En un suceso que ha conmocionado a la región, un comunicador boliviano sufrió un brutal secuestro seguido de torturas y una mutilación física durante la madrugada del jueves pasado en El Alto. Este ataque, perpetrado en la segunda urbe con mayor población de Bolivia, ha sido calificado por las organizaciones de prensa como una tentativa de homicidio planificada con el fin de amordazar la libertad de expresión.
Los victimarios emplearon un objeto cortopunzante para cercenarle la lengua al profesional mientras lo mantenían retenido en un descampado. Durante la agresión, el periodista fue objeto de amedrentamientos vinculados directamente con su ejercicio profesional, según detallaron la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (Cstpb) este domingo.
La víctima de este horrendo crimen fue identificada como F. Jesús Z.S. El ataque se produjo cuando el reportero retornaba a su hogar luego de haber realizado la cobertura de una actividad proselitista relacionada con los comicios regionales programados para el 22 de marzo de 2026.
De acuerdo con el reporte de las entidades gremiales, el trabajador de la prensa fue interceptado violentamente y forzado a subir a un automotor. Posteriormente, fue trasladado a unos 15 kilómetros de distancia hasta un lote baldío donde se ejecutó la tortura. Los agresores profirieron amenazas directas:
“Ahora sí, periodista de mierda te vas a morir… ahora vas a hablar, vamos a ver si puedes”
Estas palabras ratifican que los atacantes conocían la identidad de la víctima y buscaban intimidar su labor periodística mediante la violencia extrema.
Atención médica e investigación judicial
El equipo médico del Hospital Corea de El Alto que brindó asistencia al afectado confirmó que las heridas no fueron fortuitas, sino que consistieron en incisiones precisas realizadas con dolo. Tras someterse a una intervención de cirugía, el periodista F. Jesús Z.S. recibió el alta hospitalaria. El pasado sábado, el comunicador presentó la denuncia formal ante la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc), mientras que el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) realiza las valoraciones legales pertinentes.
Tanto la ANPB como la Cstpb han enfatizado que este hecho trasciende la inseguridad común. El ensañamiento, el robo de su equipo de trabajo y las amenazas explícitas demuestran una estrategia deliberada para silenciar su voz, afirmaron las organizaciones de prensa.
Las instituciones denunciantes subrayaron que este ataque ocurre bajo un clima de impunidad persistente. La carencia de garantías, la lentitud en las investigaciones y la falta de sanciones efectivas en agresiones previas han propiciado un entorno peligroso para el ejercicio de la profesión.
Por su parte, el Gobierno de Bolivia ha manifestado su repudio. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, expresó una condena enérgica ante lo que describió como un atentado gravísimo contra la labor informativa y un golpe directo a la libertad de prensa y expresión en el país.
Desde el ministerio se aseguró el compromiso de garantizar la seguridad para el ejercicio de la prensa, tachando de inadmisible cualquier intento de amedrentamiento. Se informó que se instruyó a los organismos de seguridad colaborar plenamente en las pesquisas para hallar a los culpables.
“No permitiremos que este atroz suceso quede en la impunidad”
sentenció el representante gubernamental, solidarizándose con la víctima y su entorno familiar.
Un contexto electoral de alta tensión
Esta agresión se suscita en un año de gran agitación política para el país. Las elecciones subnacionales del 2026 buscarán renovar más de 5.000 cargos públicos en los nueve departamentos bolivianos. Este proceso se da en medio de una fragmentación interna del Movimiento al Socialismo (MAS) y el surgimiento de nuevas coaliciones tras el triunfo de Rodrigo Paz Pereira en las elecciones presidenciales de 2025.
Las cifras del gremio son preocupantes: durante el año 2024, la ANPB registró un total de 182 violaciones a la libertad de prensa en territorio boliviano. Estas vulneraciones incluyen:
- Agresiones físicas directas.
- Despojo de herramientas de trabajo y equipos.
- Hostigamiento y amenazas constantes.
- Judicialización del trabajo periodístico.
Actualmente, Bolivia se sitúa en el puesto 124 de 180 naciones dentro de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros sin Fronteras. Asimismo, el Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de Unitas reveló que, entre los años 2022 y 2024, se contabilizaron 495 registros de vulneración a la libertad de prensa, convirtiéndose en el segundo derecho más afectado después de la institucionalidad democrática.
Ante la gravedad de los hechos, las asociaciones de prensa demandan una indagación inmediata, profunda e independiente para capturar tanto a los ejecutores como a los autores intelectuales. También solicitan protección real para el periodista y su familia.
El caso ha reavivado la urgencia de establecer un mecanismo de protección integral para periodistas, una medida que organismos internacionales como la ONU y la CIDH han sugerido reiteradamente a Bolivia a través del Examen Periódico Universal.
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