La presidenta encargada de la República de Venezuela, Delcy Rodríguez, manifestó este jueves que el proyecto de ley de amnistía que actualmente se tramita en el Poder Legislativo tiene como propósito fundamental consolidar la “paz” y la “reconciliación” en el territorio nacional. Estas afirmaciones se dieron luego de que la Asamblea Nacional otorgara su respaldo inicial a la propuesta normativa en una primera discusión.
“Ha aprobado por unanimidad, por todas las fuerzas políticas que hacen vida en el Parlamento venezolano, la primera discusión de la Ley de Amnistía, que es una ley para la paz y para la reconciliación nacional”, puntualizó Rodríguez durante una intervención oficial emitida a través de la televisión pública.
Este avance legislativo representa el primero de dos debates reglamentarios que el instrumento jurídico debe cumplir antes de su sanción definitiva. El objetivo de esta iniciativa es otorgar beneficios a quienes son considerados presos políticos desde el año 1999, periodo que coincide con el inicio de los mandatos del chavismo en el país.
Llamado a la madurez política
En el marco de un encuentro para la coordinación de los Cuadrantes de Paz en el estado Bolívar, al sur de la nación, la mandataria interina solicitó “madurez política” a los diversos sectores para avanzar en el proceso de sanación social. “La reconciliación debe ser a dos partes, no pierdan esta oportunidad. Les estamos extendiendo la mano, y nosotros esperamos que con madurez política sepamos enfrentar este nuevo desafío”, enfatizó.
Durante el acto, que contó con la cobertura de Venezolana de Televisión (VTV), la funcionaria reiteró que el Gobierno ha buscado reiteradamente la “convivencia democrática”. Asimismo, valoró positivamente el nivel del debate parlamentario inicial, calificándolo como un intercambio “de altura” y resaltando que los asuntos políticos deben resolverse estrictamente entre venezolanos.
De igual manera, la autoridad subrayó la importancia de liberar al país de sentimientos como el “odio” y la “intolerancia”. Según sus declaraciones, estos elementos fueron promovidos por sectores a los que calificó como “extremistas y fascistas”, terminología que suele emplear para referirse a la oposición que lidera María Corina Machado.
El Parlamento venezolano, caracterizado por una mayoría afín al oficialismo, validó el proyecto con el voto de sus 277 legisladores. El presidente de la cámara, Jorge Rodríguez, confirmó el respaldo unánime al texto, el cual se compone de aproximadamente veinte artículos y ahora deberá ser sometido a un segundo análisis detallado.
Alcances de la normativa
La propuesta legal plantea beneficios para ciudadanos encarcelados por su participación en protestas ciudadanas o por manifestar críticas hacia funcionarios públicos. El contenido de la ley abarca también la restitución de propiedades, la eliminación de medidas restrictivas de libertad y la creación de condiciones para el retorno de quienes abandonaron el país debido a la persecución política.
El documento oficial reconoce que tanto personas con militancia partidista como ciudadanos sin afiliación política fueron objeto de procesos penales por ejercer derechos fundamentales o por su accionar político. La amnistía cubriría delitos como instigación, resistencia a la autoridad, rebelión, traición y porte ilegal de armas, siempre que estos hechos se sitúen en el contexto de movilizaciones sociales ocurridas entre 1999 y 2026, incluyendo las crisis de los años 2007, 2014, 2017, 2019 y 2024.
Frente a los integrantes de la Asamblea, Jorge Rodríguez instó a realizar un proceso de consulta amplio y riguroso sobre el proyecto. “El proceso de consulta tiene que ser una consulta profunda, ardua. No tengamos de temor de hablar con todas y con todos, con quien quiera decirnos algo, con quien tenga un testimonio, con quien tenga una propuesta”, aseveró.
Consulta abierta y sin listas cerradas
El titular del Legislativo aclaró que la medida no se basa en listados de nombres preestablecidos, ya que estos suelen ser excluyentes. En su lugar, pidió a los diputados dialogar directamente con los afectados. “Vayan y hablen con la gente, vayan y hablen con los familiares de las personas privadas de libertad, hablen con los privados de libertad, hablen con las víctimas de los crímenes que se han cometido en todos estos años. Que no quede una víctima que no haya sido escuchada”, instruyó.
Asimismo, el parlamentario demandó rapidez en el trámite legal, señalando que la celeridad debe ser la norma en la actual coyuntura, al tiempo que agradeció el compromiso asumido por los legisladores en esta sesión.
En su alocución, también recordó una anécdota del fallecido expresidente Hugo Chávez vinculada al 14 de abril, tras el intento de golpe de Estado en su contra. Según Rodríguez, Chávez regresó levantando una cruz y otorgando el perdón. “Nosotros pedimos perdón y tenemos que perdonar también. Lo digo con claridad: a mí no me gustan los presos. Puede ser necesario por los códigos penales o por lo que sea o por las realidades de la política y de la situación concreta de una sociedad”, reflexionó.
Excepciones y contexto nacional
No obstante, el diputado Jorge Arreaza, encargado de presentar la propuesta, detalló que existen límites claros para el beneficio de amnistía. Quedan excluidas las personas condenadas o procesadas por violaciones graves a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, homicidio intencional, actos de corrupción y delitos relacionados con el tráfico de drogas.
Este movimiento político ocurre en paralelo a una serie de excarcelaciones de prisioneros políticos que se activó el 8 de enero. Datos proporcionados por la organización Foro Penal indican que, desde esa fecha, al menos 383 ciudadanos han recuperado su libertad, tras el anuncio inicial de la presidencia parlamentaria sobre la liberación de un grupo considerable de detenidos.
Pese al avance legislativo, diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos han manifestado su preocupación debido a que el texto íntegro del proyecto aún no ha sido difundido públicamente. La ley debe completar ahora la fase de consulta ciudadana y una segunda votación antes de su entrada en vigencia formal.
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