En una sesión clave desarrollada en la ciudad de Estrasburgo, el Parlamento Europeo dio luz verde este martes a un conjunto de normativas de salvaguardia. Estas medidas tienen como objetivo principal resguardar a los productores agropecuarios europeos de las posibles alteraciones de mercado que podrían derivarse del futuro tratado comercial entre la Unión Europea y el Mercosur.
Resultados de la votación y alcance de las medidas
El respaldo a este paquete legislativo se consolidó con un total de 483 votos a favor, frente a 102 votos en contra y un total de 67 abstenciones. No obstante, es importante señalar que la puesta en marcha de estas garantías para el sector primario europeo está condicionada a la ratificación definitiva del acuerdo comercial, el cual se encuentra actualmente en un estado de suspensión.
Estas salvaguardias fijan límites técnicos para activar defensas en sectores productivos de alta sensibilidad, tales como el arroz, el azúcar, los cítricos, los huevos, las aves de corral y la carne de vacuno. El reglamento estipula que la Comisión Europea deberá abrir procesos de investigación si se detecta que los precios de productos importados desde el Mercosur son inferiores en un 5% a los valores registrados en la UE, o si el flujo de importaciones sobrepasa dicho porcentaje de incremento.
La adopción del umbral del 5% se percibe como un avance significativo para los gremios agrícolas, ya que la propuesta previa de la Comisión sugería un margen del 10%. En caso de que las auditorías demuestren afectaciones críticas para los productores de la Eurozona, Bruselas tiene la facultad de congelar temporalmente las preferencias arancelarias otorgadas a Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina en un periodo que no excederá los 21 días.
Postura de los ponentes y transparencia institucional
El eurodiputado de tendencia conservadora, Gabriel Mato, quien actuó como ponente del documento, sostuvo que estas herramientas brindan
“una protección real y efectiva”
para los trabajadores del campo. Mato enfatizó que este marco jurídico
“permite actuar antes de que el daño al mercado sea irreversible”
, asegurando que se está inyectando previsibilidad y calma al sector agropecuario de la región.
Acompañando estas medidas, el Ejecutivo comunitario se ha comprometido a elaborar informes semestrales dirigidos a la Eurocámara para monitorear el comportamiento de las importaciones. Además, se trabajará en la homologación de normativas de producción, enfocándose en áreas de bienestar animal, seguridad alimentaria, uso de plaguicidas y normativas laborales.
Un acuerdo rodeado de incertidumbre jurídica
Pese a la aprobación de las salvaguardias, el tratado atraviesa un periodo de alta inestabilidad. El pasado 21 de enero, pocos días después de que el pacto se firmara en Asunción, el Parlamento Europeo votó por enviarlo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para verificar su legalidad. Con una votación ajustada de 334 votos a favor y 324 en contra, el proceso de ratificación se ha detenido, pudiendo demorar entre 18 y 24 meses hasta obtener una resolución judicial.
Desde el bloque Patriotas por Europa, donde se integra la delegación de Vox, se rechazaron las salvaguardias por considerarlas insuficientes para los intereses nacionales. El diputado Jorge Buxadé fue tajante al describir las medidas como
“papel mojado”
, denunciando que se trata de
“un instrumento unilateral de la Unión Europea sin garantías reales de aplicación”
, ya que los países sudamericanos no han validado formalmente estas cláusulas. Buxadé concluyó advirtiendo que
“para cuando el supuesto es que haya un daño grave, el daño ya se ha producido”
.
Visiones contrapuestas entre los Estados miembros
La Comisión Europea mantiene la capacidad legal de implementar el acuerdo de forma provisional una vez que alguno de los integrantes del Mercosur lo ratifique, sin necesidad de esperar el veredicto legislativo. Mientras naciones como España y Alemania abogan por una aplicación provisional inmediata, otros países liderados por Francia mantienen una oposición férrea debido al impacto potencial en sus agricultores.
Este pacto, que ha tomado 26 años de negociaciones, busca establecer la zona de libre comercio más extensa del planeta, integrando un mercado de 720 millones de consumidores. Para las potencias europeas, el beneficio radica en la eliminación de aranceles al 91% de sus exportaciones, lo que supondría un ahorro de 4.000 millones de euros anuales para empresas de maquinaria, farmacéutica, automotriz y licores. A cambio, el mercado europeo abriría sus puertas a la soja, miel, arroz y productos cárnicos de Sudamérica.
Finalmente, el debate se divide entre quienes ven un riesgo de competencia desleal por las diferencias en estándares de sostenibilidad y quienes consideran que el acuerdo es vital para contrarrestar la hegemonía comercial de China y los aranceles de Estados Unidos. Asimismo, se destaca la importancia estratégica del pacto para asegurar el suministro de litio, elemento esencial para la transición hacia energías limpias en el continente europeo.
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