Tras una reciente intervención de seguridad en el centro penitenciario de Barbadillo, donde se inspeccionó la celda que ocupa el exmandatario Pedro Castillo, el político peruano ha reaccionado exigiendo medidas similares para otros internos de alto perfil. En particular, Castillo ha solicitado formalmente que se ejecute una operación de búsqueda exhaustiva en el espacio de reclusión de Vladimiro Montesinos, quien cumple su condena en el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad (CEREC) ubicado en la Base Naval del Callao.
A través de un oficio dirigido al presidente José Jerí, el expresidente demandó que, siguiendo el precedente de su propio caso, las autoridades ingresen a la celda del exasesor de Alberto Fujimori para que se “haga requisa de celulares y laptops”. Castillo sostiene que es necesario garantizar el mismo rigor institucional en todos los niveles del sistema carcelario.
Propuesta de traslado al penal de Challapalca
En su comunicación oficial, Pedro Castillo argumentó que Montesinos, cuya sentencia se extiende hasta el año 2037, debería ser trasladado al penal de Challapalca. Según el exjefe de Estado, esta medida permitiría “elevar su concepto público y probar a la nación que es valiente”. Además, cuestionó el uso de los fondos estatales en la custodia actual del exasesor, afirmando que se debe evitar “despilfarrar dinero público del impuesto de todos los peruanos que debe alimentar un niño desnutrido (…)”.
El polémico reparto de piñas en las afueras de Barbadillo
Un detalle que capturó la atención pública durante la requisa fue la presencia de diversas frutas en la celda de Castillo, destacando especialmente una piña que generó indignación en ciertos sectores de la ciudadanía. Ante esto, el exmandatario utilizó su cuenta oficial en la red social X para responder a los cuestionamientos, anunciando un acto de solidaridad financiado por productores agrícolas.
“Gracias al cariño y solidaridad de mis hermanos, agricultores y productores de piña, esta fruta, gratis se entregará al pueblo, el sábado 14 de febrero a partir de las 10:00 a.m. en la puerta del penal de Barbadillo”, detalló el exgobernante en su pronunciamiento público.
En su mensaje, el expresidente —quien cumple una condena de 11 años de cárcel por el delito de conspiración de rebelión— lamentó el trato mediático recibido por parte de sus opositores: “Nuestros enemigos políticos, noticiosamente se burlaron y nos escupieron en la cara, intentando humillarnos, a mí y al pueblo a quien represento, por tener una piña entre mis alimentos; sin embargo, cada vez que nos atacan nos hacen más fuertes y decididos”.
Denuncia penal contra los altos mandos del INPE
Más allá de la respuesta mediática, la defensa legal de Pedro Castillo, encabezada por el abogado Walter Ayala, ha tomado acciones judiciales concretas. Se ha presentado una denuncia penal formal contra el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) debido a la filtración de fotografías que muestran el interior de su celda y sus pertenencias personales durante el operativo.
La acción legal se dirige específicamente contra Shadia Elizabeth Valdez Tejada, presidenta del organismo, y Henry García Malpartida, quien se desempeña como director de Seguridad del INPE. El documento fue ingresado formalmente el 10 de febrero de 2026 ante la Tercera Fiscalía Corporativa Penal de Cercado de Lima-Breña-Rímac-Jesús María. Los cargos presentados incluyen los siguientes presuntos delitos:
- Abuso de autoridad: Por la presunta extralimitación en las funciones durante el procedimiento.
- Violación de la intimidad: Al exponerse públicamente el entorno privado del recluso sin consentimiento.
- Revelación de información reservada: Por la difusión de material que debía permanecer bajo custodia administrativa.
- Incumplimiento de deberes funcionales: Por no salvaguardar la reserva de las condiciones de reclusión del interno.
El equipo jurídico de Castillo enfatiza que estos hechos vulneran lo estipulado en el artículo 2, inciso 7, de la Constitución Política del Perú y la Ley de Protección de Datos Personales (Ley N° 29733). Según el reclamo, la toma y divulgación de imágenes de su entorno, en las que se observan objetos personales, se realizó con el propósito de desviar la atención de la opinión pública y exponer al interno, recluido desde diciembre de 2022, a una estigmatización social.
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