El equipo legal de Tetsuya Yamagami, el ciudadano sentenciado por el asesinato del antiguo primer ministro de Japón, Shinzo Abe, formalizó este miércoles la presentación de un recurso de apelación contra su condena a cadena perpetua, de acuerdo con reportes de medios internacionales.
El imputado, quien actualmente tiene 45 años, fue declarado culpable hace dos semanas por el Tribunal del Distrito de Nara. Los jueces determinaron su responsabilidad en el uso de un arma de fabricación casera para atacar a Abe durante un mitin político realizado en un espacio público en 2022.
La línea de defensa del acusado sostuvo durante el proceso que la agresión fue impulsada por las millonarias contribuciones económicas que la madre de Yamagami entregó a la Iglesia de la Unificación, una situación que desembocó en el colapso financiero de su hogar.
“Tras consultar con el acusado, hemos presentado un recurso de apelación con la esperanza de tener la oportunidad de que se corrija el veredicto injusto de primera instancia”
Así lo manifestó Masaaki Furukawa, abogado defensor de Yamagami, en testimonios recogidos por la agencia de noticias Jiji.
Impacto social y político del crimen
El asesinato del exlíder Shinzo Abe causó una profunda conmoción en una nación caracterizada por sus bajos índices de criminalidad con armas de fuego. Asimismo, el caso colocó bajo un intenso escrutinio los nexos entre importantes figuras del bloque conservador y la mencionada organización religiosa, la cual brindó apoyo al Partido Liberal Democrático en diversos procesos electorales.
El pasado 21 de enero, la corte de la localidad de Nara, bajo la dirección del magistrado Shinichi Tanaka, dictó la pena de cadena perpetua para Yamagami. Los cargos incluyeron el asesinato premeditado y diversas transgresiones a las leyes nacionales de control de armas de fuego.
El juicio atrajo una atención pública sin precedentes en el país. Desde las primeras horas de la jornada, decenas de ciudadanos se congregaron para presenciar la lectura del fallo en lo que muchos han calificado como el proceso judicial más relevante del siglo en Japón.
A pesar de que el juicio inició formalmente el pasado octubre y Yamagami admitió la autoría del crimen, su defensa decidió impugnar ciertos cargos específicos. En la legislación japonesa, los procesos judiciales continúan su curso legal incluso si el procesado reconoce su culpabilidad ante los magistrados.
Postura de la fiscalía y antecedentes
La parte acusadora había solicitado inicialmente la cadena perpetua, describiendo el magnicidio como un acto “sin precedentes en nuestra historia de posguerra”. La fiscalía enfatizó las consecuencias extremadamente graves que este suceso tuvo para la estabilidad y la percepción de seguridad de la sociedad japonesa. Aunque el sistema penal permite la libertad condicional en estos casos, en la práctica, los sentenciados suelen permanecer tras las rejas de forma vitalicia.
El ataque también generó una reflexión nacional sobre los vínculos entre la política y la Iglesia de la Unificación, considerada por críticos como una secta. Los abogados de Yamagami insistieron en que el atentado fue una respuesta desesperada ante la bancarrota familiar causada por las donaciones de su progenitora.
La historia personal de Tetsuya Yamagami estuvo marcada por hechos trágicos: el suicidio de su padre y la grave enfermedad de su hermano. Mientras estos sucesos ocurrían, su madre destinó aproximadamente 100 millones de yenes a la citada iglesia. Este desfalco obligó al joven a abandonar sus estudios universitarios y, en 2005, intentó acabar con su vida. Tras el deceso de su hermano, Yamagami comenzó en 2020 la construcción manual de una herramienta letal, la cual probó en ubicaciones deshabitadas antes del ataque.
Posterior al fallecimiento de Abe, las auditorías revelaron nexos entre la institución religiosa y múltiples miembros del Partido Liberal Democrático, lo que provocó una crisis política que resultó en la dimisión de cuatro ministros. Finalmente, la naturaleza inusual del crimen expuso fallos en la seguridad: al ser la violencia armada tan rara en Japón, los cuerpos de protección no reaccionaron a tiempo ante las detonaciones, lo que retrasó los primeros auxilios necesarios para intentar salvar al ex primer ministro.
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