Las autoridades judiciales de Estados Unidos han dictado una sentencia de 15 años de prisión contra Carlisle Rivera, también identificado como ‘Pop’, por su implicación en una conspiración transnacional para asesinar a la activista Masih Alinejad. Rivera admitió su responsabilidad en los delitos de acoso y conspiración, formando parte de un plan dirigido desde Teherán contra la opositora al régimen iraní radicada en suelo norteamericano. Según los reportes del Departamento de Justicia, este intento de magnicidio fue precedido por otras maniobras fallidas de la Guardia Revolucionaria Iraní, que incluso intentó reclutar a miembros de la mafia rusa durante el año 2022.
La investigación detalla que el contacto con Rivera se realizó mediante Farhad Sakeri, un activo de la inteligencia iraní, quien le ofreció una recompensa de 100.000 dólares (cerca de 83.520 euros) por ejecutar el crimen. El Departamento de Justicia subrayó que Masih Alinejad ha sido un objetivo prioritario para el aparato de seguridad de Irán. Previamente, entre 2020 y 2021, agentes iraníes ya habían intentado secuestrar a la periodista con la intención de trasladarla por la fuerza desde Estados Unidos hacia Irán, aunque dichas operaciones no tuvieron éxito antes de que se involucrara a redes criminales internacionales.
Compromiso con la Seguridad Nacional
Tras conocerse el fallo judicial, John Eisenberg, fiscal adjunto para Seguridad Nacional, enfatizó que la condena refleja las graves consecuencias que enfrentan quienes colaboren en actos de intimidación y violencia bajo las órdenes de potencias extranjeras. Eisenberg recalcó que las agencias estadounidenses trabajan de forma permanente para detectar y neutralizar actividades promovidas por regímenes autoritarios que buscan silenciar la disidencia más allá de sus fronteras.
Por su parte, Donald Holstead, subdirector de la División de Contraterrorismo del FBI, señaló que el gobierno de Irán ha perseguido sistemáticamente a Alinejad por su labor como defensora de los derechos humanos en Nueva York. Holstead destacó que el desmantelamiento de este complot fue posible gracias a la labor conjunta del FBI y sus aliados. El funcionario fue enfático al declarar que la resolución del caso:
«transmite un mensaje contundente: cualquiera que conspire con potencias extranjeras para perjudicar a personas que viven en Estados Unidos, rendirá cuentas»
Reacción de la activista y contexto político
Al concluir el proceso judicial, Masih Alinejad compartió sus impresiones a través de sus plataformas digitales. La activista recordó a los manifestantes y víctimas de la represión en Irán, mencionando a hombres y mujeres que perdieron la vida en recientes movilizaciones. Alinejad expresó su anhelo de que el pueblo iraní cuente con la misma protección que ella ha recibido y exhortó al expresidente Donald Trump a garantizar la seguridad frente a un régimen que considera una amenaza directa para la seguridad nacional de Estados Unidos.
En cuanto a la situación interna en el país persa, el gobierno de Teherán ha reconocido una cifra superior a los 3.000 fallecidos durante las protestas, aunque sostiene que la mayoría de estas muertes corresponden a civiles y uniformados asesinados por supuestos «terroristas». Las autoridades de Irán han denunciado que estas estadísticas son utilizadas por Washington para justificar una posible intervención militar. Cabe recordar que Donald Trump ha advertido en diversas ocasiones sobre el uso de la fuerza frente a las acciones del régimen y su programa nuclear.
Antecedentes de conspiraciones previas
Este proceso no es el único vinculado a las amenazas contra Alinejad. En octubre de 2025, un tribunal de Manhattan condenó a Rafir Amirov y Polad Omarov a 25 años de cárcel por un intento previo de asesinato. Dichos sujetos fueron vinculados directamente con estructuras de la mafia rusa actuando bajo directrices iraníes. El Departamento de Justicia ha insistido en que la integridad de la activista sigue siendo vulnerable debido a su rol protagónico como disidente política.
El caso evidencia la estrategia de Irán de emplear organizaciones criminales y transferencias monetarias para silenciar voces críticas en el exterior. La cooperación de inteligencia fue crucial para identificar las rutas de financiamiento y los contactos entre los agentes estatales y los sicarios contratados. Según el comunicado oficial, interceptar estos planes ha sido una victoria clave para la seguridad interna.
Finalmente, el Departamento de Justicia reafirmó su compromiso de responsabilizar a cualquier individuo que acepte participar en actos violentos transnacionales. La vigilancia ante este tipo de amenazas externas se mantiene como una prioridad absoluta para las instituciones de seguridad nacional de los Estados Unidos, buscando proteger a todos los residentes en su territorio de la coacción extranjera.
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