La suspensión total de las actividades mineras en la provincia de Napo; así como, la restricción de todas las operaciones en las plantas de beneficio pertenecientes a las provincias de El Oro y Loja, es el objetivo central de la resolución emitida, este 2 de febrero, por el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Ambiente y Energía, como parte de una acción firme y preventiva frente a la extracción ilícita de minerales, que ha generado graves afectaciones ambientales en la Amazonía ecuatoriana y el sur del país.
La medida responde a informes técnicos que evidencian impactos negativos sobre ecosistemas sensibles y fuentes hídricas, producto de actividades ilegales. La resolución se fundamenta también, en los principios de precaución y prevención ambiental, en la obligación del Estado de proteger los derechos de la naturaleza, el agua y la salud de las comunidades.
“La minería ilegal es una amenaza directa contra nuestros ríos, nuestros bosques y la vida de las comunidades amazónicas. Se ha constatado la presencia de metales pesados como cobre, plomo, arsénico y cadmio, así como cianuro, en concentraciones que superan los límites máximos permisibles, en los ríos Calera y Amarillo pertenecientes a la cuenca hidrográfica Puyango – Tumbes. Por ello, no vamos a permitir que actividades clandestinas sigan destruyendo el patrimonio natural en la Amazonía y el sur del país”, afirmó la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano Díaz.
Como parte de la resolución, el Ministerio dispuso el inicio inmediato de controles, inspecciones y procedimientos administrativos sancionatorios, en coordinación con la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) y con el respaldo de la fuerza pública. Acciones que buscan interceptar la minería ilegal, suspender operaciones irregulares, decomisar maquinaria y material mineralizado; y evitar nuevos daños ambientales en las zonas identificadas.