En una resolución clave, el Tribunal Oral Federal N° 2 desestimó este lunes el recurso presentado por la defensa de Luis Alberto Beuret, exdirectivo de la firma Cammesa, quien pretendía eludir el proceso judicial bajo argumentos de salud mental. Tras la negativa de los magistrados, se ha dispuesto que el exfuncionario deba presentarse a rendir su declaración indagatoria mañana mismo, 10 de febrero.
La determinación judicial fue refrendada por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Luciano Gorini y Néstor Guillermo Costabel. El proceso se enmarca en la investigación por presuntas irregularidades en la extensión de los Gasoductos Norte y Sur entre los años 2006 y 2008, siendo este el primer caso de corrupción que involucra a la constructora brasilera Odebrecht que logra llegar a la instancia de debate oral en territorio argentino.
Controversia sobre la capacidad mental y oposición de la UIF
Los abogados de Luis Alberto Beuret intentaron ampararse en el artículo 77 del Código Procesal Penal, bajo la figura de “incapacidad sobreviniente”. Los defensores y allegados del imputado, quien actualmente tiene 79 años, aseguraban que sufría de una “demencia tipo Alzheimer”, condición que supuestamente le impedía comprender la naturaleza de sus actos y menoscababa su derecho a la defensa.
No obstante, el dictamen del Cuerpo Médico Forense (CMF) contradijo frontalmente estas afirmaciones. Tras los exámenes correspondientes, los especialistas oficiales determinaron que Beuret se encuentra “vigil, lúcido, orientado en tiempo y espacio”. El informe pericial detalló que el acusado conserva su memoria y posee la aptitud necesaria para enfrentar el juicio, aclarando que solo presenta un deterioro cognitivo leve y una hipoacusia vinculada a su edad avanzada.
Un factor determinante para frenar este intento de suspensión fue la postura de la Unidad de Información Financiera (UIF). El organismo encargado de la lucha contra el lavado de activos, que actúa como querellante, manifestó su rotunda oposición a detener el proceso. En concordancia con el fiscal general Abel Córdoba, la UIF argumentó que las dolencias de Beuret no son causales de inimputabilidad, exigiendo la continuidad del debate.
El Tribunal respaldó estos criterios mediante un escrito donde señalaron:
“La capacidad de estar en juicio no exige la indemnidad psíquica absoluta”
. No obstante, para asegurar el pleno ejercicio de sus derechos, se dispuso que el procesado cuente con el apoyo del programa ADAJUS, especializado en personas con discapacidad, garantizando así que pueda seguir y comprender cada detalle de la audiencia programada.
Un proceso de licitación presuntamente direccionado
La causa judicial que mantiene a Luis Alberto Beuret en el banquillo fue elevada a juicio en junio de 2019 por el juez federal Daniel Rafecas. Este expediente marcó un hito al ser la primera investigación de corrupción del periodo kirchnerista vinculada a Odebrecht que superó la fase de instrucción.
La tesis sostenida por Rafecas apunta a que todo el esquema licitatorio estuvo “enderezado desde un principio a la adjudicación del negocio directamente a Odebrecht”. Esta premisa fue ratificada posteriormente por la Cámara Federal, consolidando la sospecha de un plan orquestado para favorecer a la transnacional.
De acuerdo con el expediente, el entonces ministro de Planificación, Julio De Vido, habría diseñado un marco normativo específico para saltarse los controles tradicionales. Históricamente, estas obras debían ser ejecutadas por licenciatarias privadas como TGN y TGS; sin embargo, en este caso “se realizaron a través de la firma mixta Cammesa”.
Dicha estrategia permitió que Cammesa, bajo el mando de funcionarios de confianza, pudiera otorgar “todo el negocio a una sola firma: Odebrecht”, en un procedimiento que la justicia sospecha posee una nulidad de carácter absoluto.
Listado de funcionarios procesados
El objetivo de este juicio es establecer responsabilidades penales por el presunto delito de negociaciones incompatibles con la función pública. Junto a Beuret, se encuentran procesadas figuras centrales de la gestión energética de ese periodo:
- Julio De Vido: Exministro de Planificación Federal.
- Daniel Cameron: Exsecretario de Energía.
- Bautista Marcheschi: Exsubsecretario de Energía Eléctrica.
- Cristián Folgar: Exsubsecretario de Combustibles.
- Julio Armando Bragulat: Responsable de Cammesa junto al imputado Beuret.
Para los investigadores, existió un evidente “apreciable desvío de poder” por parte de los funcionarios mencionados. Se estima que la maniobra se concretó el 6 de diciembre de 2006, día en que se firmó el contrato entre Cammesa S.A. y la empresa Odebrecht. Este acto administrativo habría sellado la entrada de la constructora brasileña a los proyectos de infraestructura nacional mediante un mecanismo de contratación privada previamente direccionado.
Es importante precisar que esta etapa del juicio se centra en la adjudicación de la infraestructura y la posible maniobra legal para beneficiar a la compañía. Otros aspectos, como la existencia de sobreprecios, han sido derivados a diferentes líneas de investigación dentro del macrocaso conocido como Lava Jato.
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