Asambleístas de la Revolución Ciudadana (RC) de la Comisión del Derecho al Trabajo y a la Seguridad Social de la Asamblea Nacional frenaron el avance del proyecto de Ley Orgánica de Régimen Especial de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Loressfa). La norma no consiguió los votos suficientes para que el informe pase a primer debate.
La decisión dejó en suspenso una iniciativa que propone modificaciones sensibles al sistema de pensiones de los militares, especialmente para quienes se encuentran en servicio activo o próximos al retiro.
La sesión, realizada la tarde del viernes 30 de enero de 2026, evidenció fuertes cuestionamientos al contenido y al procedimiento seguido para elaborar el informe. El documento, de casi 500 páginas, fue remitido a los legisladores apenas un día antes de su tratamiento. Cuatro asambleístas de la RC y una legisladora expulsada de Pachakutik coincidieron en que la falta de socialización y el poco tiempo para revisar el texto vulneraron el debate informado en un tema de alto impacto social y económico.
Además, según fuentes internas, Radio Pichincha ya había advertido un fuerte malestar entre el personal militar. Esta ley sería una de las razones por las que el presidente Daniel Noboa adelantó su retorno al país y abandonó Panamá a finales de enero. Desde la Presidencia se alegó entonces una “emergencia”.
Uno de los principales focos de crítica de la propuesta impulsada es la introducción de cambios en la fórmula de cálculo de las pensiones de retiro. Esta reforma afecta de forma directa a los uniformados que aún están en servicio activo, en especial a quienes acumulan 20 años o más de aportes y reclaman que se respeten las condiciones vigentes antes de octubre de 2016.
Los legisladores de la RC, Roberto Cuero, Humberto Alvarado y Juan Pablo Molina, advirtieron que el informe no recoge todos los aportes realizados durante el trámite en comisión y calificaron el documento como apresurado.
Cuero cuestionó que un informe de esa magnitud se entregue con tan poco tiempo de anticipación. De su lado, Alvarado alertó que elevar los años de aportación —de 20 a 25 o incluso 26 años— podría contravenir el principio constitucional de no regresividad de derechos. El asambleísta insistió en que, antes de modificar las reglas del retiro militar, se requiere una auditoría integral a las empresas del Issfa.
Molina, por su parte, señaló preocupaciones adicionales sobre la administración de las 10 compañías vinculadas a las Fuerzas Armadas. Algunas de ellas dirigidas por las mismas personas. A su criterio, el debate sobre la seguridad social militar no puede desligarse de una revisión profunda de la gestión institucional y financiera del Issfa.
En la misma línea, Carmen Tiupul —legisladora exPachakituk— observó que el proyecto no se socializó correctamente. Además, aseguró que desde su despacho se recibieron reclamos de personal militar que se siente excluido del proceso. Asimismo, llamó la atención sobre el incremento de años de servicio y la aplicación de un descuento adicional del 1% al personal pasivo.
Explicación de la reforma
La discusión en torno a la reforma al régimen de seguridad social de las Fuerzas Armadas gira en un punto sensible: las condiciones para acceder al retiro y al pago de la pensión militar.
El nuevo proyecto plantea un incremento en los años de aporte para el retiro forzoso y voluntario de los militares, así como una reducción en la base de cálculo de las pensiones. Estos cambios constituyen los ejes centrales de la propuesta que el Issfa impulsa con el argumento de garantizar la sostenibilidad del sistema.
El 8 de diciembre, el director del Issfa, Ignacio Fiallo, remitió el proyecto al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Henry Delgado, luego de que el Consejo Directivo aprobara las reformas. El documento se envió para que continúe su trámite en la Asamblea Nacional y se inicie el proceso de socialización con el personal militar.
Tiempo mínimo de servicio
La propuesta regula el tiempo mínimo de servicio para el retiro y la cesantía de los uniformados. En ese marco, eleva de 20 a 25 años el requisito para la terminación de carrera o salida forzosa, y lo incrementa a 26 años en el caso de la salida anticipada o voluntaria.
Según el sustento técnico incluido en el proyecto, estas modificaciones responden a problemas estructurales de financiamiento del sistema de pensiones. El documento señala que el aumento de la esperanza de vida —que actualmente se ubica en 73 años para los hombres y 80 años para las mujeres— generó un desbalance entre los años de aporte y el tiempo durante el cual se pagan las pensiones. Bajo el esquema vigente, los militares pueden retirarse con 20 años de servicio y recibir pensiones por más de cuatro décadas, una situación que, según el Issfa, compromete la sostenibilidad de cualquier sistema de seguridad social.
Reducción de la base reguladora de la pensión
Otro de los cambios propuestos es la reducción de la base reguladora de la pensión por retiro voluntario, que pasaría del 85% al 80%. Este punto se ha convertido en uno de los nudos críticos del proyecto que actualmente se analiza en la Comisión del Derecho al Trabajo de la Asamblea Nacional.
Adicionalmente, la iniciativa plantea que los pensionistas aporten el 1% de su pensión al Seguro de Enfermedad y Maternidad del Issfa, una medida que también genera reparos dentro de las Fuerzas Armadas.
El proyecto provocó inquietud e incertidumbre entre el personal militar. Uniformados en servicio activo califican la propuesta como regresiva en materia de derechos, al considerar que modifica condiciones bajo las cuales planificaron su carrera y su retiro.
Oficialismo defendió el informe, pero no logró los votos
Desde el bloque de Gobierno, el presidente de la comisión, Eckenner Recalde (ADN), defendió la legitimidad del informe. Aseguró que su elaboración comenzó en junio de 2025. Según él, con la participación de personal en servicio activo y pasivo, asesores y abogados.
A favor del informe votaron los legisladores oficialistas Eckenner Recalde, Paola Jaramillo, Christopher Jaramillo, Naila Quintana y Elizabeth Vega. En contra se pronunciaron Roberto Cuero, Humberto Alvarado y Juan Pablo Molina (RC), junto con Carmen Tiupul. Fernando de la Torre (RC) optó por la abstención. Con ese resultado —cinco votos a favor, cuatro en contra y una abstención— la comisión no alcanzó la mayoría requerida. Posteriormente, el voto dirimente no se aplicó, lo que llevó a la suspensión de la sesión.
Radio Pichincha