La violencia en Ecuador se concentra sobre todo en provincias de la Costa ecuatoriana, con predominancia en la denominada Zona 8, integrada por Guayaquil, Durán y Samborondón.
A nivel nacional, al arrancar este mes, hubo un registro de 8.272 casos de muertes violentas.
Con ello, Ecuador ya superó las cifras históricas en homicidios intencionales registradas en 2023, cuando hubo 8.234 eventos.
En las estadísticas policiales se revela que el Distrito Metropolitano de Guayaquil o Zona 8 se ubica como la jurisdicción con los mayores niveles de homicidios intencionales.
En el análisis de los datos consolidados de enero hasta fines de noviembre, la Zona 8 acumuló el 33,34 % de los índices de violencia de todo el país.
A su vez, cinco distritos policiales de la Zona 8 concentraron la mayor cantidad de casos en lo que va del año. Estos son Nueva Prosperina, Durán, Pascuales, Portete y Sur.
En el listado predomina el distrito Nueva Prosperina. Solo de enero a fines de octubre esa zona tuvo 553 muertes violentas, que muestran un crecimiento del 78,26 % en relación con el registro de 299 del 2024.
En parte de los distritos más conflictivos se concentran barrios periféricos, con poblaciones bajo condiciones precarias e incluso que siguen en constitución, como los barrios del noroeste de Guayaquil.
Autoridades han expuesto que la mayoría de los casos, alrededor del 85 %, estarían relacionados con disputa de bandas, en medio de la caída de varios de los cabecillas como Adolfo Macías, alias Fito, de Los Choneros, y Comandante Willy, de Los Tiguerones.
Ante esta problemática, en octubre anterior, uniformados policiales y militares reforzaron el foco en la Zona 8. Montaron decenas de operativos de control, incluyendo personal del eje investigativo, como parte de las estrategias para mitigar los índices, en diversas zonas de Guayaquil y Durán.
El comandante general de la Policía en la Zona 8, Walter Villarroel, indicó que, dentro de su planificación estratégica y operativa, se aumentaron las capacidades de personal y logística para atender las necesidades de seguridad ciudadana.
Dijo que se buscaba mayor cercanía con el ciudadano para recuperar espacios tomados por grupos delictivos, como se lo ha venido haciendo por intermedio del plan de proximidad inteligente por medio de códigos QR, donde pueden enviar solicitudes y denuncias anónimas.
“La idea es reducir espacios de acción a grupos delictivos organizados y todos los delincuentes que quieran infringir la ley”, dijo Villarroel días atrás.
Intervención militar en Durán
Solo en el cantón Durán, como Divino Niño, El Recreo, Abel Gilbert, intensificaron intervenciones especiales de los militares, indicó un servidor militar de la Fuerza Aérea.
“Intentamos hacer ahora un cerco perimetral para que todo el que entre y salga sea revisado, mientras los equipos tácticos estarán adentro recorriendo los puntos hiperfocalizados”, sostuvo.
Acciones para frenar la violencia
Pese a estos esfuerzos, expertos en seguridad consideran que no es suficiente solo la intervención de fuerzas del orden, en medio de una reconfiguración criminal por disputas y nuevas alianzas de las bandas.
John Garaycoa, experto en seguridad, expuso que las acciones también deben partir de decisiones ejecutivas, legales, económicas y de control del elemento humano en la Zona 8 y otras bajo conflicto.
En ese sentido, detalló que debe haber un fortalecimiento de la seguridad pública con aumento además de las unidades especializadas, así como mejoras en el uso de recursos tecnológicos con sistemas de aplicaciones de denuncia y controles en cámaras de vigilancia.
De igual manera, insistió en que es clave la colaboración interinstitucional con alianzas entre entidades para proyectos de seguridad integral para atender los requerimientos en materias de salud, educación y justicia en la lucha contra la violencia.
En ese último punto, agregó, debe haber programas de desarrollo económico en estas zonas conflictivas, como fomento de pequeños negocios y programas de capacitación.
En su caso, Javier Gutiérrez, experto en seguridad, expuso que en casos de poblaciones con necesidades, como Durán, se deben atender carencias básicas como la falta de agua potable y áreas recreativas, y además atacar a las economías criminales de estos grupos como locales o negocios que estarían usando para camuflar sus actividades irregulares.
También Renato Rivera, experto de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado, complementó esa idea de buscar acciones preventivas a mediano y largo plazo, no solo en aumentar la presencia en las calles.
También destacó que debe haber mejoras en investigación policial, además de resolución de homicidios intencionales, y cortar la disponibilidad de armas de fuego disponibles para estas bandas.
Dijo que se debe tratar de entender las causas estructurales de la violencia en cantones como Guayaquil, donde se dan grandes rasgos de desigualdad, para tratar de mejorar las condiciones de vida con algunas políticas desde lo social y económico.
En ese sentido, Garaycoa destacó que deben aplicarse programas sociales en estas zonas con fomento de la prevención y además de programas culturales y deportivos para que las poblaciones, sobre todo de adolescentes, encuentren otras alternativas de proyecto de vida.
En ocasiones anteriores, múltiples operativos han dejado capturas de antisociales, incluyendo cabecillas, sin embargo, al poco tiempo han quedado libres.
En ese sentido, en el tema judicial, Garaycoa remarcó que además debe darse el seguimiento y control a la justicia con los resultados de detenidos. “Para que los que cometen delitos cumplan su pena y no se vean favorecidos fiscales y jueces”, comentó Garaycoa.
En territorios donde se da minería ilegal, Rivera consideró que el problema tiene varias dimensiones. Dijo que hay la necesidad de un plan integral y que sea sostenido a largo plazo, con la articulación de la empresa privada.
Expuso la necesidad de control de flujo de minería ilegal hacia dónde se está produciendo, ya que en la comparativa de cifras de exportación de Naciones Unidas con el Gobierno se evidencia una salida mayor de lo reportado. Dijo que se debe analizar el tema, por el posible uso de empresas ‘fachada’, delitos de lavado de activos, además de avanzar en las investigaciones de la cadena de abastecimiento, como el transporte.
Fuente: El Universo