Este lunes, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) dispuso una intervención oficial en las instalaciones del ‘Hogar Refugio La Casa del Padre’. Dicho centro fue fundado por la congresista y pastora Milagros Jáuregui, quien admitió públicamente que en ese espacio se obliga a niñas víctimas de violación a completar sus embarazos y llevarlos a término.
A través de un pronunciamiento oficial compartido en la plataforma X, la cartera liderada por la ministra Sandra Gutiérrez informó que esta acción busca verificar si el establecimiento, de administración privada, cumple estrictamente con los estándares de protección integral y atención vigentes en el país.
El comunicado ministerial precisa lo siguiente:
“El MIMP viene actuando de manera sumaria para establecer si se cumplieron los estándares de atención y de protección integral para que se determinen las responsabilidades que correspondan ante cualquier vulneración de la normativa vigente, actuando conforme a ley y bajo el principio del Interés Superior del Niño”
.
Esta intervención se produce después de que la parlamentaria Milagros Jáuregui afirmara que su centro de refugio funciona bajo una “supervisión permanente” de dicho ministerio, asegurando que operan bajo la normativa legal y los criterios de protección para adolescentes en situación de extrema vulnerabilidad.
Asimismo, la legisladora defendió la gestión del Refugio Casa del Padre, describiéndolo como un “albergue modelo”. Según sus declaraciones, el lugar ha contado con visitas de diversos titulares del MIMP, quienes habrían constatado directamente la “calidad, idoneidad, pertinencia y excelencia” de los servicios que se ofrecen a las menores.
En una misiva publicada en redes sociales, la parlamentaria sostuvo que las adolescentes embarazadas, víctimas de ultraje y madres en situación de pobreza extrema que residen en el albergue son atendidas bajo un espíritu de apoyo complementario al Estado, sin interferir en las funciones que la ley otorga a las instituciones públicas.
Sin embargo, la controversia se intensificó la semana pasada cuando Jáuregui reconoció en un podcast que forzó a menores de edad a asumir la maternidad tras ser víctimas de abuso sexual, contando supuestamente con respaldo estatal. La congresista detalló que fundó este refugio hace una década para acoger a niñas de entre 10 y 13 años de edad.
Durante su intervención en dicho programa, manifestó:
“El MIMP y el Juzgado de Familia nos las envían y nosotros tenemos todo el proceso de sanidad emocional, física, de estas niñas. Ninguna de las niñas que han dado a luz se arrepiente (…) porque la víctima de todo este cuadro de dolor es el bebé. El bebé es el único que tiene pena de muerte y el resto no”
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Denuncias por vulneración de derechos humanos
La indignación pública aumentó al difundirse imágenes de menores de edad sosteniendo a sus hijos nacidos de embarazos impuestos, luego de que se les negara el acceso al aborto terapéutico. Cabe resaltar que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) equipara estas prácticas de maternidad forzada con actos de tortura.
En diversas publicaciones realizadas el año pasado en la cuenta oficial de Facebook del refugio, se observa a las niñas ocultando sus rostros mientras son expuestas ante el público para sustentar discursos contrarios a los derechos reproductivos.
Ante estos hechos, la institución Flora Tristán condenó enérgicamente la “indolencia” de la parlamentaria frente a lo que calificaron como una “abominable violación de derechos de las niñas”. Por su parte, la Red de Sobrevivientes Perú advirtió que estas acciones evidencian conductas de violencia física, psicológica, económica, espiritual y sexual contra menores en entornos religiosos, solicitando una respuesta contundente por parte del MIMP.
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