El máximo representante de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, hizo un llamado formal este viernes para que se integren los testimonios de los parientes de los presos políticos en el marco de las consultas ciudadanas sobre el proyecto de ley de amnistía, el cual ya recibió luz verde en su primera etapa de discusión parlamentaria. Durante la jornada, Rodríguez sostuvo un encuentro directo con familiares de los detenidos en un centro de reclusión ubicado en Caracas, donde empeñó su palabra asegurando que las excarcelaciones se concretarían en un plazo no mayor a siete días.
Frente a las instalaciones de detención de la Policía Nacional, sitio identificado popularmente como zona 7, el diputado fue enfático en su declaración:
“A más tardar el viernes están todos sueltos”
, según prometió a quienes aguardaban en las afueras de los calabozos.
Consulta pública y reparación a las víctimas
En su rol de mediador y jefe de la delegación oficialista en las negociaciones, Jorge Rodríguez instó a los legisladores a desplegarse en las comunidades para establecer un diálogo con los afectados y sus allegados. El objetivo es recopilar inquietudes y propuestas que puedan ser anexadas durante la segunda discusión de la normativa en el pleno del Parlamento.
A través de una alocución por la señal de Venezolana de Televisión (VTV), el parlamentario insistió en que el proceso demanda “pedir perdón y rectificar”, resaltando que la capacidad de “perdonar” es fundamental en este momento político. Precisó que la propuesta legal, que fue presentada inicialmente por su hermana y presidenta encargada, Delcy Rodríguez, no se limita únicamente a otorgar libertades, sino que contempla estructuras para la reparación de las víctimas de las manifestaciones contra el gobierno. Rodríguez exigió que este punto quede plasmado de forma nítida en el texto final de la ley.
Adicionalmente, el presidente de la Asamblea intervino en una reunión nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) coordinada por la Secretaría de Asuntos Parlamentarios. En dicho espacio, propuso la creación de leyes que prioricen “cuidar la paz y la vida”, argumentando que la nación atraviesa lo que calificó como “tiempos interesantes”.
El Legislativo venezolano, actualmente de mayoría oficialista, aceleró esta semana la tramitación de esta amnistía enfocada en presos políticos arrestados en el transcurso de los últimos 27 años. No obstante, el beneficio excluye explícitamente a responsables de crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad o violaciones graves a los derechos humanos. Esta hoja de ruta, introducida el 30 de enero por Delcy Rodríguez, se desarrolla paralelamente a una serie de liberaciones que iniciaron el 8 de enero, tras el operativo en el que fuerzas de Estados Unidos capturaron a Nicolás Maduro y Cilia Flores en territorio venezolano.
Detalles del proyecto de convivencia democrática
El documento, titulado oficialmente como “ley de amnistía para la convivencia democrática”, posee 13 artículos que definen su alcance, sus principios rectores y la metodología para su ejecución. De acuerdo con información obtenida por la agencia EFE mediante un diputado que prefirió el anonimato, la ley busca establecer un proceso bajo parámetros de equidad, dejando fuera del perdón a condenados o señalados por narcotráfico, corrupción u homicidio intencional.
Durante el debate parlamentario de este jueves, el legislador y ex canciller Jorge Arreaza fue quien presentó formalmente el texto ante la plenaria. Arreaza enfatizó que la prioridad debe ser “sanar heridas” para poder “construir en conjunto los pasos y los caminos” hacia un entendimiento nacional. En su intervención, Jorge Rodríguez rememoró el asesinato de su progenitor a manos de cuerpos policiales en los años 70 para validar el derecho de las víctimas al resarcimiento. También hizo mención al operativo estadounidense del 3 de enero, que dejó un saldo de 120 fallecidos y derivó en la detención de Maduro y Flores, quienes se encuentran actualmente presos en Nueva York.
Por su parte, el diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del ex mandatario, apoyó la búsqueda de la unidad y la necesidad de erradicar “violencia, odios, misiles, invasión militar y secuestros de presidentes”. Para reforzar su punto, citó al opositor Luis Augusto Romero:
“Venezuela no aguanta una venganza más”
.
Postura de la oposición y cifras actuales
Desde la bancada opositora, surgieron sugerencias para que la legislación incluya salvaguardas que permitan a los excarcelados reintegrarse a la vida pública sin represalias futuras. El diputado Tomás Guanipa, quien tiene hermanos bajo arresto, insistió en que la ley debe ceñirse a los “estándares internacionales” y asegurar un trato igualitario. En esa línea, David Uzcátegui abogó por una normativa que garantice la libertad plena, el reencuentro de las familias y la dignificación de los afectados.
En cuanto a las estadísticas de los procesos de liberación, la organización Foro Penal reportó que, hasta el 2 de febrero, se han contabilizado 383 presos políticos liberados. Esta cifra difiere de la ofrecida por el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, quien asegura que desde noviembre han salido de prisión 895 personas, sosteniendo además la postura de que en el país no existen detenidos por motivos políticos.
El marco legal de Venezuela estipula que, tras concluir las consultas públicas, el proyecto deberá ser sometido a una segunda discusión, donde se votará cada artículo de manera individual para establecer el texto definitivo de la ley.
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