Dentro del tratamiento del proyecto de Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía, la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa recibió a delegados de la Secretaría General Jurídica de la Presidencia de la República y del Ministerio de Economía y Finanzas, quienes expusieron los alcances y objetivos de la iniciativa legal.
El subsecretario jurídico de la Presidencia de la República, Aldrin Gómez, explicó que, en el caso de la Ley de Minería, se han identificado problemas como restricciones regulatorias y fragmentación normativa que ralentizan los proyectos, reducen la inversión y retrasan los ingresos por regalías para el Estado.
Asimismo, advirtió que figuras como la minería artesanal están siendo utilizadas por la minería ilegal y por grupos delictivos, generando contaminación, inseguridad y otros delitos asociados, lo que hace necesaria una reforma que cierre estos espacios de uso indebido. Indicó que el proyecto plantea la simplificación de trámites, especialmente en la fase de prospección, para evitar la duplicidad de procedimientos administrativos, además de establecer mecanismos de registro, trazabilidad y control del uso de la renta minera.
Destacó que se prioriza la asignación territorial de los recursos, manteniendo una regla general mediante la cual el 60 % de los ingresos mineros se destinen a los Gobiernos Autónomos Descentralizados, con énfasis en servicios básicos como saneamiento, vialidad y tratamiento de aguas. Precisó que no se trata de una desregulación de la actividad minera, ya que se mantienen los requisitos y licencias ambientales, fortaleciendo la supervisión técnica, el control regulatorio y el enfoque fiscal para garantizar que el Estado perciba los ingresos correspondientes a esta actividad estratégica.
Por su parte, el subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas, Pablo Albán, destacó que el proyecto busca potenciar dos áreas estratégicas de la economía nacional mediante reglas claras y mayor atracción de inversión privada. En el ámbito minero, resaltó el crecimiento sostenido del sector, con un promedio anual del 9 % entre 2018 y 2024 y un valor agregado bruto acumulado superior a USD 10.000 millones.
Informó que las exportaciones mineras pasaron de USD 282 millones en 2018 a USD 3.704 millones a noviembre de 2025, lo que representa cerca del 11 % del total nacional, con proyecciones de hasta USD 6.700 millones para 2036. Además, agregó que la recaudación por concepto de regalías y patentes alcanzó los USD 230 millones en 2024 y se proyecta que llegue a USD 1.408 millones anuales en 2032, evidenciando la creciente relevancia fiscal del sector.
En cuanto al sector eléctrico, señaló que existe un crecimiento sostenido de la demanda y una mejora significativa de la matriz energética, que actualmente es 82,21 % hidráulica. No obstante, subrayó que el proyecto promueve una mayor participación del sector privado para garantizar la seguridad energética, optimizar el gasto público y transferir riesgos técnicos y operativos.
Para concluir, afirmó que la reforma busca dinamizar la inversión, fortalecer la seguridad jurídica y mejorar la gestión estatal en los sectores de energía y minería, mediante la simplificación de trámites, el fortalecimiento de la regulación y el combate a la minería ilegal. Según explicó, la iniciativa no genera impactos negativos en las finanzas públicas, sino que impulsa el empleo, la recaudación y el desarrollo territorial, consolidando un esquema de beneficio mutuo entre el Estado y la inversión privada.
MEV