalmente pidió 15 años— ha presentado un recurso de apelación. Cabe recordar que, durante su presidencia, Yoon Suk Yeol utilizó su poder de veto en tres ocasiones para detener investigaciones legislativas contra su cónyuge, siendo la última en noviembre de 2024, apenas una semana antes de desatar la crisis que terminó con su gobierno.
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