El Gobierno ha identificado varios riesgos fiscales en torno al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). El pago de la deuda que el Estado arrastra por años y la creación de prestaciones sin financiamiento previo son calificados con niveles de riesgo extremo y alto, respectivamente.
El informe de riesgos fiscales que acompaña a la proforma del Presupuesto General del Estado (PGE) 2026 recoge los puntos que implican complicaciones en las entidades que conforman la Seguridad Social (IESS, Issfa, Isspol), dentro del periodo 2025-2028.
Si llegan a ocurrir implicarán una fuerte erogación de recursos para el Estado, “que podrían afectar la sostenibilidad de las finanzas públicas, asociada principalmente a la variable macroeconómica del gasto público, afectando por ende a la estabilidad financiera y la planificación presupuestaria”, señala el estudio elaborado por el Ministerio de Finanzas.
En el caso del IESS, existen riesgos asociados con espacio presupuestario para pagar deudas y por nuevas prestaciones.
Bernardo Cordovez, delegado del Ejecutivo y recién posesionado como presidente del Consejo Directivo del IESS, tendrá que lidiar con estos temas durante el tiempo que permanezca en funciones.
De acuerdo con el PGE 2026, el Gobierno prevé destinar al IESS $ 2.926,25 millones. Las transferencias abarcan el 5,36 % del gasto del presupuesto fiscal.
Sin espacio presupuestario para pagar la deuda
El informe señala que dentro de las deudas con el IESS se encuentran valores relacionados con la contribución del 40 % de las pensiones jubilares y otras obligaciones, y también rubros por contribuciones sobre prestaciones de salud.
Por el 40 % de las pensiones, aunque se han devengado algunas obligaciones con recursos del presupuesto fiscal, la “falta de liquidez de la caja fiscal” ha provocado que hasta agosto de 2025 exista un monto pendiente de pago por $ 1.500 millones.
Además existen otros $ 1.574 millones que fueron provisionados contablemente al cierre del año 2024, que no fueron devengados por falta de espacio presupuestario en años pasados.
Finanzas expone en el informe que estos recursos están reconocidos dentro de la deuda pública como pasivos contingentes. E indica que está trabajando con el IESS, con el fin de determinar el monto real de la deuda del Estado.
La deuda por contribuciones de prestaciones de salud se ubicó en $ 5.485 millones, a julio de 2025. En el informe se concluye que “existe el riesgo de que se generen cuerpos normativos” que regulen los pagos y los vuelvan obligatorios al Estado, sin requerir la presentación o emisión de instrumentos formales –como los convenios suscritos entre ambas entidades– que han servido hasta ahora para reconocer las contribuciones estatales por prestaciones de salud previamente auditadas.
Por otro lado, la reforma más reciente a la Ley de Seguridad Social, vigente desde el 22 de julio de 2024, dispone que el Estado cuenta con un plazo máximo de diez años para saldar la deuda que mantiene con el IESS.
Debido al elevado monto adeudado, “habría el riesgo de que no se incorpore en el PGE de cada año, el espacio presupuestario requerido”, advierte el estudio de riesgos fiscales.
Considerando estos elementos, que están relacionados con el riesgo de “falta de espacio presupuestario para el pago de la deuda con el IESS”, Finanzas reitera que habría el riesgo de que podrían no asignarse en el PGE anual los recursos suficientes para cumplir con lo dispuesto en la reforma mencionada.
Por ello, la probabilidad de que este riesgo se materialice se califica como “alta” de ocurrencia y, debido a la magnitud de la deuda, su impacto sería “mayor”, lo que en conjunto ubica este riesgo en un nivel “extremo”.
Creación de nuevas prestaciones
La creación de nuevas prestaciones constituye un riesgo porque requieren financiamiento del Estado, lo que implicaría recursos adicionas para cubrir mayores gastos para el presupuesto fiscal.
El IESS informó al Ministerio de Finanzas que en la Asamblea se tramitan varios proyectos de jubilación anticipada (industria del cemento, Coescop, agentes de tránsito, SNAI, entre otros) que requerirían aportes adicionales estatales.
Aunque la Ley de Seguridad Social exige que para la creación de nuevas prestaciones se debe contar con el pronunciamiento del Ministerio de Finanzas, podría haber presión política para aprobarlas. De ahí que la probabilidad de que esto ocurra se considera “media” y su impacto “mayor”, resultando en un riesgo “alto”.
Mitigación de riesgos
Frente a los dos riesgos en torno al IESS, el Ministerio de Finanzas plantea siete acciones para mitigar los impactos.
En prestaciones de salud se proponen tres medidas: colaborar en la elaboración del Reglamento a la Ley de Seguridad Social, definiendo el porcentaje del aporte estatal para las prestaciones de salud por enfermedades catastróficas; establecer convenios entre el MEF y el IESS para regular los procesos de reconocimiento y conciliación de valores por prestaciones de salud, delimitando las responsabilidades de cada institución; el IESS deberá presentar las auditorías correspondientes antes de que el Gobierno central reconozca los pagos por prestaciones de salud.
En lo que respecta a la deuda por el 40 % de las pensiones y otros rubros se propone un proceso de conciliación con el IESS por cada año fiscal, para determinar el valor total de la deuda. Y definir planes de pagos cuando se tengan los valores conciliados.
Sobre la reforma de 2024 a la Ley de Seguridad Social se plantea que el MEF participe en la elaboración de las normativas para el Seguro Social en las que se consideren la actualidad y proyecciones financieras y económicas del país, buscando minimizar el impacto en las finanzas públicas.
En cuanto a la creación de nuevas prestaciones para el Seguro Social, el Ministerio de Economía propone participar en la revisión y debate de reformar legales, analizando sus efectos fiscales que permitan emitir un dictamen en función de la realidad económica del país.
FUENTE: EL UNIVERSO