El Parlamento de Venezuela ha determinado aplazar hasta la próxima semana la votación definitiva de la ley de amnistía para presos políticos. Esta normativa, que fue presentada por la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, se ha visto frenada ante la falta de acuerdo entre los parlamentarios respecto a un punto específico de la legislación.
Durante la sesión, los legisladores consiguieron dar luz verde por unanimidad a un total de seis artículos del proyecto. No obstante, las negociaciones se estancaron al llegar al séptimo apartado, el cual es considerado fundamental para establecer qué perfiles de ciudadanos quedarán fuera de este beneficio legal.
Discrepancias sobre el estatus jurídico
El núcleo del conflicto reside en la redacción de la ley, específicamente en la exigencia de que los beneficiarios que fueron sentenciados y se encuentran en el exilio debido a la represión se «pongan a derecho». Este término jurídico implica presentarse ante las autoridades para reconocer los delitos imputados.
El texto íntegro del artículo en disputa establece que la medida de gracia cubrirá a toda:
«persona que se encuentre o pueda ser procesada o condenada por su presunta o comprobada participación en delitos o faltas cometidos en el marco de los hechos objeto de amnistía, siempre que esté a derecho o se ponga a derecho luego de la entrada en vigencia de esta ley».
Esta condición ha generado un fuerte rechazo en sectores de la oposición. El diputado Luis Florido, representante de Un Nuevo Tiempo (UNT), argumentó que esta redacción obliga a los perseguidos a admitir culpas inexistentes. Florido explicó su postura señalando:
«¿Qué es lo que pasa con este artículo? Cuando usted dice ‘siempre que esté a derecho’, sencillamente está diciendo que la persona que va a acogerse a la ley de amnistía, al ponerse a derecho, es culpable».
Suspensión de la sesión legislativa
Ante la falta de puntos de encuentro y la intensidad de la discusión, la diputada Nora Bracho solicitó el diferimiento del debate sobre dicho artículo. Bracho sostuvo que la legislación debe ser lo suficientemente amplia para integrar a todos los exiliados y perseguidos políticos a nivel internacional. Tras esta petición, se dio por finalizada la jornada legislativa sin una resolución final.
A pesar de este bache, el cuerpo de diputados logró introducir ciertas modificaciones al texto original. Se acordó que la ley debe tener como metas principales:
- Favorecer la reintegración de los beneficiados a la vida pública del país.
- Promover la paz social y garantizar una convivencia democrática estable.
Mientras el debate transcurría en el hemiciclo, en las afueras, la Universidad Central de Venezuela (UCV) fue escenario de intensas protestas estudiantiles. Los jóvenes manifestantes demandaron la liberación total de los detenidos y una amnistía que no deje fuera a ningún afectado, exigiendo al mismo tiempo el pleno retorno de la democracia en la nación sudamericana.
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