La reciente intervención en el centro penitenciario de Barbadillo, lugar donde se encuentran recluidos los exmandatarios Pedro Castillo, Ollanta Humala, Martín Vizcarra y Alejandro Toledo, ha provocado una intensa controversia sobre los protocolos de seguridad y el respeto a la jerarquía de los internos. Algunos sectores han calificado este operativo como una estrategia de distracción ante el incremento de los cuestionamientos contra la gestión del presidente José Jerí.
El titular del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, desestimó las acusaciones que señalan la difusión de las imágenes del operativo como una táctica política. Según el funcionario, las críticas hacia el Ejecutivo son parte del debate público y solo se disiparán cuando las investigaciones arrojen conclusiones definitivas. Aunque evitó profundizar en la filtración de las fotografías, Álvarez subrayó la importancia de salvaguardar la integridad de quienes ocuparon la máxima jefatura del Estado.
Ante el hallazgo de diversos electrodomésticos en las celdas, el premier se mostró partidario de realizar ajustes en la normativa carcelaria vigente para adaptarse a la infraestructura de dicho penal.
“No son delincuentes peligrosos, no son delincuentes comunes, son expresidentes que están siendo investigados o han sido condenados por delitos de corrupción y necesitan, como cualquier otra persona, conservar su dignidad. El reglamento establecía que podía haber televisores, pero solo en áreas colectivas, y Barbadillo no tiene áreas comunes. Hay que adecuar el reglamento para una realidad diferente. Se trata de personas que han ejercido la Presidencia de la República y tampoco se les puede tratar como reos peligrosos”
Acciones legales contra el INPE
La postura del gobierno surge en un contexto de reclamos legales interpuestos por los propios exjefes de Estado. Los internos de Barbadillo sostienen que la publicación de las imágenes captadas durante la requisa vulnera sus derechos fundamentales. En este sentido, han iniciado procesos administrativos y penales contra el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
- Pedro Castillo: Su equipo legal presentó una denuncia penal ante la Tercera Fiscalía Corporativa Penal de Lima. Alegan abuso de autoridad y violación a la intimidad, citando la Constitución y la Ley de Protección de Datos Personales. Se exige identificar a los funcionarios responsables.
- Ollanta Humala: A través del abogado Edinson Huamán Chacón, solicitó precisiones sobre la cadena de mando y quién autorizó el uso de su imagen, resaltando que su situación jurídica de sentencia en primera instancia no anula sus derechos básicos.
- Martín Vizcarra: Denunció la realización de dos operativos en menos de veinticuatro horas y cuestionó si existen privilegios comparativos con otros reclusos como Alberto Fujimori. También formalizó una denuncia penal por abuso de autoridad.
Los representantes de los exmandatarios describieron la filtración de las fotos como un acto “indignante y tendencioso”. Insinúan que la orden de difundir el material visual no obedeció a razones técnicas, sino a mandatos de instancias superiores, mencionando a la presidencia del INPE, el Ministerio de Justicia e incluso al mandatario Jerí. En las imágenes divulgadas se apreciaban artículos como cocinas, refrigeradoras, bicicletas estáticas y televisores instalados en las celdas de los exgobernantes.
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