El Gobierno de Estados Unidos manifestó su enérgico rechazo ante la sentencia de 20 años de prisión impuesta por el régimen chino al magnate de medios Jimmy Lai. Desde Washington, se calificó este fallo como un desenlace “injusto y trágico”, denunciando que el proceso judicial ha sido utilizado como una herramienta para sofocar las libertades fundamentales en Hong Kong. El secretario de Estado, Marco Rubio, solicitó formalmente la liberación del empresario apelando a razones humanitarias.
Postura del Departamento de Estado
A través de un comunicado oficial, el máximo representante de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, fue enfático al señalar la gravedad de la situación:
“La decisión del Tribunal Superior de Hong Kong de condenar a Jimmy Lai a 20 años de prisión constituye un desenlace injusto y trágico de este caso”
Para el funcionario, esta medida punitiva es una prueba de que Beijing está dispuesto a emplear medidas radicales con el fin de silenciar a quienes promueven los derechos fundamentales en la región administrativa especial.
El caso de Lai se ha convertido en un emblema de la erosión del principio de “un país, dos sistemas”, el cual garantizaba autonomía para la ciudad. El Departamento de Estado advirtió que este juicio evidencia cómo China ha ignorado los compromisos internacionales pactados con el Reino Unido en la Declaración Conjunta de 1984, un acuerdo que debía asegurar protecciones políticas, judiciales y civiles tras el traspaso de la soberanía.
El secretario Rubio hizo hincapié en el desgaste físico y emocional que el empresario y sus allegados han enfrentado durante este tiempo. Tras un juicio que se extendió por dos años y una privación de libertad que ya supera el lustro, las autoridades estadounidenses consideran que el castigo ha sido excesivo.
“Tras soportar un juicio que se prolongó durante dos años y más de cinco años de detención en prisión, Lai y su familia ya han sufrido lo suficiente. Estados Unidos insta a las autoridades a concederle a Lai la libertad por razones humanitarias”
El empresario, de 78 años, fue hallado culpable de cargos de conspiración por presunta colusión con potencias extranjeras y por la difusión de material considerado sedicioso. Aunque el tribunal impuso una pena de dos décadas, bajo la estricta legislación de seguridad nacional, existía el riesgo latente de una condena a cadena perpetua. El presidente Donald Trump también lamentó el veredicto, expresando su “tristeza” y señalando que este episodio refleja el endurecimiento del control político sobre la justicia hongkonesa.
Reacción de organismos internacionales
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), por medio de su alto comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, solicitó que la sentencia sea anulada de inmediato. Türk calificó el fallo como “incompatible con el derecho internacional” y denunció que el proceso “criminaliza el ejercicio de la libertad de expresión”.
La oficina de la ONU resaltó factores críticos como la avanzada edad de Jimmy Lai y su delicado estado de salud, agravado por más de cuatro años de encierro preventivo. Asimismo, el organismo alertó que figuras legales como la “conspiración con fuerzas extranjeras” se están aplicando de forma ambigua para castigar labores periodísticas legítimas y actividades de organizaciones civiles.
El panorama en la región es preocupante según las cifras de la ONU: entre los años 2020 y 2026, al menos 385 personas han sido arrestadas y 175 condenadas por delitos vinculados a la seguridad nacional. Este contexto incluye:
- Cierre de medios de comunicación independientes.
- Detención de periodistas locales.
- Endurecimiento de las políticas de visado para la prensa extranjera.
Naciones aliadas como Canadá, Australia, el Reino Unido y los integrantes de la Unión Europea se han unido a la exigencia de libertad para Lai. Desde Bruselas, se denunció que el procesamiento del magnate y sus excolaboradores tuvo un trasfondo político que perjudica gravemente la reputación de Hong Kong como centro financiero global. Por su parte, el régimen de China defendió la condena, asegurando que el acusado merece un “castigo severo” por haber puesto en peligro la seguridad del Estado.
Fuente: Fuente