Las bancadas opositoras en la Asamblea de Ecuador calificaron de «improvisada e impulsiva» la medida del presidente Daniel Noboa sobre aplicar un arancel del 30% a los productos que ingresan desde Colombia a Ecuador, desde el 1 de febrero de 2026.
Salvo criterio de la bancada Acción Democrática Nacional (ADN), que considera que lo primero es cuidar la seguridad y soberanía del país, el resto de agrupaciones políticas en el Legislativo mostraron su oposición.
El presidente Noboa anunció el 21 de enero, desde Davos, Suiza, que ante una supuesta falta de apoyo del gobierno de Gustavo Petro para garantizar la seguridad en la frontera norte, aplicará lo que llamó una «tasa de seguridad» a los productos colombianos.
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El asambleísta del Partido Social Cristiano (PSC), Alfredo Serrano calificó como absurdo «imponer un arancel de carácter económico y comercial, para supuestamente resolver un problema de seguridad».
Serrano dijo que antes de tomar una decisión de esta magnitud, que afectaría directamente a los consumidores ecuatorianos y colombianos, se debieron agotar todos los canales diplomáticos para buscar salidas.
«Cuidado pretendemos echarle la culpa a Colombia del manejo ineficiente del tema seguridad en el país. Espero que no sea eso».
Alfredo Serrano, asambleísta del PSC
Pedidos de información y comparecencia
La asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC), Viviana Veloz, dijo que la medida anunciada por el gobierno no es «ni técnica ni estratégica» y que le podría traer consecuencias al país a nivel de la Comunidad Andina.
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Recordó que Colombia es el quinto socio comercial de Ecuador y que en la época del estiaje fue ese país el que entregó energía eléctrica, para evitar que la crisis eléctrica se agudice.
Veloz espera que hasta el 1 de febrero la medida sea evaluada y quede sin efecto. El correísmo cuestiona que la Cancillería de Ecuador no haya impulsado de inmediato una reunión de ministros de Relaciones Exteriores.
Por eso, no descartan plantear ante el Pleno de la Asamblea un pedido de comparecencia de la canciller Gabriela Sommerfeld, para que explique los criterios con los que se tomó la decisión y las consecuencias que generó.
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Su coidearia, Mónica Alemán, adelantó que este jueves 22 de enero enviará a la Cancillería y otros ministerios un pedido de información para que den a conocer el estado de las relaciones comerciales con Colombia.
Pero también, un pedido de información a la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) para que explique la situación eléctrica del país, a propósito del anuncio de Colombia de que suspenderá la exportación de electricidad a Ecuador.
Preocupación fronteriza
El legislador por la provincia del Carchi, Christian Benavides, señaló que si en 2015 la capital de la provincia, Tulcán, ya fue declarado como un «cantón de economía deprimida», si se concreta el anuncio del gobierno, la situación será peor.
Sin desconocer la problemática en materia de seguridad en la frontera, Benavides dijo «la gente del Carchi ha ido sobreviviendo en los últimos años, y que el 30% de arancel que han anunciado los dos países a insumos y materias primas van a afectar al comercio de lado y lado».
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Pablo Jurado, asambleísta de Construye por Imbabura, reconoció que existe preocupación en el sector productivo del norte del país, que intenta recuperarse de las pérdidas que dejó el paro de la Conaie que se desarrolló entre septiembre y octubre de 2025.
Jurado, que vota con ADN en la Asamblea, recordó que por ahora el arancel es apenas un anuncio y que hasta el 1 de febrero, puede y debe haber un análisis sobre las ventajas y desventajas de aplicar esta tasa.
ADN apela a soberanía y seguridad
La jefa de la bancada de ADN, Valentina Centeno, afirmó que lo que tienen, por ahora, es la información que dio a conocer el presidente Noboa, a través de las redes sociales, el 21 de enero.
La legisladora oficialista dijo que si ponen en una balanza «siempre estará primero proteger la vida de los ecuatorianos que están en frontera, quienes están enfrentado las consecuencias del crimen organizado y, a veces, de la complicidad que puede existir desde gobiernos que no están haciendo nada para cooperar en esta lucha».
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En la misma línea, se pronunció el legislador Adrián Castro que recordó que entre Colombia y Ecuador hay más de 185 pasos ilegales que el país vecino no estaría controlando y un aumento del 53% de cultivos de coca del lado colombiano en dos años.
Según el oficialismo, los habitantes de las zonas fronterizas van a entender lo que está pasando en sus provincias, algo que, según Castro, es difícil dimensionar para quienes habitan en la capital, Quito, y otras localidades del interior del país.
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