El titular del juzgado de la Audiencia Nacional que lidera la instrucción del denominado ‘caso hidrocarburos’ ha procedido a remitir los testimonios de la empresaria Carmen Pano y del presunto comisionista del ‘caso Koldo’, Víctor de Aldama, a la investigación que rastrea los desembolsos en metálico efectuados por el PSOE para cubrir gastos anticipados.
Esta determinación fue oficializada por el juez Santiago Pedraz a través de una providencia. En dicho documento judicial, el magistrado también ordena el traslado de la declaración de Álvaro Gallego, identificado como el conductor de Pano, junto con diversa documentación recopilada por las autoridades policiales.
Es importante recordar que, durante su comparecencia el pasado 29 de enero, Víctor de Aldama sostuvo que Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, le hizo entrega de un sobre perteneciente a la petrolera estatal PDVSA. Según revelaron fuentes jurídicas, dicho sobre supuestamente albergaba datos comprometedores sobre la financiación irregular de la formación socialista y de la Internacional Socialista.
Testimonios sobre entregas de dinero en Ferraz
Por otro lado, Carmen Pano ratificó ante el magistrado Pedraz su participación en el traslado de 90.000 euros en efectivo. Estos fondos tendrían su origen en Claudio Rivas, propietario de la compañía que se sitúa en el epicentro de la presunta red corrupta, y habrían tenido como destino final la sede central del partido.
Complementando este relato, Álvaro Gallego declaró este miércoles haber trasladado a la empresaria hasta las inmediaciones de la calle de Ferraz. Según su testimonio, Pano portaba una bolsa con 45.000 euros distribuidos en fajos de 5.000 euros cada uno, si bien el testigo aclaró que no presenció el momento exacto en que la mujer ingresaba a las instalaciones socialistas.
Investigación de movimientos en efectivo desde 2017
Toda esta evidencia ha sido enviada por Pedraz para integrarse en la pieza separada de carácter secreto que dirige el juez Ismael Moreno, también de la Audiencia Nacional. En este proceso se analiza la información suministrada por el propio PSOE respecto a sus movimientos de caja entre los años 2017 y 2024.
La formación política entregó al juzgado un dispositivo de almacenamiento (pen drive) que contiene el desglose y los comprobantes de todos los pagos realizados en metálico durante ese septenio a diversos dirigentes, empleados y simpatizantes, cumpliendo así con el requerimiento del instructor.
Cabe destacar que la apertura de esta pieza separada se dio en noviembre, tras una sugerencia del magistrado del Tribunal Supremo que instruye el ‘caso Koldo’. La sospecha principal reside en que el exministro José Luis Ábalos y su entonces asesor, Koldo García, pudieron haberse aprovechado de la carencia de controles internos en el partido para blanquear capitales ilícitos mediante la devolución de gastos adelantados.
En este contexto, la Fiscalía Anticorrupción ha señalado la posible existencia de un delito de desfalco contra el patrimonio de la organización política, además de detectar otras posibles anomalías. Ante estas acusaciones, el PSOE manifestó su voluntad de colaborar plenamente, aunque advirtió que la entrega masiva de datos podría acarrear:
«graves derivaciones jurídicas, procesales, personales y de protección de datos»
Finalmente, los representantes legales de los socialistas instaron al juez a mantener la confidencialidad de esta documentación bajo secreto de sumario, argumentando que
«es notorio que el PP y el resto de acusaciones hacen caso omiso»
a la obligación legal de reserva que rige en estos procedimientos judiciales.
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