La convocatoria al paro nacional no se radicalizó ni tampoco ha llegado a Quito, pero al cumplirse este jueves, 9 de octubre del 2025, los dieciocho días de manifestaciones de los indígenas contra al gobierno de Daniel Noboa, alcanzó el mismo número de días al que llegó el que hubo en la administración de Guillermo Lasso en el 2022, con una diferencia: no se divisa la voluntad de las partes por plantear una alternativa de diálogo.
El 22 de septiembre, organizaciones de base de la Sierra norte y centro de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) abrieron un periodo de protestas en contra de la administración de Daniel Noboa por su decisión de suprimir el subsidio al diésel y elevar su precio a $ 2.80.
Las operaciones de seguridad del régimen se inclinaron por la contención de las protestas con la fuerza pública en los límites de Imbabura y Cotopaxi y la entrega de beneficios económicos y tractores a comunidades indígenas campesinas y a los transportistas.
Este periodo de tensión alcanzó al que enfrentó el expresidente Lasso, con sus respectivas diferencias, pero por las mismas razones, los subsidios a los combustibles.
En junio del 2022, Guillermo Lasso emitió un decreto ejecutivo que ‘liberó’ los precios de la gasolina extra, ecopaís y diésel y la reacción fue inmediata, con la llegada, el 12 de ese mes, de cientos de manifestantes a Quito motivados por el expresidente de la Conaie, Leonidas Iza.
Las perdidas económicas y los daños sumaron $ 1.115, 4 millones, según cifras oficiales; pero la mediación de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana dio paso al diálogo que puso fin a violentos enfrentamientos entre indígenas, policías y militares, y el 30 de junio se firmó el Acta de la Paz, entre líderes de movimientos sociales y los entonces ministros de Estado de Lasso.
En cambio, Daniel Noboa, luego de los cuatro primeros meses de este segundo mandato, encara su primer enfrentamiento con el movimiento indígena que no da muestras para superarse.
El mandatario comparó esta medida de hecho con las del 2019 (en el Gobierno de Lenín Moreno) y 2022; y concluyó que este no es un paro, es un “supuesto paro”.
Lo atribuye a que “existe un gobierno que tiene el corazón donde debe tener y las agallas donde deben estar para pararse a las multilaterales y a todos los que le están prestando dinero”, exaltó en un discurso en Cuenca, en donde tuvo agenda oficial este miércoles.
En la actualidad, cálculos preliminares del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca darían cuenta que las pérdidas para el sector agropecuario ascendieron a $ 20′000.000, del que las florícolas alcanzaron una afectación por los $ 14′000.000 en Imbabura, Pichincha y Cotopaxi.
Esto porque las comunidades indígenas de esa provincia tienen bloqueadas las carreteras e impiden la distribución de los productos al país.
En el sector lechero las pérdidas bordearon el $ 1′100.000, indicó el ministro de Agricultura, Danilo Palacios en una entrevista radial.
Pese a que Noboa amplió el feriado por la Independencia de Guayaquil a cuatro días, las comunidades de Imbabura sostienen la paralización y están declaradas en resistencia, con el bloqueo de carreteras y a la espera de un acercamiento con las autoridades.
Organismos internacionales como la la Unión Europea (UE), la Organización de Estados Americanos (OEA), entre otras, exhortaron a que se produzca un diálogo Gobierno-Conaie, en el que se discutan las posturas de las partes.
La Conferencia Episcopal también sugiere un acercamiento, que ha sido ignorado y tampoco los han contactado con ese posible objetivo.
Pese a que el nivel de confrontación no ha escalado a Quito, en estos más de dos semanas se produjeron cuatro eventos que conmocionaron al país: la quema del cuartel de la Policía Nacional en Otavalo el primer día de protestas que, a su vez, dejó la detención de doce personas a las que se las investiga por terrorismo.
Días después, en medio de un operativo militar para repeler a manifestantes, murió el comunero Efraín Fuerez, que según videos publicados de ese hecho en las redes sociales, miembros de las Fuerzas Armadas lo estarían pateando a él y a un hombre que protegía su cuerpo en el piso.
Otro hecho fue la denuncia del régimen de un “delito de tentativa de asesinato”, pues el 7 de octubre, en un recorrido de Noboa por El Tambo (Cañar) los carros blindados de la caravana en la que lo transportaban a un evento oficial fue apedreado por protestantes y rompieron sus vidrios y dañaron la carrocería.
No obstante, este evento en ese contexto se dio en otras tres ocasiones, cuando el jefe de Estado se movilizó —incluso con funcionarios diplomáticos de otros país y organizaciones internacionales— hacia Imbabura y en la carretera apedrearon los vehículos blindados del Estado.
El portal Geografía Crítica EC, que documenta las actividades de rechazo del movimiento indígena, contabilizó que entre el 22 de septiembre al 6 de octubre, hubo 396 acciones acumuladas en los territorios.
Se han hecho dos vigilias, 65 marchas, hubo 274 cierres de vías, y se hicieron 40 plantones, asambleas y seis cacerolazos.
Estas expresiones de inconformidad se reportaron en 16 provincias, 29 cantones y 81 comunidades, según este portal.
Entre las provincias más afectadas está Imbabura, en donde este miércoles se reportó una caminata de unas 80 comunidades indígenas que exigieron el apoyo a su paralización y advirtieron a los comerciantes con afectar sus locales.
Desde la Conaie se informó que sus líderes no han tomado resoluciones respecto de si mantener las paralizaciones durante estos cuatro días de descanso nacional. Pero que, finalmente son decisiones que los toma cada pueblo y nacionalidad.
Datos de la Policía Nacional señalan que en estos 18 días, se detuvo a 117 personas, de los que diez eran extranjeros y los demás ecuatorianos.
La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos lleva un registro de las incidencias que dejan las medidas de hecho y confrontaciones con la fuerza pública.
Su último reporte al 7 de octubre, sumó supuestas 237 vulneraciones a los derechos humanos; 100 personas detenidas; 123 heridas; doce desaparecidas temporalmente y una fallecida (Efraín Fuerez).
En cambio, información del Ministerio de Defensa, reportó 39 miembros de las Fuerzas Armadas heridos durante los operativos para despejar las carreteras de los en las vías y también, hubo 17 “secuestrados”, que fueron liberados por la Unión de Organizaciones Comunidades Campesinase Indígenas de Cotacachi (Unorcac), luego de dictar una sentencia de justicia indígena por la muerte de Fuerez.
Fuente: El Universo