El presidente de la República, Daniel Noboa, decretó la noche del 4 de octubre el estado de excepción en diez provincias adicionales del país: Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Cañar, Azuay, Orellana, Sucumbíos y Pastaza, por la causal de grave conmoción interna. Estas provincias se suman a Imbabura y Carchi, donde la medida ya estaba vigente.
Según el Decreto 174 firmado por Noboa, la declaratoria tendrá una vigencia de 60 días, con posibilidad de finalización anticipada, y restringe el derecho a la libertad de reunión las 24 horas del día. La suspensión busca limitar la conformación de aglomeraciones que puedan paralizar servicios públicos o afectar los derechos y libertades de otros ciudadanos.
El Ejecutivo fundamenta la medida en los bloqueos y hechos de violencia que han alterado el orden público, poniendo en riesgo la seguridad de la población, la integridad de los servidores públicos y la operación de sectores estratégicos. El decreto señala que la medida busca detener las “acciones de hecho” impulsadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y sus aliados, cuya radicalización ha sido progresiva, afectando transporte, comercio y actividades económicas.
La declaratoria se produce tras las advertencias del presidente de la Conaie, Marlon Vargas, quien aseguró que, de no ser atendidas sus demandas tras la eliminación del subsidio al diésel, los grupos indígenas podrían tomar Quito. En un encuentro con comunidades en Alausí, Chimborazo, Vargas incluso evocó la posibilidad de un golpe de Estado, recordando las movilizaciones que llevaron a la salida de los expresidentes Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez.