El análisis del salario básico unificado (SBU) para el 2026 empezará marcado por el cambio en el Ministerio del Trabajo. Ahora está al frente Harold Burbano, una situación que para los miembros del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios (CNTS) no debería afectar el proceso.
El viernes se ratificó que la sesión se instalará este lunes, 24 de noviembre. En esa reunión está previsto que se conozcan los indicadores económicos para fijar el sueldo básico.
Los trabajadores aún no tienen definida la postura que tomarán para estas sesiones; lo harán luego de analizar esas cifras. Algo similar comentan por el lado de los empresarios, aunque anticipan que esperan que el debate se realice de manera técnica.
Cristóbal Buendía, procurador de la Federación de Trabajadores Públicos y Privados del Ecuador, explica que el lunes el Banco Central del Ecuador, el Instituto Nacional de Estadística y Censos, el Ministerio de Economía expondrán la situación macroeconómica del país y será en ese momento, con esos insumos, que el sector de los trabajadores “formará un criterio”, por lo que de momento no tienen ninguna postura.
Juan Carlos Coral, del Comité de Empresa de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), añade que a partir de esta revisión, y en coordinación con las demás organizaciones y dirigentes, se analizarán los resultados para elaborar una propuesta formal de cara a la siguiente reunión.
Un criterio parecido tienen los empleadores. Desde la Federación Nacional de Cámara de Industrias del Ecuador indican que, al ser una la primera reunión, el sector empleador va a escuchar la propuesta. Todavía no tienen un pronunciamiento.
La Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE), parte del consejo, espera que se consideren de forma integral las variables que informan sobre el índice de precios del consumidor, la productividad laboral, el empleo formal y el sector informal. Y “llama a que las aspiraciones de los diferentes grupos que lo integran sean analizadas siempre con un enfoque técnico y con el respeto debido a la legalidad y a la seguridad jurídica, elementos indispensables para la estabilidad y la competitividad del país”, sostiene su delegado, Otto Delgado.
Por su parte, Roberto Andrade, de la Cámara de Comercio de Guayaquil, comenta que la idea es que cualquier propuesta que se formule tenga una base técnica sólida, fundamentada en la realidad de nuestra economía: “Solo partiendo de datos objetivos podremos construir un acuerdo que beneficie tanto a los trabajadores como a la sostenibilidad del empleo formal”.
En la misma línea, el presidente ejecutivo de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor), Xavier Rosero, sostiene que la definición del SBU se debe sustentar estrictamente en variables técnicas y en indicadores objetivos que reflejen el estado de salud de la actividad empresarial.
Rosero apunta que este es un momento en que se deben precautelar tanto las fuentes de empleo como las empresas que son las generadoras de esas plazas de trabajo. “Empecemos por evaluar, por ejemplo, la evolución de la productividad laboral, para que los incrementos de valor converjan con la creación de valor del trabajo dentro de los distintos sectores productivos”.
En ese contexto, comenta que para la primera sesión del consejo les corresponde recabar las primeras variables de información que aseguren que la propuesta y toma de definición se apeguen estrictamente a la realidad productiva con sustento técnico y orientado al consenso.
¿La proyección de un alza salarial de $ 16 sigue en pie?
En cuanto a la estimación que dio la exministra Ivonne Núñez de que el alza sería de aproximadamente $ 16 en caso de no llegar a un acuerdo entre empleadores y trabajadores, el delegado del Comité de Empresa de CNT indica que la exfuncionaria debió haber realizado un análisis previo basado en datos fidedignos para poder presentar esa cifra. “Por ello, tendremos que escuchar las intervenciones del nuevo ministro, revisar los resultados que se presentarán en la reunión del 24 de noviembre y, junto con los demás compañeros del consejo, analizar si es fiable y factible el cálculo de los $ 16 planteados por la exministra”, refiere.
Y el delegado de la Cámara de Comercio de Guayaquil apunta que la forma en que se determina el salario básico está claramente definida en el Código del Trabajo: en primera instancia se busca alcanzar un consenso entre empleadores y trabajadores; y, de no lograrse un acuerdo, el incremento corresponderá a un porcentaje equivalente al índice de precios al consumidor proyectado. “Ese es el marco legal que rige el proceso, independientemente de las cifras que se hayan mencionado previamente”.
Para el presidente de Fedexpor, no es el momento de adelantar cifras para no distorsionar la búsqueda del consenso. Espera que el nuevo ministro se enfoque en los parámetros técnicos y reglamentarios que ha construido el propio Ministerio del Trabajo y no en anuncios políticos. “Mientras no contemos con la información oficial que establece el reglamento —proyecciones macroeconómicas, índices actualizados y estadísticas de los organismos públicos competentes—, cualquier valor previo carece de una base técnica sólida”.
Cambio de ministro
Para las dos partes, empleadores y trabajadores, el cambio de ministros no debería alterar el proceso que llevan adelante.
Del lado de los trabajadores, Buendía señala que van con la misma postura de previamente hacer un análisis técnico de los indicadores económicos y marcarán una posición que puede ser la que inicialmente planteó la exministra Nuñez u otra: “Obviamente resultará del análisis técnico que se realice”.
Será la primera reunión en la que contarán con la presencia del nuevo ministro. Coral considera que, “al ser de la misma línea de trabajo, no deberíamos tener mayores complicaciones. Lo ideal sería alcanzar un acuerdo tripartito, sería histórico: Gobierno, trabajadores y empleadores alineados en una misma resolución”.
Del lado empresarial, Andrade confía “en que las nuevas autoridades darán continuidad al proceso establecido, pues el diálogo tripartito es una práctica institucional que trasciende a las personas que circunstancialmente ocupan los cargos”.
Rosero añade que tanto empleadores como trabajadores requieren conocer con la mayor anticipación posible cuáles serán las reglas laborales que regirán en 2026, a fin de incorporarlas adecuadamente en la planificación empresarial.
Comenta que el CNTS debe guiarse por un espíritu de responsabilidad institucional, donde la búsqueda de consensos prevalezca y la presidencia del ministro contribuya a garantizar la continuidad del proceso. “Lo esencial es que las decisiones respondan a criterios técnicos y no a consideraciones coyunturales o políticas, que suelen derivar en valoraciones alejadas del rigor metodológico”.
Fuente: El Universo
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