La semana pasada, Samantha Lozada denunció que el Consejo de la Judicatura (CJ) la dejó desprotegida tras un intento de asesinato que sufrió a finales de 2025. La abogada, magíster y especialista en derecho procesal ocupaba el cargo de directora provincial de la Judicatura en Orellana y, tras su llegada a la institución, en 2024, fue víctima de amenazas en su contra y contra su familia por parte de un grupo de delincuencia organizada, lo cual la obligó a exiliarse.
¿Cómo llegó a la Judicatura y qué hechos derivaron en el atentado en su contra?
¿Qué pasó cuando llegó a Quito?
Me hicieron un segundo análisis de riesgo, el informe preliminar aumentaba la custodia a cinco policías, pero solo por quince días, y condicionaba todo a que el Consejo de la Judicatura emitiera las partidas presupuestarias para vehículo blindado y viáticos. El director general dispuso los recursos, pero el carro nunca llegó. Tuve que caminar con cinco policías, tomar Uber o taxis con gente armada. Vivía de lo que mis abuelas me compraban en el súper, porque no podía salir. Cuando pasó un mes, me negaron los viáticos alegando que yo radicaba jurídicamente en Orellana (…). Pasamos casi un año así hasta el cambio de autoridades en el Consejo de la Judicatura, cuando nos pidieron a todos los directores la renuncia. Yo puse mi cargo a disposición aclarando que era una persona vulnerable, atacada por la violencia, con ansiedad y depresión. Mario Godoy nunca me llamó, nunca tuvo la sensibilidad humana de llamarme, ni él ni los otros vocales. Solicité una reunión con el presidente. Les pedí que me cambiaran de provincia o de institución para no quedarme sin custodia, pero me respondieron: “Renuncie. ¿Qué hace aquí?”.
¿Cuándo sucedió el atentado en su contra?
El 22 de octubre de 2025, en Orellana. A mi papá le rozó una bala en la mano, fue superficial, y yo tuve golpes por lanzarme al piso. Al día siguiente tuvimos reuniones con el Ministerio del Interior, Inteligencia y Fiscalía. Estos últimos me pidieron disculpas porque en un año no hicieron nada con mi denuncia anterior. Informaron a Mario Godoy que era obligatorio darme un vehículo blindado, pero nada se atendió. El 29 de octubre me enteré por Facebook que al día siguiente me aceptarían la renuncia. Toda la comunidad jurídica de Orellana mandó cartas pidiendo que no me dejaran sola. Al día siguiente, en la sesión del pleno, no se detuvieron ni un segundo a mencionar que me habían disparado ocho días antes y aceptaron la renuncia. Minutos después, mis custodios me informaron que ya no podían protegerme. Al quedarme sin custodia, estaba en un ataque de pánico (…). Le escribí al presidente Daniel Noboa pidiéndole que me sacara del país; la respuesta de la Presidencia fue que no era su competencia. Finalmente, recurrí a Human Rights Watch y así llegué a la Unión Europea. Salí de Ecuador el primero de enero de este año, pero mi familia sigue allá.
¿Persisten las amenazas en su contra y contra su familia?
Sí, recién mi hermano recibió un mensaje de Facebook que decía: “Sigues asustada. ¿Por qué sigues hablando?”.
Mario Godoy dijo que se han montado falsos relatos y que incluso usted le agradeció. ¿Qué le responde?
Obviamente, en una carta donde me piden la renuncia un mes antes de que me disparen. Con la situación que yo tenía, sabía que no podía dejar el cargo; entonces, me tocaba elogiarlo. Me da vergüenza esa renuncia; por eso no la he publicado. Y como yo lo hice, lo hicieron los otros veinticuatro directores provinciales. Todos le decían “genio”, “impoluto”, para mantener los cargos, pero no sé si ahora todos le dirán eso.
¿Conoce usted más casos como el suyo o el del juez Carlos Serrano?
Que estén amenazados por el narcotráfico, sé del director de la Judicatura de Esmeraldas que está en funciones, pero que tampoco ha de querer salir a medios. En la reunión que mencioné, los dos únicos amenazados éramos los de Esmeraldas y Orellana. El resto decía: “¿Cómo pueden vivir así?”, “Mi solidaridad”.
Con todo esto, ¿considera que Mario Godoy debe renunciar a su cargo?
Creo que dignidad ya no tiene. Deberían ver el daño que le hacen al país. Por lo menos a los que les debe favores, por ellos háganlo. Pero más allá de Mario Godoy, ¿la Fiscalía para qué está? Porque por menos de esto, hace dos años, estaba preso un presidente.
Mario Godoy solicitó la renuncia de veinticinco directores provinciales. ¿Cómo interpreta este pedido? ¿Se está dejando en desprotección a los operadores de justicia?
Hay una parte de mí que todavía cree en la justicia e ingenuamente piensa que quiere dejar que el nuevo presidente decida esto. La otra parte dice que nos está amedrentando, que ya no crea en esta gente.
¿Qué tan infiltrado está el narco en el sistema de justicia?
En mi provincia hice las denuncias y no está solo en la justicia: está en instancias del Ejecutivo desconcentrado. Hay personas que prefieren pasar de lado porque las amenazan. Mi parte ingenua me obligaba a hablar, y por eso yo era la que “jodía” en las reuniones. El resto calla porque tiene familia; yo también la tengo, pero es el país que les estoy dejando. No puedo callar lo que sucede en mi territorio y pretender que las cosas cambien.
En la Comisión de Fiscalización se tramitará el juicio político a Mario Godoy. ¿Se presentará usted para contribuir en este proceso?
Por salud mental, preferiría evitar ese circo. El juicio político es por el caso del juez Serrano, no por el mío. Es imposible que me contacten, porque los casos son distintos; pero, si me piden pruebas, podría enviar un testimonio firmado. Los documentos son públicos. Yo ya hice bastante. La presión que se tiene no es fácil.
Fuente: El Universo
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